Otra reforma agraria

Haciendas productivas reemplazadas por conucos, dizque para alcanzar la "soberanía alimentaria", y hasta las caraotas negras las importamos de China...



En la UCV y el IESA advierten que la llamada soberanía alimentaria no llegará sólo con el modelo del conuco. La propiedad privada esta vez es necesaria para que aparezcan rubros como carne y leche. Por Joseph Poliszuk

Sólo en las haciendas de Yaracuy calculan 27.000 hectáreas invadidas. Si todos los hatos ganaderos de esa entidad estuvieran productivos, habría leche para que los 600.000 habitantes de ese estado consuman los 120 litros que la Organización Mundial de la Salud recomienda a cada persona por año. Y sobraría, garantiza la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras.

En estos días no hay estad´ísticas. Gobiernos, gremios agrícolas y campesinos carecen de un registro preciso que de cuenta de la producción que hay en las fincas que fueron invadidas, expropiadas o que en palabras del presidente de la República, Hugo Chávez, están ociosas. De cualquier forma, Yaracuy muestra pinceladas de algunos factores que estimulan los vacíos de los anaqueles: Fandor Quiroga, presidente de Fedecámaras en esa entidad, advierte que en los últimos años han dejado de producir 216.000 litros de leche al día, a causa de las invasiones de tierras.

También ilustra un déficit de 21.000 novillos al año. Son números que, más allá de las cifras, podrían cubrir la demanda anual de carne de la población que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, suman los municipios Chacao y El Hatillo de Caracas, o casi la de los estados Amazonas y Delta Amacuro juntos.

De una res salen aproximadamente 250 kilos de carne listos para cocinar y, en promedio, cada venezolano consume 21 kilos al año. Los datos de Fedecámaras por eso indican que sólo con el caso de Yaracuy, hay 250.000 personas que aún tendrían carne venezolana en sus mesas si no fuera por las invasiones que se han venido registrando en uno de los 24 estados del territorio nacional. Bajo ese telón de fondo, Quiroga se pregunta cómo es que el país va a garantizar la soberanía alimentaria de la que habla el Gobierno.

"Estamos trayendo carne a unas condiciones artificiales", lamenta el ingeniero agrónomo Otto Gómez. "Podemos resolver el desabastecimiento mientras los precios del petróleo se mantengan altos, pero vamos a acabar con el rebaño".

Vuelta al campo
Cuando era candidato presidencial, el proyecto de país del que hablaba Chávez planteó "propender a la soberanía alimentaría a través de la revitalización de la agricultura". Con el nombre de Una revolución democrática, la propuesta del primer mandatario llamaba a "asegurar la necesaria provisión de leche a la madre en período de gestación y lactancia, al niño y al anciano".

El Presidente imaginaba el futuro con cosechas hasta en los techos de los ranchos. Por eso hablaba el 2 de febrero de 1999 de voltear la mirada al campo. "Tenemos que volver a los campos, pero de verdad", sentenció durante la toma de posesión de lo que sería su primer mandato.

Al plazo que sea, el objetivo del primer mandatario es lograr que la producción nacional llegue a abastecer las despensas de los 27 millones de venezolanos. En la llamada lucha por la soberanía agroalimentaria, el Gobierno ha ensayado programas que van desde cultivos organopónicos y gallineros verticales, hasta La ruta de la empanada, El kit conuco y El combo pabellón.

Los fundos zamoranos también integran la lista. Con la premisa de luchar contra el latifundio, el Ministerio de Agricultura y Tierras ha inaugurado 85 comunidades rurales que prometieron dar tierras a los campesinos, bajo la idea de democratizar el agro. La realidad de los supermercados, sin embargo, advierte que ni ese ni los demás programas han podido disminuir la falta de productos como leche y carne.

En El Charcote, por ejemplo, hay tierras ociosas. Los 400 campesinos de ese fundo están lejos de cosechar las más de 12.000 hectáreas que el Gobierno nacional expropió a principios de 2005. Lo lamenta Rafael Rodríguez desde uno de los conucos de ese lugar del estado Cojedes.

Algo propio
El campesino denuncia que muchos de sus vecinos vendieron sus parcelas por retrasos en la entrega de créditos y falta de servicios como electricidad y vías de comunicación, pero también deja claro que pese a todo, está mejor que antes. Aún sin luz y un pozo de agua, tiene terreno propio. "Aquí al menos hay algo de uno", asegura.

"Con las manos" Rodríguez cultivó a finales del año pasado 2.000 kilos de maíz. No hace falta que le digan que se trata de casi nada. Él lo sabe, advierte que sin maquinarias es poco lo que le puede sacar a las 15 hectáreas que el Instituto Nacional de Tierras le adjudicó.

Deja claro, de todas formas, que tiene un sitio donde vivir o trabajar. Esa situación, sin embargo, es precisamente la que hace concluir a Carlos Machado Allison, profesor de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA, que las políticas que el Gobierno está aplicando en el agro conducen al fracaso de una nueva reforma agraria. "Más que tierras para producir, muchos de estos campesinos están buscando viviendas", dice. "Se establecen cerca de la carretera para trabajar en otros lugares".

Olivier Delahaye, profesor de Sociología Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, añade que los fundos zamoranos están repitiéndo las malas experiencias de las "comunidades agrarias" de 1945 y las "empresas campesinas" de principios de los 60.

