viernes, 19 de octubre de 2007

Brigada parlamentaria: Gobierno nacional es títere de Hugo Chávez



El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Johnny Tórrez Terzo, calificó, este viernes, de títere al gobierno nacional porque está sujeto a las decisiones que toma el presidente venezolano, Hugo Chávez, al enviar tropas a Bolivia.

El parlamentario manifestó que no puede negarse la presencia de militares extranjeros en el país y menos que intervengan un aeropuerto como el de Viru-Viru en Santa Cruz.

¿Dónde está el presidente (Morales) y qué hace ahora?, sostuvo el legislador emenerrista, al señalar que los bolivianos son los llamados a encontrar soluciones a problemas internos.

Tórrez lamentó que bajo la consigna de "nacionalización" se permita ahora la presencia de militares venezolanos y tal vez en breve haya tropas iraníes en Bolivia, luego de los acuerdos energéticos suscritos con ese país asiático.

El diputado señaló que al país ingresaron cubanos y venezolanos como educadores y médicos, sin embargo, nadie constató si evidentemente esas personas cumplen esa función.

Reiteró que la toma del aeropuerto de Viru-Viru es un atropello contra el departamento de Santa Cruz e incluso constató, cuando retornaba de La Paz a esta ciudad e hizo escala en la capital oriental, la presencia de un avión Antonov, de fabricación rusa, que transportó tropas venezolanas.

Lamentó que el gobierno no haya respondido a las insinuaciones de Hugo Chávez de convertir a Bolivia en un segundo Vietnam, en caso de que se atente contra el presidente Evo Morales o se intente derrocarlo por parte de los sectores "oligarcas".

Tórrez calificó como un atropello a Bolivia que un dignatario extranjero lance amenazas y las autoridades no respondan y prefieran el silencio.

Los tiempos.com
http://www.lostiempos.com/noticias/19-10-07/19_10_07_ultimas_nac11.php


Bolivia: manifestación opositora deriva en fuertes ataques contra Chávez


LA PAZ (AFP) — Una manifestación convocada este viernes en la boliviana Santa Cruz para protestar por la decisión del gobierno de militarizar el aeropuerto de esa ciudad derivó en duras críticas contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien un influyente dirigente llamó "macaco mayor".

El prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado uno de los principales opositores al presidente Evo Morales, acusó a Chávez de injerencia en asuntos internos de Bolivia, un día después de declararlo persona no grata del departamento más rico del país.

"Estos sinvergüenzas, este macaco mayor de Chávez, nunca va a ser autonomista", dijo Costas ante cientos de personas reunidas para protestar contra el gobierno por la militarización del aeropuerto internacional de Viru Viru realizada el jueves por una pugna interna entre funcionarios del mismo.

Esa pugna interna terminó convirtiéndose en una nuevo forcejeo de poder entre el gobierno central y el derechista gobierno de Santa Cruz, que lidera una batalla para obtener una autonomía que le permita manejar sus propios recursos y una mayor independencia política.

La marcha de este viernes se realizó pese a que más temprano el gobierno ordenó la desmilitarización del aeropuerto Viru Viru como exigían los líderes civiles regionales de derecha. Ya la víspera una manifestación en cercanías del aeropuerto fue disuelta mediante el uso de gases lacrimógenos.

Chávez "nunca va a ser autonomista porque la autonomía reparte el poder económico y administrativo a los pueblos, a la gente", señaló Costas, que el jueves remarcó que "el único comandante de este pueblo, soy yo" en aparente desconocimiento al presidente Morales, constitucionalmente capitán general de las Fuerzas Armadas.

Para evitar violencia, según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el gobierno replegó este viernes unos 300 efectivos militares y policiales que tomaron a su cargo el jueves el control de Viru Viru.

El problema del aeropuerto se inició con la orden del gobierno central de cambiar a las autoridades que allí laboraban.

El gobierno tomó esa medida argumentando que debían corregirse irregularidades cometidas por funcionarios -que eran respaldados por las organizaciones civiles de Santa Cruz- que pusieron en riesgo los vuelos internacionales, según el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.

Las autoridades de Santa Cruz, en cambio, consideraron que los cambios de funcionarios aeroportuarios tiene que ver con manejos políticos del gobierno de Morales.

