Burros y Ministros

Cabalga junto a Chávez el Ministro Jaua, permanente encapuchado, tira piedras, quema carros y camiones en la UCV

“La única propiedad cierta es la de los títulos de la corona española y las tierras que repartió Bolívar a sus oficiales y soldados… el resto han sido apropiaciones indebidas”

En otras palabras quien esto aduce, nos anuncia que cualquier propiedad que no cumpla con esos requisitos es ilegal. Este tipo de discurso estaría bien en boca de ultra radicales al estilo Lina Ron, pero viene del ministro de agricultura y tierras, Elías Jaua que también ha dicho que el es un Sociólogo y se declaro ignorante en la materia pero aceptó como un puesto político.

O sea, la agricultura, la ganadería y la agroindustria están en manos de un marxista que no cree en la iniciativa y mucho menos en la propiedad privada. Ahora entienden porque la producción de alimentos se derrumba y menos mal que tenemos petróleo para importar el 70% de nuestras dieta diaria a pesar que el INTI se llena la boca con millones de hectáreas “recuperadas”.

Cónsone con su calificación de comunista come candela, Jaua fue permanente encapuchado, tira piedras, quema carros y camiones en la UCV. Cuando Chávez lo nombra embajador en Argentina, el gran hermano Néstor, a pesar de todo el billete de por medio, se niega a recibirlo por la reputación tan tenebrosa que lo precedía.

Pero el comandante presidente no queriendo perder tan prodigioso talento, termina nombrándolo ZAR de la comida y este ni corto ni perezoso emprende raudo la política de tierra arrasada digna de Gengis Khan.

Siendo un chico inteligente y vislumbrando la hecatombe, decide la formación de la milicia campesina para profundizar la revolución en el campo. Chávez debe estar muy orgulloso de su aventajado pupilo y me imagino que pronto le conferirá algún titulo cívico-militar como “centauro” o “vengador”. Será!!

Por Sammy Eppel

El Nuevo Herald

Disputa en Argentina por Ley de Medios Audiovisuales se trasladará a los tribunales

Kerry kennedy saluda a la presidenta argentina Cristina Kirchner, junto a Aníbal Fernández, jefe de gabinete en septiembre, al visitar Buenos Aires. AFP

La disputa en Argentina por la nueva Ley de Medios Audiovisuales, aprobada este sábado por el Parlamento, se trasladará a la Justicia, a la que una provincia y empresarios periodísticos ya adelantaron que recurrirán al sentirse afectados por la polémica norma.

En declaraciones que publica el domingo el diario La Nación, el ex juez Rodolfo Barra, que representa a la provincia de San Luis, aseguró que ese distrito del centro de Argentina presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

``La nueva ley viola la Constitución argentina porque afecta el derecho de la provincia a legislar sobre los medios que operan en su territorio'', destacó. ``Pero además, como lo acepta la Suprema Corte de Estados Unidos, litigaremos en favor del derecho colectivo a la información de los habitantes de San Luis'', añadió.

En declaraciones al mismo periódico, el constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que se viene una ola de litigios debido a que la mayoría de los medios de comunicación ``son titulares de licencias que vencen dentro de varios años''.

``Pensando en ese largo plazo hicieron inversiones para modernizar la televisión, la radio y el cableado. Nadie aceptará perderlas'', consideró al aludir a uno de los artículos de la nueva ley que limita la cantidad de medios que puede tener una entidad.

El jefe del gabinete argentino de ministros, Aníbal Fernández, reconoció este sábado el derecho de acudir a la Justicia de quienes se sientan perjudicados, aunque opinó que esas presentaciones ``no tendrán ningún sustento''.

Tras casi 20 horas de debate, el Senado convirtió este sábado en ley un proyecto que el gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).

Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobaba permitirá ``democratizar definitivamente'' la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo ``mayor poder'' sobre los medios de prensa.

Dirigentes de fuerzas políticas que han rechazado la nueva ley señalaron que se pondrán a trabajar para que la norma sea revisada después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y el oficialismo pierda la mayoría propia en el Parlamento.

