La Unasur antepone soberanía a presencia militar de EEUU en Colombia

Con un ecuánime pronunciamiento sobre la reivindicación de la soberanía de los pueblos que contrastó con un duelo televisado de sarcasmos entre presidentes por el aumento de la presencia de Estados Unidos en bases militares colombianas, se cerraron el viernes siete horas de deliberaciones del consejo extraordinario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Argentina.

Una vez que la temperatura emotiva de las intervenciones se enfrió, los mandatarios suramericanos se pusieron de acuerdo para reafirmar que "la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad de la región''.

Una propuesta de Venezuela de crear una comisión para estudiar una iniciativa de paz para Colombia, no fue aprobada. La misma suerte corrieron una moción de Bolivia de prohibir la instalación de bases extranjeras en América Latina y una invitación al presidente Barack Obama para que explique los detalles del desconocido acuerdo entre Estados Unidos y Colombia sobre la utilización de las bases militares del país suramericano.

El presidente colombiano Alvaro Uribe fue el blanco de los ataques y las críticas de la cumbre pero logró eludir una condena regional al acuerdo suscrito por su país con Estados Unidos para la utilización de unas siete bases militares y que fue el motivo central de la cumbre. Los términos del acuerdo son desconocidos.

A punto de negarse a aparecer en la fotografía de rigor con los demás mandatarios como protesta por los ataques, Uribe defendió el convenio argumentando que, en medio de las condolencias y señales de solidaridad que recibe de sus vecinos por el flagelo del narcotráfico, es "una ayuda práctica y eficaz'' en la lucha contra el trasiego de drogas y el terrorismo.

En una de las referencia más directas que ha hecho sobre el intrigante convenio, Uribe aclaró que el alcance de éste se "reduce al tema del narcotráfico y el terrorismo y se reduce al tema territorial de Colombia''.

Uribe invitó al Consejo de Seguridad de Unasur a que estudie el acuerdo.

"No tenemos inconveniente en que vea nuestro acuerdo y en que examine todos los acuerdos militares que tenga la región, entre países de la región y con terceros'', afirmó Uribe.

Pero agregó que en ese examen se deben también tener en cuenta las denuncias de Colombia sobre tráfico de armas, la ubicación de campamentos de grupos terroristas colombianos en otros países y la permanencia de terroristas en otros países.

La delegación de Colombia en la cumbre de Unasur celebró que Uribe hubiera logrado incluir en la declaración final el compromiso de fortalecer la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos como el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.

"El presidente Alvaro Uribe se anotó un éxito'', editorializó el diario El Tiempo, de Bogotá, que interpretó que la invitación comprometía a la región en la lucha contra la guerrilla y el paramilitarismo.

Los presidentes delegaron en sus ministros de Defensa y cancilleres la tarea de hacerle un seguimiento a la cumbre precisando medidas que fomenten la confianza y la seguridad de la región como complemento de otras disposiciones ya existentes de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante este seguimiento, convocado para la segunda semana de septiembre, los ministros deberán además estudiar el documento Estrategia Suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC), que fue presentado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como un preocupante plan estratégico de Estados Unidos para aumentar su dominio en la región.

Chávez calificó de "joya'' del documento un fragmento en el que se explica que el Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia, como una localidad de seguridad a partir de la cual "cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 [avión militar de carga] sin abastecimiento''.

Estados Unidos restó importancia al documento que fue leído por Chávez con suspicacia, interpretando que donde aparecía la palabra "mercancía'', debía entenderse que son armas y donde se hablaba de "personal'', aludía a militares.

Voceros en Washington explicaron que se trata de un informe académico de la Fuerza Aérea sobre planes de emergencia y ayuda humanitaria y en el que se presentan alternativas de transporte y un inventario de las escalas aéreas en todo el mundo.

La cumbre en el hotel Llao Llao de Bariloche fue aprovechada por los presidentes Chávez, Uribe, Rafael Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia, para lanzarse críticas que reflejan las tensiones con Colombia.