El vicepresidente del privado Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, consideró el jueves que el gobierno "trata de imponer autoridades de afuera (de La Paz) y en el fondo quizás la intervención es para que los aviones de Cubana y Venezolana de Aviación entren y salgan de este país" libremente.

"Ya lo dijo el señor (Hugo) Chávez, quieren invadirnos; esta mañana hemos visto aterrizar un avión" venezolano, denunció Nuñez, mientras el gobierno explicó que la aeronave llegó a recoger becarios bolivianos.

http://afp.google.com/article/ALeqM5gxJEFqRZnBQ9Vem3yVCOXTJMGx2Q


Gobierno despertó el sentimiento de autonomía
Santa Cruz responde al mensaje del gobierno: "no tenemos miedo, carajo"

La convocatoria de las autoridades cruceñas a defender la institucionalidad recibió este viernes una contundente respuesta al mensaje de confrontación que el gobierno mandó: "no tenemos miedo, carajo".

Ese fue el grito de guerra que se escuchó desde muy temprano, desde el momento mismo en que la gente se concentraba a los pies del monumento Cristo Redentor y se preparaba a trasladarse hasta el aeropuerto Viru Viru, cuyas instalaciones, 24 horas antes, habían sido tomadas por efectivos militares y policiales.

Se calcula que unas 20 mil personas se dieron cita en el aeropuerto Viru Viru y más de 300 hicieron vigilias para evitar que más soldados lleguen hasta el aeropuerto.

Si gobierno tuvo, en algún momento la intención de mostrar su poder, este es el momento que debe repensar en su política, ya que la respuesta a la esa acción militar revivió el sentimiento de autonomía y proclamó, una vez más, a Costas como Gobernador de Santa Cruz.

El jueves, un grupo de militares, apoyados por un contingente policial, tomó por la fuerza las instalaciones del aertopuerto Viru Viru, por un tema administrativo y provocó un enfrentamiento primero con los funcionarios de Aasana, luego con una muchedumbre que se dio cita en el lugar para defeder la institucionalidad cruceña.

Ante el temor de que trataba de militarizarse Santa Cruz, luego de la amenaza del presidente venezolano Hugo Chávez, las autoridades y representantes de diversas instituciones convocaron al pueblo cruceño a defender los intereses del departamento.

Se declaró feriado escolar y hubo tolerancia en las empresa privada para que la gente pueda acudir a la marcha de protesta en el mismo aeropuerto Viru Viru.

RETORNO A LA NORMALIDAD
Todos los funcionarios de Aasana volvieron a sus fuentes de trabajo, sacando a la gente que el gobierno había puesto para que maneje el control aéreo.

Los trabajadores de Aasana volvieron a sus trabajos en la torre de control, servicios y plataforma, de donde habían sido sacados ayer en forma violenta por los militares.

ESTE ES EL CAMBIO
El presidente de la entidad cívica, Branko Marinkovic, dijo que este es el verdadero cambio, el que la gente quiere y demanda y que está dispuesta a responder ante el llamado de defensa de la institucionalidad, no es "el cambio trasnochado que nos quieren imponer", dijo.

Añadió que los cruceños "seguiremos definiendo y defendiendo nuestro futuro y nuesto departamento". Felicitó a la mujeres que llegaron hasta Viru Viru a defender sus instituciones. "Todo lo que ocurrió ayer valió la pena y si tenemos que volverlo a hacer lo haremos", aseguró.

Marinkovic lanzó una advertencia: "la lucha empieza hoy por las autonomías. Ahora más que nunca se hace necesario que exijamos que nuestro departamento sea autónomo", dijo.

GOBERNADOR Y COMANDANTE DEPARTAMENTAL
En la oportunidad se proclamó al único comandante departamental de Santa Cruz, a quien recibió el voto del pueblo, a quien la gente le confió la defensa de Santa Cruz, a quien tiene el mando, se dijo.

Costas fue proclamado gobernador de Santa Cruz bajo imparables estribillos que lo denominaron comandante departamental y gobernador de Santa Cruz.

Dijo que ya no había militares en Viru Viru, "porque esa fue la imposición que se dio para dialogar. Este aeropuerto es un ícono cruceño y fue defendido como tal", aseguró Costas en un extenso discurso. (ver nota complementaria).

Se destacó la presencia del líder cruceño Carlos Valverde Barbery, quien fue uno de los que reclamó al prefecto su condición de comandante departamental de todas las fuerzas.

