lunes, 27 de abril de 2009

Perú otorga asilo político a Manuel Rosales


El gobierno de Perú decidió otorgar asilo político al líder opositor venezolano Manuel Rosales, informó el lunes el canciller José Antonio García Belaúnde, quien confió en que esta decisión no altere las relaciones diplomáticas entre Lima y Caracas.

"El gobierno peruano, fiel a su tradición histórica y a su compromiso con el derecho internacional, ha decidido otorgar el asilo el ciudadano Manuel Rosales'', informó el canciller al reunirse con la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

"Espero que esta decisión no altere las relaciones entre Perú y Venezuela'', añadió el canciller en declaraciones a periodistas a su salida del Congreso.

"Es un caso de asilo por razones humanitarias, no es el primero y no tiene por qué alterar una relación entre dos países hermanos, dos pueblos y dos gobiernos amigos'', precisó.

La rapidez en el otorgamiento del asilo a Rosales --acusado en su país de enriquecimiento ilícito-- tomó por sorpresa a la opinión pública, puesto que García Belaúnde había señalado el viernes pasado que la decisión final se conocería dentro de dos semanas.

Rosales se convierte en el tercer opositor al gobierno de Hugo Chávez que obtiene asilo en Perú. En el 2007 se le otorgó al dirigente sindical Carlos Ortega y Eduardo Lapi, ex gobernador del Estado de Yaracuy.

Rosales, ex candidato presidencial y actual alcalde de Maracaibo, llegó a Perú el 4 de abril y formalizó su pedido de asilo la semana pasada, señalando que era un perseguido político de Chávez.

Rosales, quien se considera el más importante opositor de Chávez, es acusado en Venezuela de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador en el estado de Zulia.

"Este es un gran triunfo democrático, un triunfo moral'', dijo el abogado de Rosales en Perú, el constitucionalista y congresista oficialista Javier Valle Riestra, experto en asilo y extradiciones.

El abogado mostró a la prensa la carta del Grupo de Evaluación con la solicitud de Asilo de la Cancillería peruana, en la que informa que entre las obligaciones que deberá cumplir Rosales están ‘‘respetar la Constitución Política y las leyes de la República, no intervenir en asuntos políticos o de otra índole que comprometan la seguridad nacional, las relaciones o los intereses del Estado peruano''.

El viernes pasado Rosales sustentó su pedido ante una comisión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo escuchó durante más de treinta minutos.

En esa reunión, a la que el opositor fue convocado junto con su abogado peruano, éste se disculpó por una declaración contra Chávez y se comprometió a no volver a hacer política desde Lima.

Especialistas habían subrayado que su pedido podía complicarse luego de que Rosales atacó verbalmente el miércoles pasado al gobierno de Hugo Chávez desde Lima en una declaración televisiva difundida en Perú por un canal local de cable.

En dicha declaración el opositor venezolano lanzó un virulento ataque contra el presidente Chávez a quien calificó de "cobarde'', "tiranillo'', "militar frustrado'', entre otros adjetivos. También señaló que seguiría su lucha política desde Perú.

"Explícale Chávez a Venezuela dónde están los $900 mil millones que ingresaron al país en los últimos diez años. ¿Por qué has despilfarrado ese dinero mientras la gente sigue siendo pobre en Venezuela, viviendo en los cerros, sin agua potable ni electricidad?", interrogó.

Tras su declaración, García Belaúnde, visiblemente contrariado, le respondió que "Perú no puede ser utilizado como plataforma política por ningún extranjero porque eso entonces violaría la naturaleza misma del refugio o asilo político que se pueda otorgar''.

Ese mismo día, un tribunal de Caracas dictó una orden de detención preventiva y lanzó una orden internacional de captura y de búsqueda contra Rosales a través de Interpol después que éste no asistió a una audiencia por la acusación que se le hace en Venezuela.

El otorgamiento del asilo a Rosales le impone no efectuar actividades de proselitismo político, de lo contrario violaría la protección que ha recibido de parte del gobierno peruano, según las leyes internacionales que norman el derecho de asilo.


El Nuevo Herald