Uribe denunció que los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y alias Timochenko se encuentran en Venezuela. Chávez no respondió.

Estas digresiones terminaron por impacientar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien pidió mesura en los comentarios y se quejó de que el evento hubiera sido televisado, según el diario Clarín, de Buenos Aires.

Da Silva interpeló a Uribe para cuestionarlo sobre le efectividad de las bases militares.

"[Uribe] intenta señalar que estas bases ya existen desde 1952. Yo quiero, de manera muy cariñosa, decirle al compañero Uribe que si las bases están establecidas en Colombia desde el 52 y todavía no solucionaron el problema, me parece que debemos repensar qué otras cosas podemos hacer en conjunto para solucionar los problemas''.

Uribe aclaró más tarde que no habló de bases sino de acuerdos con Estados Unidos que se remontan a 1952.

El Nuevo Herald

La reforma de la LOE, es un absurdo social y político desde el momento mismo que se aprueba a medianoche y con el rechazo encendido de universidades

La obligación del Gobierno es reconocer a todo el país y no sólo a una parte del mismo

La reforma de la LOE, es un absurdo social y político desde el momento mismo que se aprueba a medianoche y con el rechazo encendido de universidades, escuelas, docentes, gremios educativos, partidos políticos, iglesia, padres y estudiantes. Por su estrecha vinculación con la libertad y el desarrollo de la personalidad, amén de la difusión del saber, esta ley que regula la formación de las personas, no es susceptible de aplicación forzosa sino de cumplimiento por convicción. Imponer una ideología, una forma de ver el mundo o intervenir el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus principios y creencias religiosas, toca el núcleo de sus derechos fundamentales, pues implica a forzar a la gente a pensar como el Estado quiere. Esta empresa no es viable, de allí las airadas protestas que apenas comienzan. Semejante rechazo tiene que llamar a un proceso reflexivo.

El Gobierno Nacional no puede desconocer lo que está ocurriendo, su obligación es reconocer a todo el país y no a una parte del mismo, que por cierto y a no dudarlo, sobre este tema es la inmensa mayoría de la nación, incluyendo a simpatizantes del Presidente. Nadie se deja "formar" a la fuerza, no hay sociedad que se deje gobernar en paz bajo esa pretensión. A quien más perjudica esta reforma es a sus mentores.

La actitud oficial ante la protesta es totalmente reprochable. En lugar de escuchar, dialogar y conciliar, se ha estimulado la represión y el desprecio hacia quienes muestran fundados desacuerdos. Para muestra un botón. El sábado miles de marchistas arrancaron asumiendo que al finalizar la ruta no habría tarimas ni discursos. La realidad fue otra, gas del bueno mediante, el cierre de jornada fue una arenga política espetada por un militar uniformado que terminó por dar fundamento a la protesta y la razón a los marchistas. El episodio no requiere comentarios, se bastó a sí mismo. Lo único que a estas alturas vale remachar es que la Constitución prohíbe estas actitudes en sus artículos 328 y 330 según los cuales la Fuerza Armada es una institución "sin militancia política" y sus integrantes no pueden "participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político". Lo demás entró por los ojos y oídos, incluyendo la asombrosa, inconveniente y lamentable felicitación presidencial a su partidario.


Juan M. Raffalli
El Universal

Gasear la disidencia le permitió al coronel Benavides ser condecorado por Chávez este martes 26 de agosto 09, con la Orden del Libertador en 2º clase

Gasear la disidencia le permitió al coronel Benavides ser condecorado por Chávez este martes 26 de agosto 09, con la Orden del Libertador en su segunda clase

El coronel Benavides de la alguna vez digna Guardia nacional, ha llegado al zenit de su carrera militar al ganar la gloriosa batalla de la Av. Libertador el sábado pasado, que orgullo tan grande deben sentir sus camaradas en armas cuando Benavides utilizando toda la astucia de Rommel, cercó a las fuerzas enemigas conformadas por ciudadanos desarmados en ejercicio de sus derechos ciudadanos, ordeno darles gas del bueno y patear a mujeres indefensas hasta dejarlas inconcientes, consumando con una magnifica arenga a las tropas la victoria chavista en esa épica confrontación. Chavez lo felicita por tan portentoso acto heroico, solo faltó el ascenso a mariscal de campo.

