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Ley Electoral puede regresar a Venezuela al sistema del "trienio adeco"
Durante 70 años ininterrumpidos, el Partido Institucional Revolucionario (PRI) gobernó en México gracias a los efectos de un sistema electoral segmentado, un sistema muy similar al que los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Partido Comunista (PCV) acaban de aprobar -en primera discusión- para implementar en el país.
Aunque el jefe de la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, Darío Vivas (PSUV), asegura que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) elimina las morochas porque " reivindica la voluntad soberana del pueblo y que se respete el voto nominal como el voto lista"; en realidad la Ley, al instaurar un sistema electoral paralelo elimina la distribución proporcional -garantizada en el artículo 293 de la Constitución- y consagra la sobrerrepresentación de las mayorías al legalizar el efecto de las morochas.
¿Por qué se legalizan? El artículo 7 de la referido Ley señala: (...) "la elección nominal no incidirá en la elección proporcional mediante lista".
El sistema que sólo avalan los diputados del PSUV y el PCV -que fueron elegidos en el año 2005 con una abstención de 75%- puede instaurar en Venezuela un sistema de partido hegemónico, en donde una organización política cuenta más que las demás, esto es consecuencia de eliminar la representación proporcional.
En este tipo de sistema -según el teórico electoral Giovanni Sartori- aunque las leyes permiten la existencia de otros partidos y que éstos compitan entre sí por el poder, en realidad no pueden obtener el triunfo y están atados al partido más grande.
"La Ley también podría regresar a Venezuela al sistema de partido dominante", que existió en el país durante "el trienio adeco". En este modelo de partido existe una configuración del poder en la que una organización gobierna sola, sin estar sujeta a la alternancia, siem- pre que obtenga mayoría simple.
En contra de la Historia
En los últimos 50 años, Venezuela ha tenido 15 leyes electorales distintas. En todos estos instrumentos se consagraron disposiciones que permitían que todos los grupos políticos (o la gran mayoría) tuviesen acceso a los cuerpos colegiados. Esta constante se interrumpió con el invento de Eduardo Lapi y el partido Convergencia en el año 2000, cuando idearon un método para "burlar" las distribución proporcional de los cargos. A esta estrategia de postulación se le conoce como "morochas" El invento de Lapi fue perfeccionado por el chavismo, que logró en las elecciones locales del año 2005 acceder a 61% de los cargos a pesar de sólo capitalizar 36,8% de los votos.
Para lograr burlar a la representación proporcional el MVR postuló sólo candidatos tipo lista y creó un partido adicional, en este caso la Unidad de Vencedores Electorales (UVE), para postular a sus candidatos nominales (ver infografía anexa)
En este proceso, de los 2.287 concejales proclamados por el Poder Electoral, la UVE obtuvo 811 cargos, convirtiéndose en la organización con más cargos, aunque no obtuvo ni un solo voto tipo lista.
La técnica no sólo garantiza la sobrerrepresentación del oficialismo en los cargos locales. En las elecciones regionales del año 2004 la estrategia de desvincular el voto tipo lista y nominal le valió a la dupla MVR-Podemos 176 cargos en los consejos legislativos, cuando en realidad sólo le corresponderían 156; mientras en las elecciones del 23 de noviembre de 2008 a la dupla PSUV- UVE se le adjudicaron 166 curules, a pesar de que por su votación sólo le corresponden 120 cargos.
Los afectados por la desvinculación del voto tipo lista y nominal son los partidos chavistas que no se integraron al PSUV (caso PPT o PCV), las organizaciones de oposición y los partidos regionales que en conjunto dejaron de acceder a 46 curules (20% de los cargos)
Si el sistema segmentado de la LOPE se hubiese sido aplicado entre 1958 y 1998 partidos como el MIN, MIR o el propio PCV nunca hubiesen tenido acceso al Congreso Nacional.
El truco: "Gerrymandering"
En la exposición de motivos de la LOPE, los integrantes del PSUV aseguran que se intenta "armonizar el territorio y la población al permitir la conformación de circunscripciones que respondan a nuevas realidades geohumanas". Esta declaración de principios hace suponer a los técnicos electorales de los partidos -de oposición y de minorías chavistas- que en los comicios parlamentarios del año 2010 se votará a través de un diseño parcializado de los circuitos nominales. La literatura electoral denomina a esta técnica como "Gerrymandering" Según la LOPE, los circuitos nominales pueden formarse con combinaciones de municipios y parroquias, comunas o incluso consejos comunales, lo que podría provocar que el Parlamento disminuya la cantidad de diputados nominales que deben escogerse en zonas de voto opositor, para trasladar estos cargos de elección a zonas de voto militante por el PSUV.
Sin fórmula electoral
Entre las omisiones de la Ley avalada por el PSUV y el PCV destaca la ausencia de la fórmula matemática para el cálculo de la adjudicación de los cargos tipo lista. Históricamente en Venezuela se usa el método D'Hondt, muy cuestionado por ser el menos proporcional de los métodos para distribuir cargos, al extremo que provocó un sistema de bipartidismo (AD-Copei) en un sistema proporcional.
Si el Parlamento no utiliza el D'Hondt, puede decantarse por fórmulas como la de Saint Lague, la variante Hare/Niemeyer, el Hagenbach-Bischoff o el cociente imperial. Conocer qué fórmula se empleará es vital para poder entender y calcular cómo se asignan los cargos porque cada fórmula plantea distintas posibilidades y resultados al distribuir los cargos. Ocultar esta información es equivalente a no precisar cómo se contarán los votos tipo lista en Venezuela.
Los sistemas electorales representativos deberían tener dos condiciones: representar a todos (o la gran mayoría) y hacerlo de la manera más justa.
La LOPE no cumple con estas condiciones. Sólo beneficia al PSUV, siempre y cuando continúe obteniendo la mayoría (aunque esta sea de 51%) Si esto cambia, la ley entonces sobrerrepresentará a los grupos sociales a los que hoy se les quiere impedir acceder a la AN.
Eugenio G. Martínez
EL UNIVERSAL
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