Estos sectores apostaban en la cámara alta a captar el voto de legisladores que aprobaran la ley en general pero que desearan cambiar los artículos más polémicos del proyecto.

Los artículos en cuestión son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.

Varios legisladores pidieron que las empresas tuvieran tres años en vez de uno para desprenderse de radios y canales de TV.

El Nuevo Herald

Asamblea apoya ejército privado para Chávez

Un civil venezolano prueba su puntería con un fusil FAL en abril del 2006.

CARACAS -- Una reforma de la Ley de la Fuerza Armada, aprobada el martes por la noche en la Asamblea Nacional de Venezuela, otorga carácter legal a las Milicias Bolivarianas y establece que estarán bajo mando directo del presidente Hugo Chávez, generando críticas y advertencias de conflictos en sectores opositores.

Según la nueva disposición legal, las milicias estarán integradas por voluntarios civiles, existirán como un cuerpo autónomo al lado de las otras fuerzas tradicionales como el Ejército, la Aviación y la Marina, y ayudarán a los militares en la defensa del país.

La reforma, que entrará en vigencia una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial, produjo de inmediato críticas y advertencias sobre fracturas dentro del sector militar.

El reconocimiento legal de las milicias "materializa la fusión cívico-militar que ha planteado el comandante-presidente de la República, Hugo Chávez Frías'', afirmó el diputado oficialista Juan José Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Defensa, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea Nacional.

Mendoza justificó la reforma argumentando que la Constitución de 1999 establece "un principio de corresponsabilidad que le confiere a civiles y militares la responsabilidad conjunta en la defensa de la integridad y seguridad del territorio venezolano''.

Según los aspectos más importantes de la reforma, las milicias dependerán directamente del presidente Chávez, e incluirán los llamados "cuerpos de combatientes'', unidades integradas por voluntarios que laboran en instituciones públicas y privadas, que a su vez serán "registrados, organizados y adiestrados por el comando general de la Milicia'', indicó el texto aprobado el miércoles por la Asamblea Nacional.

La milicia podrá ser movilizada durante períodos de instrucción y entrenamiento, y durante estados de excepción que sean decretados por el presidente, indicó el texto de la reforma.

Entre otros aspectos, la milicia tendrá dentro de sus funciones coordinar operaciones de defensa con los consejos comunales; contribuir y participar con el desarrollo de la tecnología militar, y asesorar en la creación de los Comités de Defensa Integral, "a fin de fortalecer la unidad cívico-militar''.

Diversos sectores de opositores y disidentes cuestionaron ampliamente la aprobación de la reforma.

Para Rocío San Miguel, experta en seguridad y defensa que preside Control Ciudadano, una organización no gubernamental que monitorea el sector militar venezolano, la reforma aprobada el martes autoriza "una meta de Chávez de crear una guardia pretoriana que estará por encima de los cuerpos profesionales tradicionales''.

"Es un paso vital en la construcción de los ejércitos bolivarianos, una línea seguida por Chávez y cuyo peligro está en que pudiera incorporar combatientes de otra naturaleza bajo ese concepto de Milicia Bolivariana'', aseguró San Miguel.

Los diputados disidentes Ismael García y Juan José Molina, del partido Por la Democracia Social (Podemos), que se opusieron a la aprobación de la reforma, criticaron el carácter clandestino que tuvo la discusión parlamentaria.

García criticó además que el nuevo instrumento legal permitirá que se armen a civiles simpatizantes del gobierno.

"La Constitución no autoriza al presidente Chávez ni a ningún gobierno a que pueda uniformar a la militancia de su partido. Podrán llamarla milicia o como quieran, pero en el fondo esto fue lo que se aprobó'', indicó García el martes a la prensa.

Juan José Molina, también de Podemos, cuestionó que los diputados opositores o disidentes no recibieron la ley con el suficiente tiempo de antelación para preparar la discusión, según establece el reglamento de debates de la Asamblea Nacional.

