sábado, 15 de diciembre de 2007

Bolivia: Partida en dos por una Constitución innecesaria


Un mosaico a punto de quebrarse



Lo que menos necesitaba Bolivia en este momento de su historia era una nueva Constitución. La tesis del Presidente Morales al identificar la aprobación de una nueva Constitución con la refundación de la República, y a ésta con la solución de todos los males del pueblo boliviano, es de una candidez que haría sonreír si no fuera por la gravedad de las consecuencias que ha acarreado.

Las Constituciones no son leyes cualesquiera, gestadas para dar respuesta a necesidades concretas, sacadas adelante por mayorías coyunturales, y nacidas de circunstancias a veces pasajeras. Las Constituciones son normas llamadas a vertebrar de forma duradera un modelo de Estado, a fijar sobre la base de un amplio acuerdo social las reglas al amparo de las cuales va a discurrir en adelante la vida política de sus ciudadanos; en suma, leyes hechas para dotar de un esqueleto resistente a ese cuerpo social constituído por los hombres y mujeres que quieren seguir siendo o empezar a ser una nación. Por ese motivo, las Constituciones deben ser elaboradas con un especialísimo cuidado, con un respeto cuasi reverencial por las formas -de las que depende su legalidad- y solo tras una profunda reflexión sobre sus contenidos -de los que depende su efectividad-. Y, adicionalmente, deben serlo sólo después de una prudente valoración de la oportunidad de embarcarse en un proceso tan complejo y lleno de exigencias; y sólo cuando exista la convicción de que se van a querer, y se van a poder, hallar los consensos necesarios como para que este proceso llegue a buen puerto.

Pues bien: si el anterior fin de semana la bonita ciudad de Sucre ha estado literalmente ardiendo por los cuatro costados, mientras que los miembros de la Asamblea Constituyente reunidos para aprobar la primera versión del proyecto de Constitución debían buscar cobijo en un acuartelamiento militar situado en las afueras; si el martes de la semana pasada los cruceños salieron a la calle en solidaridad con sus vecinos de Sucre, mientras que desde La Paz se anunciaban marchas de apoyo a la Asamblea; si desde más de la mitad de los Departamentos del país se ha anunciado el boicot al futuro referéndum constitucional, mientras que en otro rincón de país los indígenas degollaban perros con los nombres de los Prefectos de esos Departamentos a modo de advertencia; si todo eso -y mucho más- ha venido sucediendo en Bolivia durante los últimos días, semanas, y meses, es sencillamente porque todas las advertencias con las que abríamos estas líneas han sido sistemáticamente ignoradas por los asambleístas llamados a gestar en Sucre la nueva constitución de Bolivia, y por quienes desde La Paz les ha servido de inspiración.

De entrada, lo que menos necesitaba Bolivia en este momento de su historia era una nueva Constitución. La tesis del Presidente Morales -«el Evo», como se le llama coloquialmente- al identificar la aprobación de una nueva Constitución con la refundación de la República, y a ésta con la solución de todos los males del pueblo boliviano, es de una candidez que haría sonreír si no fuera por la gravedad de las consecuencias que ha acarreado.

Si los bolivianos han tenido de algo en demasía durante los dos últimos siglos, han sido Constituciones: Constituciones de partido, hijas de victorias electorales o golpes de Estado, que duraron lo que sus autores fueron capaces de mantenerse en el poder, y que dejaron tras de si, intactos, todos los problemas -debilidad institucional, inestabilidad política, caudillismo, desigualdad, pobreza, analfabetismo...- que habían prometido resolver. Así las cosas, colocar la aprobación de una nueva Constitución en lo más alto de la lista de prioridades de la nueva Administración, en detrimento de otras tareas más perentorias, resultaba un despropósito mayúsculo.