Benavides, cuyo nombre pasa hoy al olimpo y cuya estatua pronto adornará la av. los Próceres ha pasado lo que para él debe ser la semana mas increíble de su vida y a este humilde ciudadano asombrado por tales hazañas, no me queda otra que nominar al coronel Benavides para que reciba de parte de este pueblo agradecido “EL GORILA DE ORO”.

Este premio incluye un viaje gratis ante los tribunales internacionales de derechos humanos, un lote de películas originales de los campos de concentración de Hitler y los GULAG de Stalin, los discursos completos de Fidel y una reunión privada con Ajmadinejad para intercambiar opiniones sobre como violar a manifestantes. En fin, cualquier homenaje a este prohombre de la revolución es poco comparado con los inmensos servicios prestados por el excelso coronel a riesgo de su propia vida.

Creo que para los venezolanos ha sido un gran descubrimiento, que no es necesario tener militares cuando podemos tener gorilas y así ahorrar en grande, pues estos comen bananas y para jugar solo les hace falta una bomba lacrimógena. Será!!!

Por Sammy Eppel
Diario de América

Ricos y pobres

La idea de esta nota me surgió a raíz del comentario de un político en la televisión argentina: dijo que constituye una vergüenza que existan instalaciones y construcciones de lujo al lado de barriadas con casas precarias y sumamente pobres. Evidentemente no estaba sugiriendo que deben establecerse marcos institucionales que incentiven a los más necesitados al efecto de que puedan fabricarse hogares de mayor calidad, ni mucho menos que tasas crecientes de capitalización y las consiguientes edificaciones costosas se traducen en mayores salarios para los de menores recursos, sino que estaba diciendo que los relativamente más ricos son responsables de esa pobreza y que deberían arrancarse porciones mayores del fruto de su trabajo “para redistribuir ingresos”.

He aquí uno de los lugares comunes en el discurso político contemporáneo y una de las falacias más grotescas cual es la de la suma cero en los intercambios. Se considera que unos son pobres debido a que otros son ricos. Que en las transacciones lo que obtiene uno es a expensas de lo que pierde otro. La verdad es que en toda transacción libre y voluntaria ambas partes ganan (de lo contrario no hubieran realizado la operación). La riqueza no es un concepto estático por el que los mismos bienes van pasando de mano en mano. Es un proceso dinámico en el que los recursos van adquiriendo mayor valor. Es muy cierto el principio de conservación de la masa de Lavoiser por el que se explica que nada desaparece y todo se transforma. Lo relevante es que el valor del bien en cuestión se eleva en contextos productivos. En tiempos del hombre de la caverna habrían más recursos naturales que hoy pero actualmente los bienes disponibles son mayores y de mayor valor. Un teléfono antiguo tendría más materia respecto del moderno pero éste presta servicios infinitamente más provechosos que los de antaño. Y la productividad se logra debido a las tasas de capitalización generadas por equipos y conocimientos de mayor calidad que hacen posible mayores rendimientos con esfuerzos menores.

No es el empresario el encargado de comprender este proceso, es simplemente un vehículo: al invertir eleva las antedichas tasas de capitalización que, como queda consignado, provocan aumentos de salarios e ingresos en términos reales. Más aún, no es infrecuente que el empresario engrose las filas de quienes no solo no comprenden el proceso aludido sino que lo combaten. Ellos mismos no advierten que la redistribución de ingresos significa asignar los siempre escaso factores productivos en áreas menos eficientes y, por ende, se compromete severamente el progreso de todos pero muy especialmente de los que menos tienen.