Ex militares advirtieron que la medida podría ocasionar potenciales fracturas en el sector militar venezolano, y pusieron en tela de juicio la constitucionalidad del nuevo rango legal de la Milicia Bolivariana, principalmente porque ese concepto no aparece en la Constitución de 1999.

"El tema de las milicias fue negado por el pueblo en el referéndum para la reforma constitucional del 2007, y por lo tanto la aprobación de la nueva reforma tiene visos de ilegalidad'', denunció el ex ministro de Defensa Raúl Salazar, quien alertó sobre divisiones entre militares "si el Ejecutivo mete a trompicones a la Milicia en el ruedo'', según declaraciones ofrecidas al diario Tal Cual, de Caracas.

El Nuevo Herald

Lula en la cúspide y Chávez frito

En el archipiélago de la izquierda existen varios modelos. Desde la irrupción del socialismo como expresión ideológica, la democracia con justicia social y el totalitarismo, se mueven en sus entrañas. Ambas se abrogan el protagonismo de unas ideas que se pierden en la noche de los tiempos.

Lula pudo romper el cerco. Dejó de ser una ficha del romanticismo izquierdista latinoamericano, para encumbrarse hasta los espacios reservados para los grandes estadistas. El haber logrado que Río de Janeiro sea la sede de los juegos olímpicos del 2016, es una victoria no sólo de su sensatez como gobernante, sino que es una derrota estruendosa para Hugo Chávez y su peregrino estilo de entrometerse en todos lados y no lograr nada. La victoria brasilera en Copenhague, venciendo los obstáculos que presentaron las ciudades del primer mundo, indica que es posible representar las naciones en vías de desarrollo, sin utilizar un lenguaje pendenciero y vulgar. Allí, se marcan profundas diferencias entre Lula y Chávez. Ambos son hombres de pensamiento de avanzada, sin embargo, el mandatario brasileño es un estadista moderno con grandes visos de cambio en libertad. Mientras Hugo Chávez quiere aniquilar la democracia para imponer un régimen de terror.

El presidente brasileño tiene la habilidad de manejarse con pericia en ambos bandos. En cuestiones de horas puede reunirse con el club de izquierdistas frustrados, esa fauna de estrafalarios personajes, que encanecieron sus barbas esperando el asalto final contra las huestes del imperio norteamericano. Para volar hasta Suiza a discutir con los grandes jerarcas del capitalismo mundial. Sabe que las posiciones intransigentes no construyen futuro, que mantenerse viviendo con las canciones de Silvio Rodríguez y La Nueva Trova, sólo sirve para filosofar y beber buenos rones cubanos. El idilio de los sueños con la estupidez les queda bien a otros; él sabe que encarna el liderazgo de la principal economía de Latinoamérica. Con sus acciones logró éxitos impensados para el gigante amazónico. Ser la sede del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos, reitera su poderío en el concierto de las naciones emergentes. Ahora se multiplicarán las inversiones, crecerá la producción nacional, y Brasil dará un paso gigantesco hacía el club de las superpotencias. Con sus inmensos recursos naturales y la capacidad de quien ostenta el poder, la nación sudamericana será tan poderosa como su deporte.

Mientras la cúspide recibe al inteligente presidente carioca, sin importarle que tenga ideas de izquierda, Sólo que éstas no auspician terroristas, ni persiguen a los medios de comunicación. Y mucho menos acorrala a la propiedad privada robándose su patrimonio. Nosotros tenemos un presidente cantinflesco que lo único que puede mostrar es el crecimiento de la corrupción y la burocracia. Número uno en criminalidad en el continente con cifras escalofriantes en materia de salud, educación y pobreza extrema; paradójicamente en una nación con recursos económicos gigantescos dirigidos por cerebros entenebrecidos por los fantasmas del socialismo del hombre de Java.

Ciento noventa millones de brasileños saltaban gozosos de alegría. El último episodio los puso en sitios muy distintos. Lula escala el universo con su talento de hombre democrático, mientras el sórdido personaje de Miraflores sigue mirándose el ombligo, analizando los discursos de los rufianes africanos que invitó a Margarita.

