La disputa en Argentina por la nueva Ley de Medios Audiovisuales, aprobada este sábado por el Parlamento, se trasladará a la Justicia, a la que una provincia y empresarios periodísticos ya adelantaron que recurrirán al sentirse afectados por la polémica norma.
En declaraciones que publica el domingo el diario La Nación, el ex juez Rodolfo Barra, que representa a la provincia de San Luis, aseguró que ese distrito del centro de Argentina presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
``La nueva ley viola la Constitución argentina porque afecta el derecho de la provincia a legislar sobre los medios que operan en su territorio'', destacó. ``Pero además, como lo acepta la Suprema Corte de Estados Unidos, litigaremos en favor del derecho colectivo a la información de los habitantes de San Luis'', añadió.
En declaraciones al mismo periódico, el constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que se viene una ola de litigios debido a que la mayoría de los medios de comunicación ``son titulares de licencias que vencen dentro de varios años''.
``Pensando en ese largo plazo hicieron inversiones para modernizar la televisión, la radio y el cableado. Nadie aceptará perderlas'', consideró al aludir a uno de los artículos de la nueva ley que limita la cantidad de medios que puede tener una entidad.
El jefe del gabinete argentino de ministros, Aníbal Fernández, reconoció este sábado el derecho de acudir a la Justicia de quienes se sientan perjudicados, aunque opinó que esas presentaciones ``no tendrán ningún sustento''.
Tras casi 20 horas de debate, el Senado convirtió este sábado en ley un proyecto que el gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).
Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobaba permitirá ``democratizar definitivamente'' la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo ``mayor poder'' sobre los medios de prensa.
Dirigentes de fuerzas políticas que han rechazado la nueva ley señalaron que se pondrán a trabajar para que la norma sea revisada después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y el oficialismo pierda la mayoría propia en el Parlamento.
Estos sectores apostaban en la cámara alta a captar el voto de legisladores que aprobaran la ley en general pero que desearan cambiar los artículos más polémicos del proyecto.
Los artículos en cuestión son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.
Varios legisladores pidieron que las empresas tuvieran tres años en vez de uno para desprenderse de radios y canales de TV.
El Nuevo Herald
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