Trío de dictadores militares de Venezuela, Cuba y Nicaragua llamando “gorila” a un presidente civil, provisional.
La primera declaración oficial del reinsertado embajador de Venezuela en los EEUU no puede producir sino anonadamiento: considera el intervencionismo como “inaceptable”, les recuerda que la guerra fría terminó (como si hubiera sido una victoria para los comunistas) y que ahora nos encontramos en un mundo multipolar, entendido esto como que la mera existencia de una primera potencia está fuera de consideración.
Y esto apenas unos días antes de que estallara este curioso sainete alrededor de los acontecimientos de Honduras, en los que el régimen que proclama la “no intervención” como el eje de su política exterior, se lanzó en una de las campañas intervencionistas más descaradas de lo que va de siglo.
No es que esto sea raro, considerando que el régimen cubano estuvo 30 años como títere de la Unión Soviética y esto no le impidió presidir las conferencias de la Organización de Países No Alineados; y ahora pretende convertirse en metrópolis de este nuevo bloque comunista que está tejiendo en Latinoamérica, convirtiendo a otros a su vez en títeres, sin afectar para nada su devoción por la autodeterminación de los pueblos.
Lo que pone al descubierto esta grotesca incongruencia entre las declaraciones públicas y las acciones prácticas, en sentido absolutamente contrarios, es una característica propia de regímenes totalitarios que pese a haber sido estudiadas y ampliamente denunciadas, no obstante, siguen produciendo un inevitable desconcierto.
Lo sorprendente no es que una persona o grupo o partido diga una cosa y haga otra, lo que es más o menos habitual en la política ordinaria, sino que esto se constituya en una especie de necesidad estructural, al punto que no pueda ser de otra manera: el movimiento totalitario se basa en la mentira de una manera sistemática y generalizada, no porque de revelar sus verdaderas intenciones éstas se harían irrealizables por el rechazo público (porque de todas maneras sus propósitos son imposibles de lograr), sino porque persigue con la propaganda un efecto movilizador que jamás podría lograrse con ninguna exposición racional de los hechos.
El problema es determinar si un sistema así puede funcionar, o también, a dónde puede conducir un régimen que rutinariamente niega lo que está haciendo o anuncia lo contrario de lo que realmente se propone, incluso, más allá de la mera propaganda y movilización, en su actividad administrativa diaria y en las declaraciones de todos sus funcionarios. Valga el ejemplo: ¿Cómo se puede patear la propiedad privada a la vez que se proclama que este es un régimen respetuosísimo de la propiedad? ¿Cómo pueden ser antiliberales pero a la vez decir que aquí hay absoluta libertad de expresión, de imprenta y opinión, como si esos fueran valores dignos de la mayor consideración?
NARCOMUNISMO. En Honduras se pone al descubierto un juego que ya debía estar claro para todo el mundo. En Europa lo llaman “utilizar los mecanismos de la democracia para destruirla” y tan es así, que ya han tomado previsiones legales y jurisprudenciales para preservar sus instituciones. Lo raro es que esas previsiones que valen para ellos no las consideren también apropiadas para los demás, de manera que la Unión Europea (UE) se deja engañar sólo respecto de lo que pasa afuera, pero no en lo que respecta a sí misma.
Incluso el Papa ha denunciado la práctica del Islam que exige respeto a la libertad religiosa para realizar sus actividades proselitistas en los países cristianos; pero que en cambio la niega en sus propios países, dónde aplican la peor intolerancia, prohíben toda actividad pastoral y persiguen a las demás religiones, particularmente las judías y cristianas.
Está clarísimo que en Honduras se quería aplicar una receta que ya había funcionado en Venezuela, Bolivia, Ecuador y ahora en Nicaragua; pero las instituciones actuaron, de una manera perfectamente constitucional, para impedirlo.
No obstante, no se sabe si reír o llorar al ver al trío de dictadores militares de Venezuela, Cuba y Nicaragua llamando “gorila” a un presidente civil, provisional, que tiene como único mandato llevar a su país a unas elecciones previstas para dentro de apenas cuatro meses, lo que ellos pretenden impedir con violencia.
La otra cara de la receta es clara: o gobiernan ellos o no gobierna nadie. Es decir, que si se sabe que no están en condiciones de resolver ningún problema real de sus países, es igualmente claro que están en condiciones de impedir que cualquier otro pueda hacerlo.
En todos los casos arriba citados, estos gobernantes se afincan sobre el único expediente de su capacidad para impedir que cualquier otro gobierno, que no sea de ellos, pueda estabilizarse. Así se impusieron por la fuerza en sus respectivos países.
El guión es el mismo: manifestaciones para causar víctimas civiles que achacarle al gobierno, restarle apoyo militar y policial bajo el mote de ser un gobierno “represivo”, bloqueo de carreteras para propiciar el caos económico, crear incertidumbre en el medio empresarial y comercial, en fin, intimidar a la población y prometerle la paz sí y solo sí acceden a los designios del narcomunismo.
Ahora se ve con claridad lo que significa para los socialistas combinar los tipos de lucha, pacífica o violenta, con el mismo objetivo final. También se ve con más claridad cuál fue el rol de Oscar Arias para la opción socialista para Centroamérica, auspiciada por Alemania y Suecia, que estaba implícita en sus negociaciones de paz: en todos estos países los movimientos insurgentes han llegado al poder por la vía electoral, es decir, logrando con votos lo que no lograron con balas.
