Según esta nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden público, la seguridad o los intereses de la Nación''.
Al mismo tiempo que aumenta el control de importantes bastiones en el sector privado, aprueba leyes que promueven una mayor concentración del poder, y dedica fuertes sumas para financiar compras militares, el gobierno del presidente Chávez está incrementando las presiones en un campo especialmente sensible en este año electoral: los medios de comunicación y los periodistas.
En los últimos meses, el mandatario venezolano ha utilizado sin límites la televisión estatal para transmitir actos proselitistas, ha utilizado unidades militares para intervenir emisoras de radio adversas a sus candidatos, y funcionarios de la policía política (DISIP) han actuado para detener a periodistas que manejaban información delicada, de acuerdo a denuncias de diversos grupos independientes y de los propios periodistas y dueños de medios afectados.
Repitiendo un esquema practicado con medios de comunicación de circulación o cobertura nacional, el gobierno está utilizando crecientemente la publicidad como un arma coercitiva contra medios locales, y presiona abiertamente para que se publique información favorable a los oficialistas, aseguraron expertos y analistas. La controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que el presidente Chávez no incluyó en el paquete de 26 leyes aprobadas mediante poder especial, será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder absoluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del presidente.
La ley tiene ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TJS).
Según esta nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden público, la seguridad o los intereses de la Nación''.
La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas, dijo a El Nuevo Herald el profesor Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela y ex consultor de la Unesco en material comunicacional.
Las presiones legales y políticas del gobierno podrían afectar seriamente la libertad de expresión en Venezulea y hacer mucho más riesgoso el ejercicio del periodismo, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea el ámbito de los medios impresos y radioeléctricos en Venezuela.
Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios profesionales, para denunciar la inconstitucionalidad de varias de las leyes aprobadas por Chávez recientemente, y que afectan el ejercicio profesional, dijo Roger Santodomingo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este jueves un comunicado alertando contra el recrudecimiento de los ataques contra medios y reporteros en Venezuela. Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció los actos de hostigamiento contra la prensa en Venezuela, fomentados por la polarización política del país suramericano.
Marroquín denunció en un comunicado que el pasado martes 19 de agosto el presidente Hugo Chávez atacó los diarios El Nacional y El Universal, a los que calificó de defensores de intereses contrarios a la nación, a raíz de los titulares que ambos diarios publicaron relativos a la nacionalización de la industria cementera CEMEX, así como en contra del paquete de 26 leyes aprobadas por Chávez con poderes especiales.
La SIP expresó también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza militar y los ‘‘procedimientos posiblemente discriminatorios'' empleados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a principios de esta semana, para clausurar las emisoras de radio Rumbera Network 101.5 FM y Llanera 91.3 FM, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.
El cierre de estas dos emisoras con profusion de despliegue de poderío militar, fue calificado como una medida desproporcionada y retaliatoria.
Esta semana abundaron las denuncias sobre el uso presuntamente ilícito de recursos mediáticos públicos por parte del chavismo, para fines electorales.
La organización Democracia Renovadora presentó ante la Fiscalía General una petición para investigar el presunto peculado de uso por parte del gobierno para promover candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellas el uso vehiculos y aviones oficiales, además de la televisión estatal.
Helen Fernández, activista del opositor Comando Nacional de la Resistencia, introdujeron este viernes otra denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por el favoritismo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en la campaña electoral del PSUV, y de "no darle espacio a los demás candidatos de otros partidos''.
Fernández dijo que durante los primeros seis meses de este año, VTV transmitió unas 1,800 piezas publicitarias de candidatos del PSUV, a un costo de unos $9.3 millones, mientras que no transmitió una sola pieza con candidatos de la oposición.
En contraste, los medios privados están transmitiendo información más "equilibrada'' cuando se compara con los medios oficiales, indicó un estudio de la Universidad de Gotemburgo, recientemente publicado en Venezuela.