Este encuentro fue considerado como una victoria en contra de los intentos de militarizar Santa Cruz y como una muestra de que ante cualquier intento de tomar el departamento por la fuerza la gente saldrá a las calles a defenderse.

En la oportunidad, Costas aprovechó para reiterar que el presidente de Venezuela Hugo Chávez no tiene pisada en Santa Cruz, lo llamó también macaco mayor, dictadorzuelo, golpista y sinvergüenza con veleidades de libertador, enfatizó.

Pasado el mediodía y luego de un acto que terminó en fiesta, la gente se retiró del aeropuerto, pero en la carretera Santa Cruz-Warnes quedaron los universitarios en su primera medida de protesta en defensa de los recurso del IDH que el gobierno pretende cercenar.

http://www.hoybolivia.com/portal/Noticia.php?id=15844

http://santacruz-bolivia.blogspot.com/




1. Caso militarización del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra – Bolivia)


Descripción de los hechos

El jueves 18 de octubre del 2007, a las 3:40 horas de la madrugada, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (principal terminal aérea de Bolivia) recibió una comunicación del capitán de un avión Hércules CP-130, solicitando permiso para aterrizar.

El arribo de la aeronave, cuyo propósito se desconocía, se produjo a las 3:47 horas. Minutos después, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras todas las instalaciones del Aeropuerto. Según testimonios de varios funcionarios regionales de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), el apagón fue seguido por la rotura de las puertas y ventanas que separan a los espacios interiores del edificio de la pista de aterrizaje, luego de lo cual se oyeron pisadas de botas y el sonido correspondiente al despliegue de un gran contingente humano.

Según testimonio de Edgar López Jiménez, controlador de tráfico aéreo, el ingreso de tropas fue acompañado de disparos realizados por los efectivos en la oscuridad, con lo que habrían resultado heridos accidentalmente dos de los militares que fueron parte del operativo comando. De acuerdo a éste y otros testigos presenciales, efectivos militares con trajes camuflados, armamento pesado y rostros con pinturas de guerra sometieron a los 20 funcionarios que se encontraban en el Centro de Control, haciendo un uso excesivo de la fuerza que incluyó empujones con las ametralladoras, además de abundantes agresiones físicas y verbales.

Los efectivos encañonaron con su armamento de guerra a los funcionarios, ordenándoles tumbarse en el suelo, tras lo cual, sin dejar de apuntarlos, procedieron a requisarles todos los efectos personales (celulares, billeteras, etc.). En esa acción fue agredido el meteorólogo Ricardo Zambrana, a quien le partieron el labio inferior por negarse a entregar su teléfono celular.

Los funcionarios de AASANA Viru Viru permanecieron detenidos en el Centro de Control y luego en otras dos salas por espacio de media hora, tras lo cual se les habría indicado que podrían irse y retornar a las 48 horas a sus puestos de trabajo, “siempre y cuando no hubieran declaraciones a la prensa y no hicieran público el operativo realizado”, según testimonio de Edgar López Jiménez y del director regional de AASANA, Ronald Toro.

En ese lapso de tiempo, llegaron al Aeropuerto dos camiones militares con efectivos de apoyo, así como un contingente de policías en motocicletas. Los funcionarios de AASANA se retiraron de las instalaciones, permaneciendo varios de ellos en el área verde contigua al Aeropuerto, lugar donde se produjo un nuevo hecho de represión, esta vez a cargo de la Policía Nacional.

Otros dos funcionarios de la Administración Aeroportuaria resultaron agredidos, cuando un efectivo policial empujó con su motocicleta a la Sra. Sara Ayala, mientras que otro lanzó gas pimienta a la cara del Dr. Jorge Hollweg, asesor legal de AASANA, quien debió ser internado de urgencia en la clínica de la Caja Petrolera por las complicaciones de hipertensión sufridas en ese momento.

