Productiva industria expropiada por el régimen se convirtió en ruinas en manos de los mediocres "socialistas".La nómina estatal ha crecido sin cesar y ya se ubica en 2,28 millones de personas
El Ejecutivo ha experimentado con todos los esquemas para lograr la eficiencia en el manejo de los negocios que considera estratégicos, pero aún no lo logra.
Desde la intervención de tierras para entregarlas a los campesinos y la recuperación de industrias que cerraron durante el paro petrolero para entregarle la gestión a sus trabajadores, los ensayos han dado resultados tan pobres que el Gobierno se ha visto obligado a relegar la participación de la población para asumir directamente los proyectos, aunque esto tampoco ha garantizado un final feliz.
Además, la visión estatal del negocio, al menos la que propulsa el presidente Hugo Chávez, incluye mecanismos poco ortodoxos en cuanto a la inyección de recursos a las empresas para mantener o aumentar su productividad, y más se prevé que el dinero se deposite en un fondo manejado por el propio jefe de Estado, lo que significará que las empresas más eficientes cubrirán a las más débiles.
El inicio de la historia La Ley de Tierras que se aprobó por la vía rápida en el año 2001 determinó el pase a manos de los campesinos de extensos terrenos aptos para cosechar, especialmente en los estados Barinas, Bolívar, Cojedes o Apure.
Un reporte del año pasado sobre los fundos zamoranos en los predios "rescatados" indica que existen casos documentados sobre corrupción en la entrega de créditos, predios antes productivos que ahora no lo son o casos de parcelamientos y reventas de tierras.
El ensayo se mudó en 2005 al área industrial a través de la política de expropiar fábricas paralizadas y dejarlas en manos de sus trabajadores, de manera que se cumplía la premisa tan repetida por el presidente Chávez de darle "más poder al pueblo", pero eso jamás llegó.
La promesa inicial fue entregarle a los trabajadores un porcentaje accionario de las fábricas recuperadas, aspiración que permitió el apoyo de la masa laboral a las declaratorias de utilidades pública. Mientras tanto, sería el Ejecutivo el accionistas mayoritario en la papelera, fábrica de tubos y textilera que fueron recuperadas.
Tres años más tarde, y ante factorías plagadas de problemas de suministro de materias primas, pérdidas y malas gestiones, el Gobierno decidió que no era buena idea darle la gestión de esas industrias a los trabajadores y lanzó al olvido la posibilidad de la cogestión.
Sin embargo, empresas como Invepal, Invetex e Inveval, entre las más representativas del proceso, no muestran avances significativos ni en producción ni en arranque, como es el caso de la textilera.
Luego de este experimento el Ejecutivo se embarcó en la posibilidad de crear sus propias empresas para cubrir las necesidades básicas de la población. La idea era concentrar los esfuerzos en el tema alimentario, pero los resultados positivos tampoco han llegado.
Poca pericia Desde la esfera gubernamental hablan de 50 empresas estatales dedicadas a los cereales, lácteos, productos cárnicos, servicios agrícolas y redes en frío, entre otros asuntos. Aun así, la mayoría de la veces más de la mitad de la oferta de productos básicos en la dieta del venezolano, como la carne, la leche, el aceite, el azúcar o los granos, depende de las importaciones.
Ante el reiterado fracaso en lograr el control productivo de sectores estratégicos, desde el año 2007 el Estado comenzó a hacerse con una serie de empresas tales como Cantv, Sidor, las cementeras, las eléctricas, así como la adquisición de la industria láctea Los Andes.
El planteamiento del Gobierno es que las utilidades que generen esas empresas sean depositadas en un fondo que manejará el Ejecutivo, lo que impide la posibilidad de invertir las ganancias en las propias industrias para incrementar sus niveles de productividad.
Ahora, en momentos en que el mundo se encuentra sometido por una crisis económica, el mandatario nacional decidió una nueva ola de expropiaciones e intervenciones, esta vez centradas en las industrias dedicadas a la producción o procesamiento de productos con precios regulados, al menos por los momentos.
Las medidas contra las plantas de arroz y las procesadoras de harina de maíz precocida se traducen en que el Estado asumirá funciones que lo recargan en materia financiera.
No sólo se trata de la inyección de recursos adicionales para el mantenimiento y la inversión de todo el aparato industrial que ha tomado, sino también de una nómina laboral que crece con cada expropiación.
El número de trabajadores que dependen del Estado aumentó a 2,28 millones de personas en enero, según indica el Instituto Nacional de Estadística.
Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL
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