miércoles, 23 de enero de 2008

Venezuela, en peligro de perder su democracia (I)


Las Universidades Nacionales han sido progresivamente acosadas y agredidas



De su ascenso al poder, el chavismo consideró necesario destruir todo sector de oposición

Las consideraciones que regularmente los analistas hacen de la situación socio política venezolana, llegan usualmente a la misma conclusión: “El objetivo político del gobierno ha sido la instauración de un régimen mimetizado bajo el esquema de “poder popular y de revolución bolivariana”, orientado a estructurar un proyecto político totalitario.

El Dr. M. Rodriguez Mena, ilustre catedrático universitario, afirma de manera contundente que: “Los objetivos gubernamentales que el chavismo ha enunciado desde el momento en que asumió el poder en febrero de 1999 (políticos, económicos, propiamente sociales, etc.), han sido todos planificadamente subsidiarios y coadyuvantes al logro de un supremo objetivo, han operado a manera de visas o pasaportes que el poder chavista ha venido mostrando a los venezolanos y al mundo para encubrir y en cierto modo procurar licitud a su avance en el logro del supremo objetivo totalitario.

Todos los elementos del discurso y de la gestión del poder chavista han estado supeditados y se han realizado sólo en función del logro de este supremo objetivo, aun cuando siempre aparentando tener que ver con temas y asuntos de plausible aliento social.”

Desde sus inicios, el gobierno entendió la dificultad de instaurar un modelo político, y perfiló una estrategia montada sobre la base de decretos, resoluciones, cambios legales y operacionales que poco a poco fuesen permitiendo el logro del denominado supremo objetivo.

Se planteó entonces destruir cualquier iniciativa oposicionista a través de un proceso socio político perverso de acciones de poder instituido basados en el control de los poderes de manera unilateral, es decir, el control total del Poder Legislativo ilegalmente constituido; el control del Poder Judicial, el control total del resto de los poderes y muy especialmente del Poder Electoral, estamento fundamental para legitimar las estrategias de control del poder llevada a cabo meticulosamente.

Despreciando la propia Constitución y las Leyes en beneficio de su objetivo fundamental: el de instituir un sistema autocrático- militarista articulado a un proyecto de carácter internacional en la construcción de un modelo castro comunista sustentando en sus bases doctrinarias usando como argumento y justificación los ideales bolivarianos.

Desde el primer momento de su ascenso al poder, el chavismo consideró necesario destruir todo sector de oposición, disidencia, crítica, especialmente los medios de comunicación. La estrategia de destrucción progresiva constituye el proceso de cambio político amplio y profundo que se haya realizado en Venezuela.

Toda esa infame acción destructiva ha sido cubierta con impunidad apoyada en el Fraude Electoral Continuado como se ha puesto en evidencia en los últimos procesos electorales. En efecto, el sistema electoral ha sido diseñado inescrupulosamente para el fraude, de tal modo que está cerrado a la posibilidad de desmontarlo por la vía institucional debido a que ninguna institución, sea administrativa o judicial, goza de poder e independencia suficiente para decidir conforme a derecho.

Muy por el contrario, las instituciones son engranajes del sistema electoral fraudulento con la misión de organizarlo adecuándolo a sus propósitos políticos, incluso con el apoyo de ciertas organizaciones políticas que operan de manera oportunista en beneficio de intereses de corto alcance.-

La Constitución del 99, que nos rige, es una Constitución de facto como lo afirma el ex Procurador de la República, el profesor universitario Jose Petit Da Costa: “El incumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución del 61 para su derogación, que sería suficiente para declarar la nueva como ilegitima por ser el resultado de un “fraude constitucional”, es lo cierto que el 69,6% de los electores no votó por la convocatoria de la Constituyente y luego el 69,9% no votó por la aprobación de la Constitución.

Y, sin embargo, la Constituyente se declaró convocada y la Constitución aprobada, en lo que constituye una usurpación descarada de la soberanía popular para imponernos por la fuerza la voluntad de una minoría interesada en una nueva Constitución que se adaptase a sus fines del presidente de perpetuarse en el poder”. Las consecuencias de todas estas acciones, determinan en el presente que la Institucionalidad Democrática en Venezuela ha sido en buena parte destruida.

El orden político ha sido casi totalmente aplastado con la apariencia de Democracia. El resultado de dichas acciones han determinado consecuencias colaterales, así por ejemplo, el orden económico ha sufrido de manera contundente una acción destructora cuyas consecuencias se comienzan a profundizar tal y como todo venezolano la percibe y los analistas económicos lo han denunciado públicamente.

Los sindicatos de trabajadores han sido sometidos a opresión y represión creciente y funcionan cada vez más limitados en su capacidad de acción, al desconocimiento de sus contratos colectivos y obligados a aceptar decisiones oficiales que sustituyen sus derechos laborales. Sus organizaciones han sido reducidas a meras oficinas burocráticas y en la práctica han sido reemplazados por sindicatos incondicionales del régimen.

Las Universidades Nacionales han sido progresivamente acosadas y agredidas por el régimen, por lo general apoyándose en falaces argumentaciones de carácter institucional, académico o administrativo. Las Universidades Experimentales han sido intervenidas y puestas al servicio de un Sistema Educativo paralelo soportado por estructuras informales y sin calidad, atendidas por un proyecto ideológico socialista en apariencia y fundamentalmente de carácter subsidiario.
(Próxima entrega parte II)


Por Genaro Mosquera Castellanos

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