Un juez pidió que se auditen obras públicas encargadas a empresas presuntamente ligadas al gobierno de Cristina Fernández, en una causa en la que se investiga una denuncia por corrupción contra el ex presidente argentino Néstor Kirchner, informaron el viernes dirigentes de fuerzas opositoras que iniciaron el proceso.
Por orden del magistrado Julián Ercolini, la Auditoría General de la Nación deberá entregarle informes suyos de los que surge la sospecha del pago de sobreprecios en obras públicas, señaló el diputado Juan Carlos Morán, de la opositora Coalición Cívica, al indicar que esto responde a una petición de los denunciantes.
Morán explicó a radios locales que las obras investigadas fueron encomendadas al empresario Juan Carlos Relats, mediante la empresa JCR Sociedad Anónima, a Lázaro Báez, por medio de la firma Austral Construcciones, y a una compañía de Gerardo Ferreira que está vinculada a Electroingeniería, todas adjudicatarias de contratos del Estado.
Señaló que el juez también decidió que peritos judiciales hagan sus propias auditorías de modo de determinar si los citados empresarios fueron beneficiados con la concesión de la obra pública que además habría conllevado sobreprecios, como denunció la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria del país, en noviembre pasado.
La denuncia sostiene que Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor en el cargo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, es el ``jefe de una asociación ilícita'' que además integran el ministro de Planificación, Julio De Vido, y varios empresarios presuntamente ligados al gobierno.
El juez Norberto Oyarbide está ya investigando si hubo enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta y su esposo, en razón de una denuncia de la Coalición Cívica.
Según la última declaración jurada de los Kirchner, difundida por medios de prensa, su fortuna creció hasta unos $12.1 millones en el 2008, entre otros factores por la venta de 16 inmuebles por un precio total de $3.8 millones.
El Nuevo Herald
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