El juez ecuatoriano que ordenó el arresto y pidió la extradición del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció que el bombardeo del 1ro. de marzo del 2008 sobre territorio de Ecuador, en el que murieron el jefe guerrillero Raúl Reyes y otras 24 personas, constituyó un "acto de guerra'' contra un "campamento clandestino'' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hasta ahora el gobierno ecuatoriano había denunciado que la acción fue un acto contra su soberanía.
La descripción del juez primero de Garantías Penales de la provincia amazónica de Sucumbíos, Daniel Méndez Torres, dice que las fuerzas militares de Colombia "perpetraron un acto de guerra en territorio ecuatoriano, consistente en un bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder, contra un campamento clandestino en el que se encontraba el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, su escolta y otras personas''.
Méndez hizo el reconocimiento durante la audiencia de imputación de cargos que tuvo lugar el 29 de junio del 2009. El Nuevo Herald tiene una copia del acta principal.
El pedido de extradición de Santos por presunto asesinato fue hecho la semana pasada por Méndez ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que carece de plazo para decidir.
La audiencia de imputación fue practicada en la ciudad amazónica de Nueva Loja sin la presencia de Santos. El abogado defensor de oficio que le fue nombrado, Walter Lombeida Rojas, alegó que las actuaciones contra su cliente "carecen de valor jurídico y se encuentran viciadas de nulidad'' puesto que, entre otras irregularidades, su defendido no fue notificado de los cargos que se le imputan.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, cortó relaciones diplomáticas con Bogotá a raíz del bombardeo en el área amazónica de Angostura, próxima a la frontera de ambos países. Los cancilleres de las dos naciones ahora hacen esfuerzos diplomáticos por restituir a sus respectivos embajadores.
El presidente Alvaro Uribe, así como Santos, han alegado que el bombardeo efectuado 10 kilómetros adentro de la frontera fue, como lo reconoce ahora Méndez, "un acto de guerra'' en circunstancias de "legítima defensa'' contra el grupo terrorista.
Tanto Uribe como Santos niegan que se hubiera tratado de una agresión contra Ecuador.
Copia de la documentación del caso de Santos en Ecuador, obtenida por El Nuevo Herald, fue estudiada por la abogada independiente colombiana María Elena Triana. En las conclusiones de Triana, se sostiene que "es digno de resaltar'' que el juez "califica el suceso como un acto de guerra'' ocurrido "contra un campamento clandestino''.
"La connotación de acto de guerra implicaría que a nadie se le pueda hacer la inculpación de asesinato'', dijo Triana.
Igualmente destacó que Méndez no podría acusar de homicidio a Santos "sin especificar cuántas muertes violentas le atribuye ni de qué personas en particular''.
El documento central de la acusación no expone cuáles habrían sido las actuaciones específicas de Santos que causaron la muerte a un número de personas que Méndez unas veces estima en 23 y otras en 25.
"Es apenas obvio que para la apertura de la causa penal deben existir en el proceso todas y cada una de las actas de levantamiento de los cadáveres'', argumentó Triana, "individualizando los nombres o al menos los alias de las personas muertas en el incidente''.
Agregó que era imposible omitir que para atribuir el delito de homicidio es elemental la existencia del cuerpo del delito.
Los únicos muertos citados por el juez en su acusación son Raúl Reyes, segundo hombre de las FARC (cuyo verdadero nombre era Luis Edgar Devia), y Franklin Guillermo Aisalla Molina, único ecuatoriano abatido en el bombardeo. No obstante, la posibilidad de que Santos haya sido el autor intelectual de ambas muertes "no está sustentada'' a juicio de Triana y el grueso de las posibles evidencias citadas por Méndez "son reportes de los medios de comunicación que en su mayor parte no citan fuentes de información''.
El juez consignó en su acta principal de imputación de cargos que buena parte de la información recaudada fue obtenida "mediante publicaciones realizadas a través de la prensa escrita, radial y televisiva'' de Ecuador, lo cual es calificado por Triana como "improcedente para una providencia judicial''.
Después de la audiencia de imputación de cargos el caso pasó a conocimiento del juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, Francisco Revelo, por petición de Lombeida, quien alegó que Méndez carecía de competencia.
Revelo mantiene la orden de arresto y el pedido de extradición respecto del cual, según dijo, ‘‘no existe plazo para que se pronuncie la Corte''.
La Interpol se ha negado a recibir una orden de arresto contra Santos enviada por Ecuador considerando que el caso es político y no judicial. Lombeida, quien no ha tenido contacto con Santos, sostuvo en un escrito de apelación de julio pasado que "no hay mérito suficiente ni siquiera para que se inicie instrucción fiscal en contra de mi defendido'' ni para que se ordene su captura, pues "no se ha probado que mi defendido sea el mentalizador de la operación'' que condujo al bombardeo.
Sostuvo Lombeida que a Santos se le está violando el debido proceso, comenzando porque no fue notificado del sumario en su contra, lo cual se debió hacer de manera debida y oportuna respetando los convenios internacionales que tienen suscritos Ecuador y Colombia.
El pasado 24 de junio, Méndez pidió por escrito al consulado de Colombia en Sucumbíos que notificara a Santos. En una respuesta del mismo día, el cónsul Jorge Arciniegas contestó que la gestión debería hacerse en rigor por medio de la Cancillería de Quito en "carta rogatoria'' a la de Bogotá.
Ese trámite todavía no ha sido hecho, "quedando al desnudo la flagrante violación al legítimo derecho a la defensa'', precisó Lombeida.
Uribe, al ser consultado por periodistas sobre el posible pedido de extradición de Santos, aseguró que esgrimirá "toda la determinación en la protección''.
También Uribe le pidió a Correa interceder en favor de Santos. Pero Correa contestó que la separación de poderes le impide intervenir en las decisiones autónomas de la rama judicial.
El Nuevo Herald
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