No consigue el éxito el inefable Hugo Chávez. Seguramente la frustración personal por el crecimiento universal de Lula y su declive como factor determinante, le seguirán robando horas de sueño. No soporta que los medios de comunicación coloquen a Lula como el verdadero eje del continente.

Uno en la cúspide y el otro frito. Dos maneras de expresar el pensamiento revolucionario. Menos mal, que está ganando la inclinada hacía la democracia. La otra es la muerte de la libertad.


Alexander Cambero
El Universal

Estudiantes piden que se permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Estudiantes que participan de una huelga de hambre en Caracas reposan en catres el jueves 25 de septiembre de 2009. Más de veinte estudiantes universitarios venezolanos iniciaron la protesta para exigir una investigación internacional sobre la persecución de opositores políticos por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez.

CARACAS -- Tres estudiantes se encadenaron el lunes en la sede de la embajada de Brasil para pedir a ese país que sirva de mediador para que el presidente Hugo Chávez permita la visita de una comisión para evaluar la situación de los derechos humanos y de los llamados "presos políticos".

La protesta se produjo cinco días después que 163 universitarios de once ciudades levantaron después de 155 horas una huelga de hambre que mantenían para presionar al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que intercediera ante el gobierno de Chávez para que permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los manifestantes se encadenaron por espacio de siete horas en la sede diplomática, la cual abandonaron luego de entregar un documento en el que exhortaron al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva a que "se interese por el destino" de cerca de 39 opositores detenidos acusados de delitos tales como alteración del orden público, lesiones graves a policías e instigación a delinquir.

"El movimiento estudiantil no se quedará con las manos cruzadas, no solamente con la declaración que dio Insulza, no solamente con el compromiso que acaba de asumir el embajador de Brasil", dijo el estudiante Venicio Tosar, secretario general de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela en declaraciones a la prensa.

Insulza abogó el 30 de septiembre por una visita de la CIDH a Venezuela, aunque recordó que se trata de un organismo autónomo y que requiere de una autorización del país miembro de la OEA para poderlo visitar. Chávez ha negado ese permiso en los últimos ocho años.

Los estudiantes "exhortamos a todas las embajadas que conforman a la OEA y que se pronuncien por la violación de los derechos humanos" en Venezuela, acotó Tosar en declaración a la cadena televisiva Globovisión.

"Sépanlo, hasta que los presos políticos no queden en libertad, el movimiento estudiantil no descansará", agregó.

En la sede diplomática, que estuvo custodiada por agentes de la Guardia Nacional, no se registraron choques, destacó el estudiante Luis Magallanes, otro de los manifestantes, que tras su retiro de la embajada mostró a periodistas las cadenas que usaron.

Funcionarios de la embajada de Brasil no estuvieron disponibles para un comentario. Los militares venezolanos no permitieron el ingreso de la prensa al edificio, donde se encuentra la embajada en el este de Caracas.

Los principales voceros del gobierno de Chávez han dicho que las recientes protestas estudiantiles son un "montaje mediático" que busca la "desestabilización".

El Nuevo Herald

Juez reconoce 'acto de guerra' contra las FARC

El juez ecuatoriano que ordenó el arresto y pidió la extradición del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció que el bombardeo del 1ro. de marzo del 2008 sobre territorio de Ecuador, en el que murieron el jefe guerrillero Raúl Reyes y otras 24 personas, constituyó un "acto de guerra'' contra un "campamento clandestino'' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Hasta ahora el gobierno ecuatoriano había denunciado que la acción fue un acto contra su soberanía.

La descripción del juez primero de Garantías Penales de la provincia amazónica de Sucumbíos, Daniel Méndez Torres, dice que las fuerzas militares de Colombia "perpetraron un acto de guerra en territorio ecuatoriano, consistente en un bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder, contra un campamento clandestino en el que se encontraba el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, su escolta y otras personas''.