El testimonio del meteorólogo Erick Dickson Salvatierra es coincidente con los anteriores. El funcionario atestigua que al cortarse el suministro de energía eléctrica, bajó desde la torre de control hacia el área de pasajeros, momento en el que escuchó fuertes sonidos de pisadas. Salvatierra preguntó quién andaba en la oscuridad y dio la voz de alto, tras lo cual fue derribado al piso y golpeado con reiteración, en medio de numerosas agresiones verbales. Casi de inmediato, dos funcionarios de AASANA que fungen de guardias de seguridad (desarmados) también dieron la voz de alto, momento en el que las tropas abrieron fuego y en el que habrían resultado heridos los dos efectivos militares, cuyos nombres aún no hemos podido confirmar.
Erick Dickson Salvatierra y los dos guardias de seguridad fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Villa 1º de Mayo (barrio periférico de Santa Cruz), bajo la acusación de ser los causantes de las heridas de los efectivos militares. La detención de los tres funcionarios de AASANA continuó hasta altas horas de la tarde, incluyendo su traslado a la comisaría del barrio 2 de agosto, presumiblemente para mantenerlos incomunicados e imposibilitarles su defensa legal.

Tras efectuarse la prueba del guantelete a los funcionarios, misma que resultó negativa, los tres fueron liberados, siendo internado en la clínica de la Caja Petrolera Erick Dickson Salvatierra, donde se recupera de la salvaje golpiza de la que fue objeto.

Es importante anotar que la intervención militar y policial de Viru Viru (aeropuerto de carácter civil) fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, y que durante varias horas se impidió el acceso de la prensa al lugar. Los funcionarios de AASANA coincidieron en denunciar el trato degradante sufrido durante la violenta intervención, así como la presencia de tropas venezolanas en el operativo comando, e informaron que los controladores profesionales fueron sustituidos por militares traídos desde La Paz y Cochabamba.
Hacia el mediodía de esa misma jornada se comentó la llegada de un segundo avión Hércules procedente de la ciudad de La Paz, supuestamente con controladores aéreos venezolanos, extremo que no ha podido ser confirmado, aunque el Canal de TV 33 “Gigavisión” mostró imágenes de varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el interior del Aeropuerto de Viru Viru.

Posteriormente, los canales Unitel y Red Uno también filmaron a efectivos venezolanos en Viru Viru, en el preciso momento en que el ministro de transporte, José Kinn, negaba su presencia.
En las primeras horas de la tarde del 18 de octubre del 2007, también circularon insistentes versiones sobre una inminente militarización de la Caja Petrolera, ante lo cual los trabajadores de esa institución de salud efectuaron una ocupación preventiva de sus instalaciones.

Violación

El proceder de los efectivos militares y policiales durante la toma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, que establece:
“Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Igualmente, la violencia de la intervención policial infringió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en su artículo 1 señala:
“La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad”.
El operativo tampoco se atuvo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dado el evidente abuso en la utilización de dichos medios:
“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA sostiene que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los funcionarios públicos sólo pueden hacer uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios.
La intervención forzosa de la principal terminal aérea del país también habría violado el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana:
“La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.

De confirmarse que el corte en el suministro de energía eléctrica fue realizado por las tropas militares como parte de su operativo, se habría atentado también contra la seguridad de todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto, dados los altos riesgos que el apagón significó para las operaciones de tráfico aéreo.
La militarización de AASANA Viru Viru ordenada por el gobierno central también violó el Decreto Supremo 22310, que establece el carácter desconcentrado de esa repartición.

Víctimas

Las víctimas directas de militarización son los funcionarios de AASANA Viru Viru, que fueron detenidos de manera ilegal y agredidos física y psicológicamente. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, por los riesgos que conllevó la operación.

Responsables

La intervención fue ordenada y/o ejecutada por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de defensa, Walker San Miguel; el ministro de gobierno, Alfredo Rada; y el ministro de transporte, Carlos Kinn. Igualmente, tienen responsabilidades el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Luis Trigo, quien estuvo a cargo del operativo, y el Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Roberto Caballero.

Reacción del Estado y otras reacciones

El gobierno intentó justificar la intervención indicando que la toma se realizó para precautelar la seguridad de las operaciones de tráfico aéreo en Viru Viru, luego de las demoras sufridas por vuelos de aerolíneas como GOL, American Airlines y TAM Mercosur, por problemas administrativos sucedidos en pasados días. Así lo manifestó el vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, que en entrevista concedida a Red Uno dijo: “Recurrimos a la fuerza para garantizar las operaciones aéreas”. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el operativo como “una intervención técnico-administrativa” y dijo que se realizó “Para preservar la sobrevivencia de AASANA Santa Cruz”. Ambos coincidieron en negar la participación de militares venezolanos en la toma del aeropuerto.