Desde luego que la caridad desempeña un papel de importancia al efecto de palear situaciones de emergencia, pero debe tenerse muy presente que la beneficencia siempre se lleva a cabo con recursos propios puesto que si se realiza por la fuerza deja de ser obra solidaria para convertirse en despojo compulsivo que, entre otras cosas, precisamente, demora el progreso y perjudica a los más necesitados debido al deterioro en los marcos institucionales basados en el respeto irrestricto a los derechos de todos.

Pobreza y riqueza son términos relativos en el sentido que todos somos pobres o ricos según con quien nos comparemos. Todos provenimos de las situaciones más miserables que puedan concebirse (cuando no del mono). Pasar de una situación de mayor pobreza a una de mayor desahogo solo puede lograrse en base al respeto mutuo en un clima en el que las normas protegen los derechos de propiedad siempre compatibles con la clásica definición de Justicia de Ulpiano en el sentido de “dar a cada uno lo suyo”.

Por otra parte, la diferencia de rentas y patrimonios (dispersión generalmente medida por el Gini ratio) no resulta relevante. Como señala Robert T. Barro, el determinante de mayor importancia en la reducción de la pobreza es la mejora en el ingreso de todos y no la reducción de la desigualdad. El promedio ponderado es el dato relevante y no el delta entre las puntas en los ingresos obtenidos lícitamente. Más aún, la desigualdad es un pivote para el progreso ya que como apunta John Hospers “para que muchos tengan pan es indispensable que los pioneros tengan caviar”. Buena parte de lo que es el lujo de hoy será de uso común mañana, tal como ocurrió con los automóviles, la televisión, las computadoras etc. Es indispensable abrir de par en par los incentivos para la producción. La guillotina horizontal desatada por la envidia y la malicia constituye el camino más efectivo para destrozar la calidad de vida y los ingresos de la gente.

Debido al mal uso del lenguaje en cuanto a la expresión “oligarquía”, es oportuno precisar que significa la concentración de todos los poderes del Estado en pocas manos. Por ejemplo, los Castro y sus amigos en la isla-cárcel cubana, por ejemplo, el modelo peronista en Argentina y el de todas las dictaduras en todas las latitudes. Habitualmente se confunde aquel término con el de “plutocracia” que alude al gobierno de los ricos.

Asombra que la miseria no resulte más generalizada en vista de la ominosa terquedad del Leviatán por ocupar todos los espacios de la vida de las personas. Los islotes de relativo bienestar se deben a la fenomenal energía desplegada por los resquicios de libertad que aún subsisten en muchos lares.

En no pocos medios -especialmente políticos- la pobreza se usa de modo canallesco para explotar la ignorancia ajena mientras los mandones del momento viven en la opulencia fruto de sus malversaciones y rapiñas. Se usa también para alimentar discursos de predicadores resentidos que necesitan justificar sus puestos junto a ricachones con complejo de culpa por haber obtenido sus patrimonios en la oscuridad de los despachos oficiales donde succionaron privilegios inconfesables.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Diario de América

Juez ordena avanzar en investigación del matrimonio Kirchner

Un juez pidió que se auditen obras públicas encargadas a empresas presuntamente ligadas al gobierno de Cristina Fernández, en una causa en la que se investiga una denuncia por corrupción contra el ex presidente argentino Néstor Kirchner, informaron el viernes dirigentes de fuerzas opositoras que iniciaron el proceso.

Por orden del magistrado Julián Ercolini, la Auditoría General de la Nación deberá entregarle informes suyos de los que surge la sospecha del pago de sobreprecios en obras públicas, señaló el diputado Juan Carlos Morán, de la opositora Coalición Cívica, al indicar que esto responde a una petición de los denunciantes.

Morán explicó a radios locales que las obras investigadas fueron encomendadas al empresario Juan Carlos Relats, mediante la empresa JCR Sociedad Anónima, a Lázaro Báez, por medio de la firma Austral Construcciones, y a una compañía de Gerardo Ferreira que está vinculada a Electroingeniería, todas adjudicatarias de contratos del Estado.

Señaló que el juez también decidió que peritos judiciales hagan sus propias auditorías de modo de determinar si los citados empresarios fueron beneficiados con la concesión de la obra pública que además habría conllevado sobreprecios, como denunció la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria del país, en noviembre pasado.