Méndez hizo el reconocimiento durante la audiencia de imputación de cargos que tuvo lugar el 29 de junio del 2009. El Nuevo Herald tiene una copia del acta principal.

El pedido de extradición de Santos por presunto asesinato fue hecho la semana pasada por Méndez ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que carece de plazo para decidir.

La audiencia de imputación fue practicada en la ciudad amazónica de Nueva Loja sin la presencia de Santos. El abogado defensor de oficio que le fue nombrado, Walter Lombeida Rojas, alegó que las actuaciones contra su cliente "carecen de valor jurídico y se encuentran viciadas de nulidad'' puesto que, entre otras irregularidades, su defendido no fue notificado de los cargos que se le imputan.

Rafael Correa, presidente de Ecuador, cortó relaciones diplomáticas con Bogotá a raíz del bombardeo en el área amazónica de Angostura, próxima a la frontera de ambos países. Los cancilleres de las dos naciones ahora hacen esfuerzos diplomáticos por restituir a sus respectivos embajadores.

El presidente Alvaro Uribe, así como Santos, han alegado que el bombardeo efectuado 10 kilómetros adentro de la frontera fue, como lo reconoce ahora Méndez, "un acto de guerra'' en circunstancias de "legítima defensa'' contra el grupo terrorista.

Tanto Uribe como Santos niegan que se hubiera tratado de una agresión contra Ecuador.

Copia de la documentación del caso de Santos en Ecuador, obtenida por El Nuevo Herald, fue estudiada por la abogada independiente colombiana María Elena Triana. En las conclusiones de Triana, se sostiene que "es digno de resaltar'' que el juez "califica el suceso como un acto de guerra'' ocurrido "contra un campamento clandestino''.

"La connotación de acto de guerra implicaría que a nadie se le pueda hacer la inculpación de asesinato'', dijo Triana.

Igualmente destacó que Méndez no podría acusar de homicidio a Santos "sin especificar cuántas muertes violentas le atribuye ni de qué personas en particular''.

El documento central de la acusación no expone cuáles habrían sido las actuaciones específicas de Santos que causaron la muerte a un número de personas que Méndez unas veces estima en 23 y otras en 25.

"Es apenas obvio que para la apertura de la causa penal deben existir en el proceso todas y cada una de las actas de levantamiento de los cadáveres'', argumentó Triana, "individualizando los nombres o al menos los alias de las personas muertas en el incidente''.

Agregó que era imposible omitir que para atribuir el delito de homicidio es elemental la existencia del cuerpo del delito.

Los únicos muertos citados por el juez en su acusación son Raúl Reyes, segundo hombre de las FARC (cuyo verdadero nombre era Luis Edgar Devia), y Franklin Guillermo Aisalla Molina, único ecuatoriano abatido en el bombardeo. No obstante, la posibilidad de que Santos haya sido el autor intelectual de ambas muertes "no está sustentada'' a juicio de Triana y el grueso de las posibles evidencias citadas por Méndez "son reportes de los medios de comunicación que en su mayor parte no citan fuentes de información''.

El juez consignó en su acta principal de imputación de cargos que buena parte de la información recaudada fue obtenida "mediante publicaciones realizadas a través de la prensa escrita, radial y televisiva'' de Ecuador, lo cual es calificado por Triana como "improcedente para una providencia judicial''.

Después de la audiencia de imputación de cargos el caso pasó a conocimiento del juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, Francisco Revelo, por petición de Lombeida, quien alegó que Méndez carecía de competencia.

Revelo mantiene la orden de arresto y el pedido de extradición respecto del cual, según dijo, ‘‘no existe plazo para que se pronuncie la Corte''.

La Interpol se ha negado a recibir una orden de arresto contra Santos enviada por Ecuador considerando que el caso es político y no judicial. Lombeida, quien no ha tenido contacto con Santos, sostuvo en un escrito de apelación de julio pasado que "no hay mérito suficiente ni siquiera para que se inicie instrucción fiscal en contra de mi defendido'' ni para que se ordene su captura, pues "no se ha probado que mi defendido sea el mentalizador de la operación'' que condujo al bombardeo.