El presidente de la república, Evo Morales Ayma, declaró en una conferencia dada el 18 de octubre por la noche, desde la sede de la Federación de Colonizadores, que la intervención estuvo motivada por casos de corrupción en la regional de AASANA de Santa Cruz, y que quienes se oponían a la militarización eran “sectores reaccionarios y conservadores”. Fuentes del gobierno señalaron como un ejemplo de estos casos de corrupción los cobros “bajo ala” hechos por AASANA Viru Viru a varias aerolíneas.

Por su parte, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo en conferencia de prensa que la situación de AASANA Viru Viru “era insostenible” y que estaba justificada la intervención. Expresiones similares fueron utilizadas por el ministro de transportes, José Kinn, quien también negó la presencia de tropas venezolanas. Curiosamente, mientras hablaba con los canales de televisión, las cámaras enfocaron a sus espaldas a varias personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Posteriormente, la versión gubernamental pasó de negar la presencia de tropas venezolanas a señalar que, casualmente, se encontraba en Viru Viru un avión militar de ese país encargado de “trasladar becarios hacia Caracas”.

Varias de las autoridades citadas, así como el viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra, acusaron a los tres funcionarios de AASANA que estuvieron detenidos de ser los causantes de las heridas de los dos efectivos militares, si bien se abstuvieron de hacer comentarios luego de su liberación tras la prueba del guantelete.
El director regional de AASANA, Ronald Toro, informó que el origen de los conflictos administrativos entre la Unidad Desconcentrada y el gobierno se encuentran en la intención de este último de centralizar el manejo de esa repartición, eliminando el sistema de concurso de mérito existente hasta el momento. Asimismo, recordó que durante la gestión de Evo Morales se ha denunciado varias veces la entrada de tropas y cargamentos de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la cual el gobierno estaría buscando eliminar todo tipo de control independiente sobre el movimiento de esa terminal aérea.

Tanto Toro como el controlador Edgar López Jiménez coincidieron en señalar que el cobro “bajo ala” está autorizado por la Superintendencia de Transportes, y que es un procedimiento normal que siempre se aplicó. Indicaron que el conflicto administrativo se originó en la decisión del gobierno de centralizar la recaudación de estos cobros en una cuenta manejada por la dirección nacional de AASANA. Toro precisó que el 60% de las recaudaciones de la Administración Aeroportuaria se originan en la regional Santa Cruz, pero que del 20.8% que debería retornar el gobierno estaría reteniendo el 14%. Igualmente, informó que fue la regional de esa repartición la que pidió a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría interna, para aclarar las acusaciones vertidas desde el gobierno nacional.

Los funcionarios de AASANA discutieron el argumento de que la intervención se haya realizado para precautelar la seguridad de las operaciones aéreas; según detallaron, ya se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas para viabilizar los vuelos retrasados y había avances en la negociación con el gobierno central. También indicaron que el riesgo en las operaciones aumentó en gran manera con la toma militar-policial de la terminal aérea, y con la sustitución de los controladores habituales por otros inexpertos.

La militarización de Viru Viru fue rechazada de manera contundente por las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, que conformaron un Comité Interinstitucional para la defensa de la descentralización de esa repartición.

El diputado Mario Cronembold anunció que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos de los trabajadores del Aeropuerto. Varios parlamentarios denunciaron la intencionalidad política de la militarización y la subordinación gubernamental a instrucciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, que en días pasados advirtió con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras”.

De igual manera se expresaron los representantes del Comité Pro Santa Cruz, la Prefectura Departamental (gobernación), Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales, Federación Universitaria Local, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados. Todos coincidieron en calificar a la militarización como un atentado contra las aspiraciones autonómicas de la región, y como un atentado a la soberanía nacional por la presunta participación de militares venezolanos.

En declaraciones a radio Erbol, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, dijo que la intervención del Aeropuerto era “el primer paso de una arremetida del gobierno contra la autonomía” y llamó a “hacer de la defensa del Aeropuerto un grito de libertad”.

El periodista Cayetano Llobet, tal vez el analista más prestigioso de Bolivia, declaró de manera enfática a la Red Unitel que la militarización de Viru Viru fue “una intervención innecesaria”.

En declaraciones dadas a CNN desde Washington, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Gabriel Dabdoub, señaló que la militarización del Aeropuerto de Santa Cruz fue parte del proyecto de un “Estado hegemónico y totalitario hacia el que está moviéndose el gobierno de Evo Morales, por influencia de Hugo Chávez”. Añadió que “para combatir la corrupción existen leyes y procesos judiciales. No se combate la corrupción con los militares y reprimiendo al pueblo”. Dabdoub también dijo que “El gobierno quiere volver a centralizar todas las instituciones, en este caso las AASANAS descentralizadas”.