Según este informe, la mayoría de los canales privados, principalmente Venevisión, Televen y Canal I, ofrecieron información más equilibrada que los canales estatales VTV y TVES.
El Nuevo Herald
Casto Ocando
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/3088/1/
Repitiendo un esquema practicado con medios de comunicación de circulación o cobertura nacional, el gobierno está utilizando crecientemente la publicidad como un arma coercitiva contra medios locales, y presiona abiertamente para que se publique información favorable a los oficialistas, aseguraron expertos y analistas. La controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que el presidente Chávez no incluyó en el paquete de 26 leyes aprobadas mediante poder especial, será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder absoluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del presidente.
La ley tiene ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TJS).
Según esta nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden público, la seguridad o los intereses de la Nación''.
La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas, dijo a El Nuevo Herald el profesor Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela y ex consultor de la Unesco en material comunicacional.
Las presiones legales y políticas del gobierno podrían afectar seriamente la libertad de expresión en Venezulea y hacer mucho más riesgoso el ejercicio del periodismo, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea el ámbito de los medios impresos y radioeléctricos en Venezuela.
Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios profesionales, para denunciar la inconstitucionalidad de varias de las leyes aprobadas por Chávez recientemente, y que afectan el ejercicio profesional, dijo Roger Santodomingo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este jueves un comunicado alertando contra el recrudecimiento de los ataques contra medios y reporteros en Venezuela. Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció los actos de hostigamiento contra la prensa en Venezuela, fomentados por la polarización política del país suramericano.
Marroquín denunció en un comunicado que el pasado martes 19 de agosto el presidente Hugo Chávez atacó los diarios El Nacional y El Universal, a los que calificó de defensores de intereses contrarios a la nación, a raíz de los titulares que ambos diarios publicaron relativos a la nacionalización de la industria cementera CEMEX, así como en contra del paquete de 26 leyes aprobadas por Chávez con poderes especiales.
La SIP expresó también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza militar y los ‘‘procedimientos posiblemente discriminatorios'' empleados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a principios de esta semana, para clausurar las emisoras de radio Rumbera Network 101.5 FM y Llanera 91.3 FM, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.
El cierre de estas dos emisoras con profusion de despliegue de poderío militar, fue calificado como una medida desproporcionada y retaliatoria.
Esta semana abundaron las denuncias sobre el uso presuntamente ilícito de recursos mediáticos públicos por parte del chavismo, para fines electorales.
La organización Democracia Renovadora presentó ante la Fiscalía General una petición para investigar el presunto peculado de uso por parte del gobierno para promover candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellas el uso vehiculos y aviones oficiales, además de la televisión estatal.
Helen Fernández, activista del opositor Comando Nacional de la Resistencia, introdujeron este viernes otra denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por el favoritismo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en la campaña electoral del PSUV, y de "no darle espacio a los demás candidatos de otros partidos''.
Fernández dijo que durante los primeros seis meses de este año, VTV transmitió unas 1,800 piezas publicitarias de candidatos del PSUV, a un costo de unos $9.3 millones, mientras que no transmitió una sola pieza con candidatos de la oposición.
En contraste, los medios privados están transmitiendo información más "equilibrada'' cuando se compara con los medios oficiales, indicó un estudio de la Universidad de Gotemburgo, recientemente publicado en Venezuela.
Según este informe, la mayoría de los canales privados, principalmente Venevisión, Televen y Canal I, ofrecieron información más equilibrada que los canales estatales VTV y TVES.
El Nuevo Herald
Casto Ocando
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/3088/1/
3 comentarios:
El control de los medios y la censura a la prensa libre no debe ser permitido. Es paradojico como Chavez llama "Terrorismo mediatico" a las criticas que hacen quienes no estan de acuerdo con él. Ojalá la libertad de expresion no se vea amenazada por la revolucion bolivariana, ni se perjudique a quienes piensan diferente.
Un saludo desde Colombia.
JSAM:
Gracias por tu comentario.
Saludos
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