PLAN COLOMBIA. No se necesita ser muy zahorí para darse cuenta cual es la combinación de formas de lucha en Colombia, porque eso es un camino muy trillado, donde el Partido Comunista nunca ha abandonado la actividad legal, pese a sus vínculos con las guerrillas, el régimen de los Castro y antiguamente con la URSS.
La verdad sea dicha, en la intrincada política colombiana, los más radicales extremistas no han salido de las filas del PCC, sino que desde la época de Gaitán, pasando por Tiro Fijo, hasta llegar a Piedad Córdoba, todos provienen más bien del Partido Liberal.
Pero las grandes antinomias aquí rebasan no sólo lo que pasa en otros países, sino los límites de la imaginación más desquiciada. Un ejemplo: luego de la exitosa operación Jaque, a las FARC no se les ocurrió nada mejor que denunciar al Estado colombiano por haber utilizado uno de los participantes un emblema de la Cruz Roja Internacional.
Lo curioso es que pese a las disculpas del gobierno, a la versión de que eso fue una iniciativa unilateral de un periodista para defenderse de un posible ataque, o bien que se trató de un error excusable por las circunstancias del caso, este honorable organismo le dio la razón a las FARC y condenó al Estado colombiano por violación de los convenios internacionales relativos a las garantías de la CRI.
El punto aquí es que una guerrilla que no es sujeto de derecho, ni goza de ningún reconocimiento internacional, que ha sido denunciada como narcoterrorista, que así es catalogada incluso por la UE y los EEUU, que viola sistemáticamente derechos humanos elementales y mantiene varios miles de secuestrados durante largos años en espera de un dudoso rescate, no obstante, puede exigirle a quienes la combaten un puntilloso acatamiento al ordenamiento jurídico, un respeto irrestricto a los tratados internacionales suscritos por el mismo Estado que quieren derrocar por las armas ¡y se les concede razón!
No en balde se dice que hay algo podrido en Dinamarca. Es este civilizadísimo y pacífico país nórdico existen organizaciones que realizan propaganda y recogen fondos a favor de las FARC y otros grupos guerrilleros latinoamericanos (pero para ninguno europeo).
Denunciados, como corresponde en un país culto, por actividades consideradas apología del delito, apoyo a banda armada, al narcotráfico y otros ilícitos tipificados a nivel mundial, resulta que los jueces les dan la razón en el marco del ejercicio de la libertad, sea política, civil o una larga ristra de derechos que conducen a que, en Dinamarca, es lícito apoyar a las FARC, pese a estar en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Para quien le parezca demasiado el caso de la famosa estudiante mexicana, Lucia Morett, que apareció sorpresivamente herida en el campamento de Raúl Reyes, en Ecuador, no hubo que esperar ni un año para que apareciera un juez ecuatoriano librando orden de captura contra el ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por causa del ataque que fue gloria de las FFAA colombianas aquel 1º de marzo de 2008.
El caso de esta muchacha es para una antología del absurdo. Súbitamente se convirtió en una acusadora furibunda del gobierno colombiano, sin sentirse obligada a explicar qué carajo hacía ella en el campamento de comando de quien ya era el número 1 de las FARC, visto que la muerte de Marulanda sólo se conoció después de la de Raúl Reyes.
Ella dice que no ha cometido ningún delito, que quien los ha cometido es el Estado colombiano; que estaba de turista en Ecuador y redactaba una tesis en el campamento; lo que debe lucir completamente normal y no debería llamar la atención de nadie.
Lo curioso, extraño, sorprendente del caso de esta muchacha, estudiante de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de México, es la asombrosa capacidad que ha desarrollado la izquierda para demostrar que carece de todo límite moral, político, jurídico, pero también lógico e ideológico, cuando se trata de salvar su causa.
Ella no cometió delito alguno (Raúl Reyes tampoco); Ecuador no tiene nada que ver con que el campamento de la jefatura de las FARC, que azota a Colombia, esté en su territorio, al contrario, ellos son los agredidos, el Ministro de Defensa de Colombia, un delincuente; Rafael Correa el gran acusador, pero tampoco sabe que haya guerrilleros colombianos en su país, o que sus ministros fueran habitué del campamento; no tiene la menor relación con ese grupo guerrillero (con lo que Colombia le habría hecho un favor); pero no, al contrario, rompió relaciones diplomáticas y comerciales, situación que mantiene hasta el día de hoy, con hostilidades en escalada.
Lucia Morett es toda una heroína, recibida personalmente por Daniel Ortega en Nicaragua y en México abrazada y besada por Eduardo Galeano en el Aula Magna de la UNAM, para mayor regocijo del público; candidata a diputada al Congreso por el Partido de los Trabajadores; recién se revela que fue militante del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas y la organizadora responsable del tour que concluyó con la muerte de los cuatro estudiantes mexicanos en el campamento de Reyes; pero ella no es culpable de nada, ni ha hecho algo siquiera reprensible por sus padres, que la apoyan fervorosamente.
El culpable de todo es el Estado Colombiano y, por supuesto, Álvaro Uribe.
Diario de América
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