La reforma de la LOE, es un absurdo social y político desde el momento mismo que se aprueba a medianoche y con el rechazo encendido de universidades

La obligación del Gobierno es reconocer a todo el país y no sólo a una parte del mismo

La reforma de la LOE, es un absurdo social y político desde el momento mismo que se aprueba a medianoche y con el rechazo encendido de universidades, escuelas, docentes, gremios educativos, partidos políticos, iglesia, padres y estudiantes. Por su estrecha vinculación con la libertad y el desarrollo de la personalidad, amén de la difusión del saber, esta ley que regula la formación de las personas, no es susceptible de aplicación forzosa sino de cumplimiento por convicción. Imponer una ideología, una forma de ver el mundo o intervenir el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus principios y creencias religiosas, toca el núcleo de sus derechos fundamentales, pues implica a forzar a la gente a pensar como el Estado quiere. Esta empresa no es viable, de allí las airadas protestas que apenas comienzan. Semejante rechazo tiene que llamar a un proceso reflexivo.

El Gobierno Nacional no puede desconocer lo que está ocurriendo, su obligación es reconocer a todo el país y no a una parte del mismo, que por cierto y a no dudarlo, sobre este tema es la inmensa mayoría de la nación, incluyendo a simpatizantes del Presidente. Nadie se deja "formar" a la fuerza, no hay sociedad que se deje gobernar en paz bajo esa pretensión. A quien más perjudica esta reforma es a sus mentores.

La actitud oficial ante la protesta es totalmente reprochable. En lugar de escuchar, dialogar y conciliar, se ha estimulado la represión y el desprecio hacia quienes muestran fundados desacuerdos. Para muestra un botón. El sábado miles de marchistas arrancaron asumiendo que al finalizar la ruta no habría tarimas ni discursos. La realidad fue otra, gas del bueno mediante, el cierre de jornada fue una arenga política espetada por un militar uniformado que terminó por dar fundamento a la protesta y la razón a los marchistas. El episodio no requiere comentarios, se bastó a sí mismo. Lo único que a estas alturas vale remachar es que la Constitución prohíbe estas actitudes en sus artículos 328 y 330 según los cuales la Fuerza Armada es una institución "sin militancia política" y sus integrantes no pueden "participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político". Lo demás entró por los ojos y oídos, incluyendo la asombrosa, inconveniente y lamentable felicitación presidencial a su partidario.


Juan M. Raffalli
El Universal