A pesar del reciente y drástico aumento del precio del petróleo, el presidente venezolano Hugo Chávez expropió el mes pasado 70 compañías de servicios petroleros en la zona occidental del país, dejando sin trabajo a 10,000 venezolanos, ganándose la enemistad de los sindicatos y obligando a regiones ricas en petróleo a reducir la producción.
En protesta, los trabajadores han bloqueado las oficinas locales de compañías petroleras, detenido el tráfico de vehículos en un puerto y marchado por las calles de esta ciudad criticando acerbamente al gobierno.
La medida de Chávez ha provocado escasa atención internacional porque Chávez no llegó a nacionalizar grandes empresas multinacionales estadounidenses, como Halliburton o Schlumberger, que realizan labores técnicas avanzadas en la producción de petróleo. Además, los dueños de las 70 firmas venezolanas y cuatro extranjeras no han protestado en público, por temor a poner en peligro negociaciones de compensación con el gobierno.
Los analistas sostienen que Chávez confiscó las empresas privadas, que brindan servicios como limpieza y transporte en el lago Maracaibo, donde hay numerosos pozos petroleros, para ahorrar dinero a PDVSA, la petrolera estatal, que debe $5,000 millones a sus acreedores. Sin embargo, la medida también tiene raíces políticas.
Las compañías confiscadas se concentran en el estado Zulia, que se ha opuesto a Chávez de manera uniforme durante sus 10 años en el poder.
La situación pronostica una confrontación entre Chávez y la estructura de poder de Zulia, entre como los sindicatos, la administración y el gobierno estatales, con las actividades de producción de petróleo de PDVSA atrapadas en el medio. La producción de petróleo, que ha bajado 25 por ciento durante el tiempo que lleva Chávez en la presidencia, podría disminuir aún más y debilitar la economía nacional.
Los disturbios políticos podrían estar a la vuelta de la esquina. La petrolera estatal ha prometido contratar a 8,000 de los empleados despedidos de las compañías privadas. Pero PDVSA se mueve a paso de tortuga, al parecer en parte debido a que, según los trabajadores, está investigando sus antecedentes para asegurar que no tengan un historial de oposición a Chávez.
El gobernador, Pablo Pérez, planteó que las confiscaciones de Chávez han conducido a una "masacre de empleos''. Pérez es objeto de presiones por parte de Chávez y la fiscalía investiga acusaciones corrupción contra que Pérez, quien las ha calificado de infundadas. Hace apenas dos meses que Manuel Rosales, el político más prominente de Zulia y predecesor de Pérez, huyó al exilio para evitar cargos parecidos.
Mientras tanto, los partidarios de Chávez acusan al Diario La Verdad, diario de Zulia que no sigue la línea del gobierno, de "terrorismo periodístico''.
No obstante, lo que preocupa a decenas de miles de trabajadores en los pueblos de la costa este del lago Maracaibo, que dependen del petróleo, es perder su empleo. Ellos transportan a los trabajadores a los pozos, además de prestar servicio de estibadores, conserjes y otros.
"La situación podría explotar en cuestión de un mes, mes y medio'', dijo Germán Cortez, quien dirige un sindicato. "Si la gente tiene hambre se lanza a la calle''.
Chávez prometió días mejores cuando se presentó el 8 de mayo a Ciudad Ojeda para celebrar la expropiación.
"A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César'', dijo Chávez, citando la Biblia, ante sus entusiasmados partidarios. "Hoy decimos también: al pueblo lo que es del pueblo''.
Chávez presentó su decisión de expropiar las compañías como el paso lógico de su llamado socialismo del siglo XXI. Pero esto ha resultado una repetición del socialismo del siglo XX, con las mismas ineficiencias que debilitaron con el tiempo al imperio soviético durante la Guerra Fría.
Durante la década de la presidencia de Chávez, la fuerza laboral de PDVSA ha aumentado enormemente y la compañía realiza ahora actividades no relacionadas con el petróleo, como vender alimentos subsidiados a los pobres.
La agencia de calificación de crédito Standard & Poor's anunció el viernes que habían bajado la calificación crediticia de PDVSA, en parte debido a la incertidumbre sobre su capacidad de pago a los acreedores.
La confiscación es coherente con la filosofía de Chávez de nacionalizar importantes sectores de la economía para tratar de dirigir una mayor parte de las riquezas del país hacia los pobres, dijo José Luis Acosta, legislador estatal zuliano del partido político de Chávez.
"Las compañías privadas no daban prioridad a los intereses del Estado'', afirmó Acosta. "Explotaban a los trabajadores y usaban sus ganancias para financiar las actividades de la oposición''.
Muy pocos analistas concuerdan con esa opinión.
"PDVSA tiene problemas de fondos y Chávez piensa que el Estado puede hacer las cosas mejor que el sector privado'', dijo Roger Tissot, asesor de temas energéticos que estudia la situación venezolana para Brazil Energia Latin America. "Creo que eso es un error. La calidad del servicio va a bajar y la producción también''.
En el lago Maracaibo se produce alrededor de un tercio del petróleo que se extrae en toda Venezuela.
Una de las mayores consecuencias de las medidas de Chávez fue convertir en críticos abiertos a líderes sindicales que le habían jurado fidelidad.
El líder sindical Cortez dijo que las compañías privadas pagaban bien y brindaban buenos beneficios. "Cuando teníamos un problema con ellos, podíamos resolverlo en seguida'', dijo Cortez. "Chávez lo quiere controlar todo''.
Los hombres y las mujeres que trabajaban para las empresas petroleras experimentan ahora de primera mano las prioridades de PDVSA.
Adriana Aqui era planeadora estratégica de Tricomar, una de las 74 empresas nacionalizadas. Aqui, de 40 años, dijo que en los días que siguieron a la expropiación del 8 de mayo escuchó a funcionarios de PDVSA cuando decían a los trabajadores de su oficina que tendrían que unirse al Partido Socialista Unido de Venezuela si querían mantener sus puestos en la compañía estatal.
Aqui dijo que funcionarios de PDVSA le dijeron tres veces que la compañía no la mantendría en la nómina si había firmado una petición en el 2002 pidiendo una votación nacional para sacar a Chávez.
Aqui había firmado la petición.
"El 25 de mayo vine a la oficina y me dijeron que ya no podía trabajar allí'', dijo Aqui en su apartamento de Maracaibo, la capital de Zulia. "Me dijeron que era una decisión administrativa de PDVSA. Yo pensé que habían infringido mis derechos''.
Edward Mota opina igual.
Agentes de seguridad del gobierno hicieron dos redadas en su casa hace un par de semanas, dijo Mota, quien trabajaba para una empresa que transportaba trabajadores petroleros hasta las torres de extracción en el lago Maracaibo. "Voy a seguir luchando hasta que consigamos nuestras metas''. Un hermano le está dando dinero para alimentar a su familia.
A medida que los trabajadores pierden ingresos, lo mismo sucede con la recaudación estatal por concepto de impuestos, que en el caso de Ciudad Ojeda han bajado 40 por ciento, dijo el director de presupuesto Marcos Urbina. Funcionarios municipales han paralizado una tercera parte de los proyectos de obras públicas y preparan planes de despidos de emergencia.
Las ventas en el SM Minimarket en la avenida de cuatro sendas que atraviesa Ciudad Ojeda bajaron 60 por ciento durante el pasado mes, dijo el gerente Israel Cordero.
"Ahora prácticamente tenemos que regalar el alquiler de vehículos'', dijo Renier Linares, gerente de una sucursal de arrendamiento de autos de Thrifty al otro lado de la amplia avenida.
El Nuevo Herald
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