El presidente Uribe reiteró ayer que no dejará tocar a su ex ministro de Defensa. 'No lo dejamos tocar', dijo a los medios colombianos. El presidente Álvaro Uribe reprochó que la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países del continente guarden silencio ante la decisión del juez ecuatoriano.
El presidente Álvaro Uribe dijo, anoche en una nueva declaración sobre el tema desde Barranquilla, no entender "por qué cuando la Organización de Estados Americanos y los países del continente en buen momento salen a descalificar el golpe de Estado de Honduras, se guarda silencio frente a este golpe de Estado que a través de un auxiliar del terrorismo, enquistado en la justicia ecuatoriana, se le quiere dar a las instituciones democráticas de Colombia, auxiliando y patrocinando a las Farc".
El mandatario anunció el viernes, pasado el mediodía, que con medidas cautelares ante organismos internacionales y un pasaporte diplomático protegerán, inicialmente, al ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de la orden de un juez ecuatoriano de capturar al ex funcionario, cuya detención también fue pedida a la Interpol. El presidente Álvaro Uribe también ordenó precipitar la contraofensiva jurídica para hacer frente al caso.
Uribe sostuvo que "estamos seguros" de que la orden de captura emitida por un juez del vecino país "no tiene el aval del pueblo ecuatoriano".
"Es que el pueblo ecuatoriano sabe que no fue el pueblo ecuatoriano el que protegió a las Farc. Es que el pueblo ecuatoriano sabe que no fue el pueblo ecuatoriano el que dio el consentimiento para que 'Raúl Reyes' instalara sus campamentos de tortura en Ecuador. Es que el pueblo ecuatoriano sabe que no fue el pueblo ecuatoriano el cómplice de las Farc para mantener secuestrada durante tantos años a Íngrid Betancourt. Es que el pueblo ecuatoriano sabe, y algún día lo dirá, quiénes son allá los que en contra del consentimiento del pueblo ecuatoriano son los cómplices de la tortura, los auxiliadores del secuestro, los soportes del terrorismo", dijo.
Asimismo, el Presidente colombiano resaltó que el Gobierno va "ahora, con la Constitución y con la Ley, con la dignidad de la República, a defender a nuestro ex ministro, a tiempo que seguiremos con la Constitución y el pueblo y las armas de la República en la derrota de los terroristas".
Uribe manifestó que el Gobierno analizó cómo referirse al tema y cómo enfrentarlo, "para lo cual -dijo- hay un grupo bien importante de juristas que están orientando al Gobierno Nacional".
"Este atentado contra el ex ministro (de Defensa) Juan Manuel Santos nos demuestra el peligro que todavía nos genera el terrorismo de las Farc y todos sus patrocinadores domésticos e internacionales", dijo.
Y añadió: "debemos cerrar filas las grandes mayorías de colombianos para proteger a nuestro ex ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos; para denunciar ante el mundo que esta es una pirueta de los auxiliadores del terrorismo que desde hace 50 años se han enquistado en toda parte, y también se han enquistado en sectores de la justicia internacional".
Gobierno prepara medidas
La Cancillería recibió la orden del Presidente de adelantar "con toda la prisa que se pueda, el trámite de solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana (de derechos humanos de la OEA, CIDH), porque nosotros tenemos que defender con todo a nuestro ministro".
Uribe explicó que lo que busca con esas medidas ante la CIDH es "inmunidad en toda la esfera internacional por sus actuaciones como Ministro de Defensa de Colombia", para "defenderlo de estas piruetas de los auxiliadores de las Farc".
Como lo anticipó EL TIEMPO en su edición del viernes, la idea de llevar el caso ante la CIDH fue planteada en el consejo extraordinario de seguridad que Uribe convocó en Catam la noche del miércoles, para discutir el tema con la cúpula militar, la Cancillería, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el DAS.
Sin embargo, el viernes trascendió que aún no se ha descartado que la petición sea llevada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. También el gobierno mantiene en pie la idea presentar ante este tribunal una demanda contra el Estado de Ecuador por los vínculos de funcionarios de ese país con la guerrilla de las Farc.
El gobierno, al tiempo que emprende esta contraofensiva, mantiene el temor de que algún país ejecute la detención de Santos, quien se encontraría en el exterior y a quien le han recomendado no hacer movimientos que lo expongan.
Mientras tanto, la Secretaría General de la Interpol, con sede en Francia, evalúa si acoge o no la orden de detención solicitada por la justicia ecuatoriana y en consecuencia emite una circular roja de captura internacional.
Se espera que dicha decisión se dé a conocer el lunes. De aquí a ese día el gobierno busca "trabajar con la Interpol para desvirtuar la posibilidad de una orden de captura frente a este caso", según dijo el canciller Bermúdez.
La tesis que manejan se sustenta en el artículo tercero del Estatuto de Interpol, según el cual "está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
El Presidente también anunció la decisión de mantener vigente el pasaporte diplomático de Santos, que obtuvo tras posesionarse como ministro. El mandatario dijo que esta es "una medida que contribuya a proteger las acciones (en las) que, en nombre del Estado colombiano, tuvo que participar como Ministro de Defensa".
No obstante, en el Gobierno son concientes de que esta medida "no le da inmunidad universal" a Santos, según han dicho funcionarios que conocen del tema. Saben que el pasaporte por sí solo no es garantía frente a un Estado que decida desconocerlo.
Otro punto de la contraofensiva colombiana se dio con la solicitud que hizo el DAS a la Interpol para que se emitiera una circular roja contra mexicana Lucía Morett, quien se encontraba en el campamento de 'Reyes' en el momento del bombardeo y es señalada de hacer parte de las Farc. La Cancillería evalúa si la pide en extradición a México.
Uribe se mantuvo el viernes en permanente contacto con los ministros de Exteriores, Jaime Bermúdez; del Interior y Justicia, Fabio Valencia; y el encargado de Defensa, el general Freddy Padilla, para evaluar la situación de Santos.
Los tres ministros conforman la junta directiva de la llamada "gerencia" que ordenó constituir el presidente Uribe para coordinar la defensa del ex funcionario y el viernes se reunieron desde el medio día para tratar el tema.
Las agencias de noticias también divulgaron unas supuestas declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que habría dado el viernes al portal de noticias Ecuadorinmediato: "Agresión es tirar bombas a sus vecinos, no empezar procesos judiciales", dijo el mandatario ecuatoriano, según dicha página web.
eltiempo.com
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