Caracas.- Los ex magistrados de la Corte primera de lo contencioso administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, acudieron hoy ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un escrito en el que hacen saber su voluntad de administrar justicia de manera autónoma e independiente.
A partir del momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano a reincorporar en sus cargos de jueces a Apítz, Rocha y Ruggeri, los ex magistrados han solicitado a la Corte primera de lo contencioso administrativo que sean reinstalados en sus puestos, pues consideran que la sentencia de la CIDH hizo justicia y dignificó la figura del juez en Venezuela.
"En la mañana de hoy hemos podido constatar que la Corte primera de lo contencioso administrativo está cerrada y lleva más de ocho meses cerrada y no hay motivo para que no pueda cumplirse esta sentencia de la Corte Interamericana de DDHH. Nuestro deseo es administrar justicia, hacer justicia de manera autónoma e independiente", explicó Apitz.
El mismo día que se conoció la decisión de la CIDH, el TSJ emitió un comunicado en el que sostuvo que, tras hacer un análisis del fallo, se puede interpretar que ese organismo determinó que Venezuela no violó el derecho de los ex magistrados a ser juzgados por un tribunal competente, y que tampoco transgredió ningún articulado de la Convención Interamericana de DDHH.
"Cuando uno revisa el comunicado del TSJ es como cuando uno le pregunta a una mujer que si está embarazada y ella responde que si pero no mucho. Indudablemente, este Tribunal ha sido condenado por la CIDH al expresar que este Tribunal no actuó en el pasado, ni en el presente, ni será así en el futuro, de forma independiente y de manera imparcial", dijo Apitz, quien luego recordó que fue el propio TSJ el Tribunal que "conoció de todos nuestros recursos judiciales una vez que fuimos arbitrariamente destituidos".
Remarcó que la actividad probatoria del acto judicial que llevaron ante la CIDH era demostrar que el TSJ fue el que conoció de sus recursos judiciales y que no lo hizo apegado a derecho, a la Constitución Nacional y a las leyes de la República.
"Habrá ya otros casos que sumados al nuestro puedan hacer concluir a todos los jueces de la Corte Interamericana que en Venezuela la independencia judicial está seriamente amenazada", sentenció.
Apitz aclaró que de no ejecutarse la sentencia Venezuela quedará al margen del Sistema Interamericano de DDHH.
De materializarse una situación como tal, los ex jueces llevarán su denuncia ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
No obstante, Apitz se mostró confiado en que la CIDH supervisará la ejecución de la sentencia, tal como fue expresado en el pronunciamiento.
Perkins Rocha, por su parte, enfatizó que hoy acuden al TSJ a manifestar su deseo de ser reintegrados al Poder Judicial en los términos que ha señalado la sentencia de la CIDH. De acuerdo a su exposición, el Estado venezolano está obligado a reengancharlos en el Poder Judicial, acción que corresponde al TSJ que tiene constitucionalmente garantizado el gobierno judicial; a dictar las normas del Código de Etica del Juez a través de la Asamblea Nacional y cancelar las indemnizaciones a que haya lugar.
"Queremos que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de manera integra", subrayó Rocha.
Leda Piñero
eluniversal.com
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