jueves, 30 de julio de 2009

Ataque frontal a la libertad de prensa en Venezuela


Un manifestante exige respeto a la libertad de expresión en Venezuela, durante las protestas contra el cierre de RCTV, en esta fotografía de mayo del 2008. La Fiscal General de la República Bolivariana, Luisa Ortega Díaz, propuso, este 30 de julio de 2009, sancionar a las personas y dueños de medios que divulguen informaciones que atenten contra el orden público y la "salud mental" y llamó a los congresistas a limitar la libertad de expresión.
Getty Images






La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela comenzó el jueves la discusión de un proyecto de ley que establece nuevos delitos mediáticos, sin precedentes en la legislación venezolana.

De ser aprobada, la ley castigaría con prisión de hasta cuatro años la divulgación de información que pueda ser interpretada como una incitación a la violencia o que afecte la salud mental de los venezolanos.

En una comparecencia ante la AN, dominada por el chavismo, la Fiscal General, Luisa Ortega, presentó el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, afirmando que se trata de un instrumento legal para "regular conductas de los medios de comunicación y quienes trabajen en ellos''.

"Los medios de comunicación no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni tampoco para coadyuvar en esa comisión'', dijo Ortega durante su discurso del jueves por la mañana ante la AN.

La ley establecería que pueden ser objeto de sanciones no solamente los directivos de medios privados o públicos, sino prácticamente "toda persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación , sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza''.

Asimismo, describe como delitos mediáticos las "acciones u omisiones'' que atenten contra "la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad''.

Un directivo de un medio puede sufrir prisión de seis meses a dos años cuando se niegue a revelar la identidad de una firma anónima o que usa seudónimos en artículos considerados ofensivos o alarmantes. Se cita como "coacción mediática'' la utilización de un medio para "amenazar, intimidar, coaccionar o de cualquier otra manera infundir un terror a otros'', lo cual sería castigado con pena de prisión de uno a tres años.

El proyecto de ley es visto por organizaciones gremiales, académicos y propietarios de medios como un ataque directo a los medios privados que divulgan información adversa al gobierno del presidente Hugo Chávez. Igualmente, generó rechazo y críticas dentro y fuera de Venezuela.

La legislación tendrá "terribles consecuencias para la vida cotidiana de todos'', advirtió el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en un comunicado emitido el jueves.

"¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso?", indicó el comunicado del CNP.

El anuncio se produce en medio de amenazas emitidas por Chávez de cerrar el canal de noticias Globovisión y el inicio de procedimientos administrativos contra más de 240 radioemisoras. También ocurre un día después de la detención del periodista Gustavo Azócar en el estado andino de Táchira, por presunto desacato a la orden de una jueza que le prohibió divulgar información sobre un caso que se le sigue bajo cargos haber cobrado en el 2000 publicidad de la Lotería del Táchira, sin haberla emitido a través de su programa de televisión.

En privado, la proyectada ley ha venido siendo discutida por los diputados chavistas, según admitió el diputado oficialista Luis Tascón el jueves en declaraciones a la estación de televisión de la AN. Contiene 17 artículos y una disposición que deroga cualquier otra ley que "colida'' con el nuevo instrumento legal, de acuerdo con una copia obtenida por El Nuevo Herald y originalmente divulgada por el diario El Universal de Caracas.

Según los artículos 5 y 6, será castigada la emisión de noticias falsas o manipuladas que alteren la tranquilidad pública o que contribuyan a crear "una matriz de opinión en la sociedad'', lo cual ameritaría prisión de dos a cuatro años.

También, toda persona que divulgue información que sea interpretada como promoción de guerra, violencia, odio u hostilidad "entre sus habitantes o colectividades, en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, ideología o militancia política'', será castigado con prisión de dos a cuatro años.

El proyecto ordena que la sentencia firme contra un medio infractor sólo puede publicarse una vez, y precisa que no serán aceptables la publicación de "apostillas'', "intercalaciones'' o cualquier comentario crítico sobre la sentencia.

Según Andrés Cañizalez, académico del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, la ley sería uno de los instrumentos más punitivos y castigadores que ha tratado de implementar el gobierno.

Cañizalez dijo a El Nuevo Herald que luego de una década en el poder, Chávez "entiende la libertad de expresión desde una lógica de que hay que castigar ciertas expresiones, y esta ley sintetiza esa visión''.

También expresó su preocupación sobre la aplicación práctica de la legislación, en caso de que sea aprobada.

"Parte del problema es que le va a otorgar a los jueces un poder muy amplio para dictaminar por ejemplo cuándo un mensaje daña la salud mental de la población, o cuando una información es desestabilizadora'', precisó.

José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch, con sede en Washington, D.C., advirtió que si esta nueva legislación se aprueba constituirá "un gravísimo retroceso para la libertad de expresión, uno más, en Venezuela y un paso atrás en toda la región'', según citó la agencia EFE.

Vivancos señaló que Venezuela se convertiría en el único país de América Latina que "retrocede sistemáticamente en materia de libertad de expresión''.


El Nuevo Herald