Los nueve jóvenes colombianos asesinados en Venezuela eran muchachos que vivían pobremente en Chururú, un pueblito del estado de Táchira, donde fueron secuestrados por “uniformados” el 11 de octubre de 2009. Sus cuerpos fueron hallados 13 días después en varios puntos no lejos de la frontera con Colombia.
El gobierno venezolano se opone a que una comisión binacional investigue esa masacre. Por algo lo hará. ¿Tiene algo que ocultar? Caracas ha esbozado la teoría de que esos jóvenes eran “paramilitares” que fueron abatidos por otros “paramilitares”. Pero no presenta prueba alguna de lo que dice. Sin embargo, un detalle llama la atención. El Presidente Hugo Chávez parece saber bastante acerca del asunto. E1 28 de octubre dijo que “nadie sabe” qué ocurrió pero que él tenía “evidencias” que no podía entregar por ser parte de un “sumario legal”. Y agregó: “Eran colombianos que no tenían documentación oficial, como la que tiene la gran mayoría de colombianos que viven con nosotros. Pasaron para acá, estamos investigando sus actividades, alguien los financiaba”.
Para no saber nada, Caracas sabe más de la cuenta. ¿Cómo sabe que “no tenían documentación oficial” y que “alguien los financiaba”? ¿La investigación de esos muchachos que vivían de la venta ambulante de maní comenzó cuando? ¿Antes de su asesinato?
El vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizález, aseguró que los jóvenes se “entrenaban en la zona para luego infiltrarse en Caracas y otras ciudades como parte de un plan desestabilizador” y que murieron en un “ajuste entre autodefensas”. ¿Desde cuándo los seguían para saber que esas eran sus intenciones? ¿Cómo supo todo eso Carrizález? ¿Interrogando a las víctimas antes de que se convirtiesen en cadáveres?
Algún día se sabrá la verdad de lo ocurrido en Chururú. Hay un joven que sobrevivió al ataque. ¿Por qué no ha podido salir de Venezuela?
Según Jairo Martínez, el cónsul colombiano en el estado de Barinas, en agosto pasado los cadáveres de otros cinco colombianos fueron encontrados en el río Jaguar cerca del municipio de Socopó.
Ese hecho y la matanza de los muchachos pone al orden del día un nuevo fenómeno: hay un ambiente de pogromo anticolombiano en Venezuela. Pues no sólo alguien los está asesinando sino que ahora algunos están perdiendo sus propiedades y huyendo de Venezuela. Es lo que le ocurrió a la pereirana Sonia Restrepo quien el 15 de mayo de 2009 tuvo que abandonar su fábrica de telas estampadas y huir de Guarenas, cerca de Caracas. Unas 40 personas armadas irrumpieron en su casa en nombre de un “círculo bolivariano” y la acusaron de ser una “extranjera explotadora”. Sin que ninguna autoridad la protegiera, ella perdió así la empresa que había construido durante 30 años.
¿Quién es el responsable de la grave degradación del clima social y político en las zonas de frontera entre Venezuela y Colombia?
Los estados de Zulia, Táchira, Barinas y Apure son los más afectados por esa tensión difusa. Ello se agravó en los últimos meses hasta el punto de que en esas regiones comienza a haber un clima de pánico sordo en la minoría colombiana. Las constantes arengas anti colombianas del presidente Chávez, sus órdenes de enviar “diez batallones” a la frontera con Colombia, el auge simultáneo de las “milicias bolivarianas” y de la misteriosa “fuerza bolivariana de liberación”, coinciden con esa degradación.
La razón de fondo es, ante todo, la consolidación en esas regiones de destacamentos de las FARC y del ELN quienes hacen lo que quieren y generan zozobra entre la población. Mucha gente se está quejando de eso.
No hay que olvidar otro elemento: Caracas anunció en noviembre de 2008 que estaba instalando cinco bases militares en la Sierra de Perijá, en el estado del Zulia, “para intensificar la lucha contra el narcotráfico, los paramilitares y los secuestros”. Tarek El Aissami, el ministro del Interior venezolano, dirige ese proyecto y fue él quien salió a decir que la matanza de Chururú había sido la obra de “paramilitares” colombianos. ¿Desde cuándo esas supuestas estructuras operan libremente en las barbas de Aissami?
La verdad hay que buscarla en otra parte. El cóctel chavista consistente en amenazar a Colombia, mentir y proteger las bandas terroristas FARC y ELN en esas áreas de frontera, sumado al decline social de la zona por el saboteo al comercio binacional, terminó en lo que debía terminar: en la creación de un pudridero humano donde todo puede ocurrir. La histeria bolivariana que cree ver una invasión “imperialista” a corto plazo, apoyada por los “neogranadinos”, hizo el resto e impulsó quizás el brazo de los asesinos.
¿Cómo aceptar entonces lo que dicen los chavistas en el sentido de que lo ocurrido en Chururú es porque “el conflicto colombiano interno desborda sobre nosotros”? No. Esos jóvenes fueron ultimados probablemente por huestes armadas locales en formación, las cuales tratan de “limpiar” y aterrorizar la región para crearse un espacio de acumulación de fuerzas y de impunidad, en el marco de una política de ofensiva respecto de Colombia.
Ante la negativa de los jueces venezolanos para encontrar los responsables de los pógroms anticolombianos y castigarlos, éstos van a repetirse y las autoridades apelarán a la misma explicación coja: la culpa es de Colombia. La Corte Penal Internacional, quien nunca se inquietó por lo que pasa en Venezuela, haría bien en tomar cartas en el asunto.
Por Eduardo Mackenzie
Diario de América
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