Una manifestante participa en la marcha de la organización femenina "Madres por la Vida" hoy, 20 de junio de 2009, por las calles del centro de Caracas (Venezuela) para protestar contra las miles de muertes violentas que se registran cada año en el país y para reclamar justicia. EFE
La alianza opositora venezolana propuso el lunes al gobierno del presidente Hugo Chávez que declare la emergencia nacional para encarar los altos niveles de violencia delictiva, tras revelar que ha decidido relegar a un segundo plano otros asuntos.
El anuncio de la oposición marca un viraje en el tono de las denuncias opositoras, y busca llamar la atención sobre los problemas sociales que están enfrentando los venezolanos, un tema que el presidente Chávez utilizó como plataforma en el pasado para ganar popularidad, y de la cual ha obtenido importantes dividendos electorales.
"Hemos acordado en la Mesa de la Unidad darle prioridad a lo social, a los problemas de la gente'', explicó en una rueda de prensa Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que actuó como portavoz de los 11 partidos opositores a Chávez asociados en la "Mesa de la Unidad Democrática'' desde el pasado 8 de junio.
La emergencia nacional debe implicar que el gobierno "convoque de inmediato el Consejo Federal de Gobierno'', con la inclusión de alcaldes y gobernadores regionales, y que esta instancia ejecute "un plan concertado de seguridad'', demandó Barboza.
El plan debe incluir el desarme y la destrucción de armas y drogas incautadas que, según denunció, "por corrupción policial se reciclan'' y vuelven a circular, así como impulsar "un lenguaje que promueva la paz y condene la violencia''.
"El lenguaje agresivo de Chávez, su renuencia al diálogo y su consigna ‘patria, socialismo y muerte' estimula la violencia'', sostuvo y denunció que, paralelamente, el Gobierno "practica la política del avestruz y no da la cara para garantizar la vida''.
Otra de las causas de la inseguridad ciudadana es a juicio de la oposición que los "planes de seguridad ciudadana cambian con cada ministro'' del sector, "y ya van diez en diez años'' de gestión de Chávez, destacó.
Adicionalmente, prosiguió Barboza, ha incidido "la politización'' del poder judicial y de la Fiscalía, lo que ha hecho que sus funcionarios "sean más eficientes para perseguir a la disidencia política'' que a los delincuentes.
Acusó asimismo al Ejecutivo de "permisividad cómplice con grupos armados'' de Colombia y de legalizar según sus "criterios políticos'' a extranjeros, quienes ‘‘han introducido en el país prácticas delictivas que no existían antes de este gobierno''.
La llamada "Mesa de la Unidad Democrática'' también dijo que la Fiscalía admitió que de los 302,969 delitos comunes que tramitó el año pasado, solo acusó formalmente en 8,922 casos, lo que arrojó "una impunidad de 97 por ciento, porcentaje que llega a 78 por ciento en el caso de la impunidad de delitos por corrupción, a 87 por ciento en delitos de derechos humanos y a 82 por ciento en narcotráfico''.
La situación de cuerpos policiales "malformados, malpagados y malequipados'', añadió, contrasta con los "miles de millones de dólares'' que el gobierno destina a la compra de equipos de guerra.
Según estudios de varias instancias internacionales y nacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Barboza remarcó que las cárceles venezolanas "se han transformado en centros de ejecución'', con 420 presos muertos el año pasado.
Durante el 2008 se registraron en Venezuela 14,000 muertes violentas, "diez veces más'' de las "1,400 personas (muertas) en la Franja de Gaza'', comparó.
''Caracas adquirió el año pasado el título de ciudad más violenta de Latinoamérica, con 130 homicidios por cada 100.000 habitantes, "frente a 78 en San Salvador y 18 de Bogotá'', agregó Barboza.
Amnistía Internacional calcula que existen en Venezuela 4,5 millones "de armas ilegales'' y que "el tráfico de armas compite en lucro con el tráfico de drogas'', sostuvo.
También citó estadísticas de instancias policiales venezolanas que han dado cuenta que de 44 secuestros registrados al inicio de la gestión de Chávez, el año pasado hubo 353, "y eso considerando que 60% de secuestrados no reporta el hecho por falta de confianza'' en la policía y en la justicia, remató.
El Nuevo Herald
No hay comentarios:
Publicar un comentario