Las estampas de las haciendas que recientemente han invadido cerca de Cojedes muestran letreros que ofrecen productos y servicios. También en los fundos zamoranos como El Charcote. En el sector Flor Amarillo, por ejemplo, la familia Alviárez deja claro que el conuco no garantiza su sustento. Por eso César suma su camioneta a la línea que presta transporte en el sitio, mientras Mercedes, su esposa, improvisa una peluquería en la casa.

"Esto es más de lo mismo", lamenta Delahaye. Las cartas agrarias crean, a su juicio, "una indefinición que estimulan las ventas de parcelas que ni siquiera pertenecen al campesino". Machado agrega que nadie, ni un parcelero, va a invertir en una propiedad que no sea suya.

Los dos académicos coinciden en que "el modelo del conuco no es viable", por lo que desde oficinas diferentes señalan que en pleno siglo XXI este país necesita un sistema de producción masiva, que de oportunidades al campesino sin obstaculizar el trabajo de las grandes haciendas.

Juego trancado
En Yaracuy, el presidente de Fedecámaras de esa entidad insiste en que el Gobierno no sólo ampara las invasiones. "Las estimula". No es casual, a su juicio, que más de 90 haciendas hayan sido ocupadas al margen de la ley tras el decreto de expropiación, que la Gobernación de ese estado publicó el 30 de diciembre de 2004 sobre 68 hatos.

Es la misma denuncia que formalizan en otros lugares: después de un decreto de intervención, salta una ola de invasiones que demandan la tierra en nombre del Estado. Los dueños de los hatos Gabinera, La Flecha y San José, ubicados a menos de 30 minutos de San Carlos, por eso demandaron en octubre del año pasado al estado Cojedes ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

El asesor jurídico de la gobernación de Cojedes, Alfredo D'ascoli, advierte que ganarán la acusación porque nada tienen que ver con la toma de esas propiedades, pero Alfred Boulton se pregunta, en nombre de los dueños de las fincas, por qué las autoridades no procedieron con el desalojo si niegan cualquier relación con las tomas.

Es una posición que debería aclarar el Gobierno. Este trabajo habría dado esa y otras respuestas si alguien del Ministerio de Agricultura y Tierras hubiera respondido a la solicitud que pedía noticias sobre la producción de los hatos invadidos, expropiados u ociosos. Prometieron, sin embargo, precisar la información la próxima semana a través del Instituto Nacional de Tierras.

El discurso presidencial indica, por lo pronto, que para el Gobierno los empresarios son un obstáculo a la soberanía alimentaria. Luego de recordar que el Caracazo vino tras una época de hambre, Chávez acusó el miércoles en cadena de radio y televisión a Fedecámaras de ser "el problema" o "parte del problema".

La Marqueseña sigue

Ya no salen los 800.000 kilos de carne que solían producir cada año, pero en la hacienda La Marqueseña siguen trabajando. Clavada entre los ríos Boconó y Masparro del estado Barinas, el hato que el Gobierno ocupó militarmente en 2005 ahora está dividido en dos: 1.500 hectáreas siguen en manos de la familia Azpúrua, mientras que el Gobierno se instaló hace casi tres años en las otras 7.000, donde levantaron proyectos como el Centro Productivo Genético Socialista Florentino.

De esos días a este, Carlos Azpúrua advierte que cuando se cruza en el camino con sus nuevos vecinos, los saluda. Asegura que pese al ajetreo de los días en que salió enfrentado hasta con el Presidente de la República, Hugo Chávez, mantiene relaciones cordiales con ellos, "aunque se quedaron con unas motobombas".

Duda, sin embargo, que la política de expropiaciones e intervenciones de tierras haya mejorado la calidad de vida de los campesinos. Incluso afirma que la escasez de algunos productos de la cesta básica no es algo casual. "Hay cosas que no hay que advertir", concluye. "Son obvias".

En su casa, por ejemplo, también escasea la leche. Es algo que no le extraña. "Producíamos diariamente entre 900 y 1.500 litros de leche sin procesar, ahora sacamos entre 500 y 850", dice. El rebaño de 7.370 cabezas de ganado, por su parte, disminuyó a unas 2.100.

Esas cifras y las cuatro demandas que "duermen el sueño de los justos" en los tribunales son las que permiten al accionista de La Marqueseña advertir que este no es el mejor momento para invertir en el campo: "Si mi hijo me dice que va a trabajar en una finca, le preguntaría si está loco".

Azpúrua no espera estatuas, dice. Pero al mismo tiempo se pregunta si vale la pena "trabajar 30 años para que después te digan que eres un vagabundo, que robaste a los trabajadores o que eres un vago". Defiende, de cualquier forma, el llamado método Chaz, que lo sacó del anonimato.

Seguro de que La Marqueseña es suya y de su hermanos, no se arrepiente de la negociación que sostuvo con Chávez cuando el Gobierno puso en tela de juicio sus documentos de propiedad. Señala que aceptó una transición mientras los tribunales sentencian y añade que lo volvería a hacer, porque no se siente enemigo del Presidente aunque no votó por él: "Yo no actuo por reacción. En un momento de crisis lo que se impone es el diálogo y es imposible un país donde todos pensemos igual".

jpoliszuk@eluniversal.com

http://politica.eluniversal.com/2008/02/24/pol_art_otra-reforma-agraria_722474.shtml