La denuncia sostiene que Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor en el cargo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, es el ``jefe de una asociación ilícita'' que además integran el ministro de Planificación, Julio De Vido, y varios empresarios presuntamente ligados al gobierno.

El juez Norberto Oyarbide está ya investigando si hubo enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta y su esposo, en razón de una denuncia de la Coalición Cívica.

Según la última declaración jurada de los Kirchner, difundida por medios de prensa, su fortuna creció hasta unos $12.1 millones en el 2008, entre otros factores por la venta de 16 inmuebles por un precio total de $3.8 millones.

El Nuevo Herald

Asamblea chavista despoja de poderes al alcade de Caracas

Partidos opositores, con el alcalde de Caracas Antonio Ledezma como vocero, comunican su apoyo incondicional a Globovisión y los medios de comunicación privados, el 11 de mayo del 2009.

La oficialista Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó una ley especial que confirmó las atribuciones del nuevo jefe de gobierno de Caracas, designado por el Ejecutivo, y que restó competencias ejecutivas a la Alcaldía Metropolitana, actualmente en manos de la oposición.

La llamada Ley Especial de Régimen Municipal a Dos Niveles del Area Metropolitana fue aprobada este miércoles por la amplia mayoría oficialista y con los votos en contra de la minoritaria bancada opositora en la AN, informó el jueves el Legislativo.

Paralelamente, la prensa local informó que 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana fueron detenidos el miércoles por la policía cerca de la sede del Supremo cuando se manifestaban en contra de la aprobación de la nueva Ley Especial de Régimen Municipal a Dos Niveles del Area Metropolitana.

Con la Ley Especial "se pretende completar todas las normas que giran alrededor del gobierno metropolitano'', entre ellas la Ley de Transferencias de Competencias del Distrito Metropolitano al Distrito Capital, indicó una nota de prensa del Parlamento unicameral.

"El nivel metropolitano no tendrá competencias ejecutivas, por ello los asambleístas establecieron que sus facultades serán de planificación y coordinación'', añadió el comunicado legislativo.

El líder opositor Antonio Ledezma, alcalde Metropolitano elegido en noviembre del 2008, ha denunciado el "arbitrario desmantelamiento'' de ese organismo municipal por parte del Ejecutivo del presidente venezolano, Hugo Chávez.

Chávez designó el pasado 14 de abril a Jaqueline Faría como la primera jefa de Gobierno de Caracas, amparado en la novedosa Ley del Distrito Capital, aprobada siete días antes por la AN y que creó esa figura ejecutiva.

Ayer unos 200 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, o Mayor, como también se le llama, intentaron llegar hasta la sede del Supremo, en el centro caraqueño, para introducir un recurso de amparo contra la Ley Especial, por considerar que pone en riesgo la estabilidad laboral de unos seis mil empleados de ese organismo municipal.

La funcionaria de prensa de la Alcaldía Mayor, Miriam Arévalo, denunció que la marcha fue atacada con bombas lacrimógenas por la Policía Metropolitana (PM), la principal de Caracas, pese al carácter pacífico de la manifestación.

La Fiscalía venezolana informó que en las próximas horas presentará ante un tribunal de control caraqueño a los once trabajadores de la Alcaldía Mayor detenidos por presuntamente haber causado ‘‘alteraciones del orden público''.

En un comunicado, el Ministerio Público citó "información preliminar'' según la cual durante la marcha se requirió "la intervención'' policial, "situación que generó un presunto enfrentamiento en el que resultó un policía herido y fueron aprehendidos los once hombres''.

El consultor jurídico de la Alcaldía Mayor, Carlos Guevara, dijo que la nueva Ley Especial ‘‘derogaría de facto la Ley Especial del Distrito Metropolitano, generando una asfixia financiera que impediría a la Alcaldía pagar sueldos, salarios y beneficios a casi todos sus empleados'', informó el diario Ultimas Noticias, de Caracas.