Pero, además de innecesario, el proceso constituyente abierto por Morales ha pecado desde el primer momento de extremadamente inoportuno. Bolivia lleva ya años sumida en el caos, embarcada en una espiral de violencia creciente, que ha generado enfrentamientos cada vez más radicalizados, cuyas heridas -cada vez más profundas- van a tardar cada vez más tiempo en curar ...si es que no han llegado ya al extremo de ser mortales de necesidad. Una dinámica que sin ningún género de dudas tuvo en el propio Evo su primer impulsor, cuando en los tiempos todavía cercanos en los que Sánchez de Lozada, Mesa Gisbert o Rodríguez Veltzé ocupaban el Palacio Quemado de La Paz, era el actual presidente quien movilizaba a los campesinos, enardecía a los mineros, promovía marchas de protesta, bloqueaba carreteras, cercaba las instituciones y hacía -en suma- imposible la gobernabilidad del país.

Una vez más, sólo la candidez de un político poco experimentado -y peor asesorado- podría suponer que estas dinámicas de enfrentamiento radicalizado que él había promovido desde la oposición fueran a interrumpirse en el instante mismo de asumir el poder. Muy al contrario, éstas no sólo han continuado sino que se han agravado y se han generalizado, de modo que a día de hoy Bolivia se halla presa por un lado de la violencia de los sectores sociales que facilitaron el ascenso de Morales, impacientes por acelerar los cambios prometidos, y de otro por la de quienes se oponen a estos cambios, que han aprendido bien la lección de cómo hacer ingobernable a un país. En estas circunstancias, la simple idea de abrir un proceso constituyente resulta disparatada, y quien quiera que fuera que puso esta empresa en la cabeza de Evo Morales debería reflexionar muy seriamente sobre sus consecuencias para Bolivia.

Y, por supuesto, está el problema de las formas, esenciales en toda democracia. Durante meses, los constituyentes reunidos en Sucre debatieron y debatieron en torno a si la nueva Constitución debía ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los asambleístas -el sistema requerido por la Constitución de 1994- o si su condición de Constitución de nueva planta, hija de una asamblea constituyente originaria y soberana permitía obviar este requisito, y ser aprobada sencillamente por la mayoría de la Asamblea.

Dejando de lado argumentos formalistas -de resolución, por otra parte, no tan compleja como pareciera- el debate no fue sino una coartada tras la que esconder un problema mucho mas prosaico: que el oficialismo partidario de Morales disponía, sí, de mayoría absoluta en la Asamblea, pero no de los dos tercios de los votos. En otras palabras, que mientras la aplicación de la regla de la mayoría permitía el uso del rodillo parlamentario por parte del MAS, la regla de los dos tercios obligaba a pactar con la oposición los contenidos de la Constitución. Ocioso será decir a la vista de los resultados, cual fue el criterio que acabó imponiéndose, y cuales serán -en consecuencia- las posibilidades de que esta Constitución, como tantas otras en la historia de Bolivia, sobreviva políticamente a su inspirador.

Por último, supondrá el lector, debería estar la cuestión de los contenidos. Y en efecto, alguno de los contenidos del proyecto constitucional aprobado en el Liceo Militar de Sucre -entre ellos la cuestión de la capitalidad de la República, que los chuquisaqueños quieren que retorne de manera plena a la ciudad- han sido objeto de intenso debate. Pero sería engañarnos pensar que es ése -el contenido de sus artículos- el principal de los obstáculos, y no uno más de los pretextos, para superar las divisiones entre los bolivianos. Cuando el país se encuentra partido, la economía paralizada, las instituciones bloqueadas, y las calles llenas de sangre serán bien pocos quienes tengan la paciencia y el sosiego necesarios para sentarse a leer con detenimiento y a ponderar con mesura un proyecto de Constitución. Lástima que quienes lo promovieron no cayeran en la cuenta de que, ante males como los que desde hace décadas aquejan a Bolivia, un proceso constituyente inoportuno y sectario no es una cura, sino una agravante.

Por Carlos Flores Juberías

http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=2893