Sostuvo Lombeida que a Santos se le está violando el debido proceso, comenzando porque no fue notificado del sumario en su contra, lo cual se debió hacer de manera debida y oportuna respetando los convenios internacionales que tienen suscritos Ecuador y Colombia.

El pasado 24 de junio, Méndez pidió por escrito al consulado de Colombia en Sucumbíos que notificara a Santos. En una respuesta del mismo día, el cónsul Jorge Arciniegas contestó que la gestión debería hacerse en rigor por medio de la Cancillería de Quito en "carta rogatoria'' a la de Bogotá.

Ese trámite todavía no ha sido hecho, "quedando al desnudo la flagrante violación al legítimo derecho a la defensa'', precisó Lombeida.

Uribe, al ser consultado por periodistas sobre el posible pedido de extradición de Santos, aseguró que esgrimirá "toda la determinación en la protección''.

También Uribe le pidió a Correa interceder en favor de Santos. Pero Correa contestó que la separación de poderes le impide intervenir en las decisiones autónomas de la rama judicial.

El Nuevo Herald

Los presos políticos y una llama de esperanza

Julio César Rivas fue al Táchira para unirse a la huelga de hambre que continúa en ese estado

La huelga de hambre de los estudiantes, 160 para cuando terminó, tenía como propósitos lograr la liberación del líder estudiantil Julio César Rivas Castillo, y pedirle al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza que le solicitara al gobierno venezolano, permitir que representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, vengan a Venezuela y constaten la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Todos los venezolanos de cualquier tendencia política seguíamos el desarrollo de la protesta, por eso vimos a los abogados Tamara Sujú, Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, como siempre defendiendo a los muchachos, vimos a los voluntarios montar guardia para cuidarlos, llevarles agua, sueros, cobijas, almohadas, etc, para hacer un poco más cómoda su situación.

Julio César fue liberado y al salir fue directamente al frente de la Sede de la OEA en Caracas a unirse a la huelga de hambre, una gran alegría pues su prisión y el maltrato recibido eran el colmo de la injusticia.

La huelga terminó y hay varias versiones de la forma en que terminó, pero sus resultados concretos fueron los siguientes:

Julio Cesar fue liberado, pero continua con régimen de presentación cada 30 días.
El Sábado 3 de Octubre hubo una marcha para entregar un documento en la Cancillería solicitándole a Nicolás Maduro que gestione ante el primer mandatario nacional la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en dicho documento se dice que hay 50 presos políticos y 4.000 perseguidos políticos. Firman 8 estudiantes, pero no está la firma de Julio César, quién tampoco fue a la marcha, pero en cambio fue al Táchira para unirse a la huelga de hambre de los estudiantes de esa entidad que ya lleva dos días en desarrollo. La marcha solo llegó hasta la Plaza Morelos.

Un grupo de estudiantes será recibido por la OEA en Washington, y, al parecer también irá a la Unión Europea para tratar el mismo tema, pero tampoco irá Julio César.

Para quienes están tras las rejas, condenados a penas comprendidas entre 10 y 30 años de cárcel, encarcelados en prisiones para delincuentes comunes, para aquellos que tienen años de encierro sin que se les haya dictado sentencia, para quienes están viendo sus vidas mermar desde un calabozo y a sus familias sufrir en desamparo, la valiente acción del Movimiento Estudiantil era una llama de esperanza. Razón por la cual algunos de ellos se unieron a esa huelga, aportando con su protesta un peso enorme, debido que su prisión es la imagen de la negación de la justicia.

Es entonces necesario recordar esta imagen, para que no se quede la lucha en puro documento, en recomendaciones sin compromiso de seguimiento. Es indispensable tener presente que los hijos de esos presos, sus esposas, sus padres y sobre todo ellos mismos están pagando un precio muy alto por crímenes que no han cometido.

Que no se distraiga la atención del objetivo bajo la sombra de otros intereses.

Por Mercedes Montero
Diario de América