El Nuevo Herald

PM disuelve concentración opositora con gases lacrimógenos

La Policía Metropolitana lanzó gases lacrimógenos a la cabecera de la marcha opositora contra la nueva Ley de Educación, cuando algunos participantes trataron de traspasar el límite autorizado para su desarrollo.

La manifestación transcurrió en paz hasta el punto de llegada, en la céntrica avenida Libertador, donde se levantó una barrera de seguridad con varios cientos de de agentes, que dispararon los gases cuando aparentemente algunos trataron de superar el cordón.

La masiva manifestación se replegó a unos metros de la barrera, pero muchos manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se mantuvieron ondeando sus pancartas y con sus manos levantadas, reclamando el derecho de protesta.

La marcha partió desde el municipio residencial de Chacao y varios miles de personas caminaron sin incidentes hasta la avenida Libertador, que fue el punto de llegada autorizado por el gobierno.

En la jornada también se realizó una manifestación a favor de la Ley de Educación, con miles de simpatizantes del gobierno expresando su respaldo al texto a unos metros de la Asamblea Nacional (Congreso).

Mientras la oposición fue limitada a marchar hasta una avenida alejada de la Asamblea Nacional, punto de llegada que pidió al principio, el oficialismo fue autorizado para concentrarse a unos metros de la sede legislativa.

La manifestación opositora fue seguida de cerca por 2.500 agentes de la policía y brigadas de la Guardia Nacional (policía militarizada) hasta el punto de llegada en la avenida Libertador, a varias cuadras de distancia del Congreso.

Los organizadores de la marcha protestaron la decisión del gobierno de no autorizar la manifestación hasta la Asamblea Nacional, aunque al final aceptaron que la protesta llegara hasta la avenida Libertador, al tiempo que rechazaron las denuncias de autoridades de que se promoverían acciones violentas.

Por su lado, el oficialismo se concentró a unos pocos metros de la cámara legislativa y sus partidarios celebraron la promulgación de la ley, vestidos con sus camisetas rojas y pancartas de admiración por Chávez y del apoyo al socialismo.

Los simpatizantes del mandatario dijeron que la ley permitirá la democratización de la educación y ayudará en los cambios que impulsa la revolución bolivariana.

Mientras, la oposición ondeó banderas venezolanas y pancartas contra la ley que advertían que el control del gobierno en las escuelas busca ideologizar a los estudiantes en el sistema socialista. "Educar, no domesticar" y "Libertad", decían las pancartas.

A la manifestación se sumaron gremios de educadores, estudiantes universitarios, partidos políticos con sus banderas y periodistas, que alertan sobre las limitaciones que impondrá la nueva legislación al derecho de expresión libre.

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acompañó la protesta y calificó de "escandaloso" el despliegue de las fuerzas policiales para vigilar la marcha opositora.

"Esto es una manifestación del miedo que le tiene el gobierno al pueblo. El arma de los ciudadanos es la Constitución", señaló.

A su vez, el diputado opositor Ismael García denunció que el gobierno pretendía "provocar" acciones de violencia al impedir la llegada de la manifestación hasta la sede del Congreso.

La oposición anunció que marcharía en protesta de la ley el mismo día que fue aprobada por la mayoría oficialista en la cámara, el jueves de la semana pasado, y los partidarios del gobierno anunciaron que "los socialistas" también manifestarían en favor del texto legal.

Chávez promulgó la ley inmediatamente después del aval legislativo, lo que aumentó las protestas de quienes la rechazan y llaman a desconocerla.

La oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desacatar la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales, mientras que la convocatoria de una consulta popular para derogarla comenzó a perder fuerza como objetivo de los sectores opositores.

Los sectores que apoyan y rechazan la ley tienen interpretaciones distintas de las consecuencias que tendrá en las escuelas, con el gobierno alegando que se intenta manipular a la gente con mentiras.

Los opositores de la ley aseguran que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos.

La Iglesia Católica rechaza la ley, afirmando que prohíbe la educación religiosa.

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