2. Caso represión a manifestantes en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru

Descripción de los hechos

El jueves 18 de octubre de 2007, a las 13:00 horas, el Comité Interinstitucional conformado para defender la descentralización del Aeropuerto de Viru Viru determinó la realización de una gran marcha pacífica hacia esa terminal aérea, para exigir el cese de la militarización y la normalización de su funcionamiento institucional.
Alrededor de las 16:00 horas, una columna de aproximadamente 2.000 ciudadanos, desarmados y portando únicamente banderas cruceñas, llegó hasta la tranca de acceso del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se encontraba custodiada por un fuerte operativo policial. Varios centenares de efectivos antimotines impidieron el paso de los manifestantes, amenazando con atropellarlos con sus motocicletas y lanzando gran cantidad de latas de gas lacrimógeno, que en varios casos impactaron directamente contra los cuerpos de los ciudadanos, causándoles heridas de diversa índole. También se hicieron disparos de balines, que hirieron al menos a cuatro manifestantes.

Varias de las personas que se encontraban al frente de la columna fueron golpeadas por los efectivos policiales, como en el caso de Analía Álvarez, periodista del diario La Estrella del Oriente que recibió golpes de laque, patadas y empujones, y que presenta múltiples heridas en brazos y piernas. Un hombre (NN) recibió un fuerte golpe que le ocasionó un corte importante en la cabeza, que obligó a los paramédicos a realizarle puntos de sutura.

Varios diputados de Santa Cruz lograron atravesar el cerco policial, no sin antes recibir los golpes de los policías que no respetaron su inmunidad parlamentaria: Wálter Arrázola, Ernesto Justiniano, Wilfredo Añez, Gary Pereira (presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña), Roxana Gentile, Mario Cronembold y María René Espada.
También fueron gasificados y/o golpeados el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; los dos vicepresidentes de esa entidad, José Luis Nuñez y Roberto Gutiérrez; la presidenta del Comité Cívico Femenino, Ruth de Lozada; la senadora María Silvia Baldomar; el secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera; los constituyentes Javier Limpias y Wilder Vaca, y los diputados Choco Pacheco, Oscar Urenda, Gina Crispieri, Michiaki Nagatani, Mamén Saavedra y Rubén Tabata.

Tres observadores de HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA pudieron constatar in situ la violencia de la represión, que obligó a los paramédicos a atender varias emergencias, como la de la presidenta del grupo “Mujeres de Septiembre”, Marioly Vincenti, que fue herida por un disparo de balín que le provocó un absceso en una pierna, razón por la cual debió ser trasladada a la clínica de la Caja Petrolera en horas de la noche.
Cabe anotar que las latas de gas lacrimógeno ocasionaron un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto, que podría haberse constituido en un riesgo para las personas que se encontraban dentro del edificio.

Un grupo de 20 personas integrado por parlamentarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el secretario general de la Prefectura lograron llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto, donde desplegaron una gran bandera cruceña. Hacia las 19:00 horas entablaron un diálogo con el ministro de transportes, Carlos Kinn, donde reclamaron la desmilitarización de la terminal aérea. Las negociaciones se interrumpieron al saberse que en la tranca de acceso había comenzado una nueva gasificación, más violenta que la anterior.

El operativo comenzó al llegar nuevos grupos de manifestantes, organizados por la Federación Universitaria Local. La represión llegó hasta la carretera y afectó a los ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por el bloqueo de esa vía. Niños, mujeres y ancianos fueron gasificados, así como las ambulancias con los heridos. Numerosos heridos por disparos de perdigón y personas mayores con graves problemas respiratorios fue el saldo de la segunda oleada represiva.

Fueron agredidos por la policía periodistas de varios canales de televisión (PAT, Activa y SITEL), e incluso se llegó a amenazarlos con la detención. La periodista Uriel Gutiérrez, del Canal 57, debió ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Japonés, aquejada de dificultades respiratorias causadas por la gasificación.
Horas después, ya con la presencia del Prefecto (gobernador) del Departamento, Rubén Costas Aguilera, el Comité Interinstitucional anunció que se mantendría una vigilia durante toda la noche en la tranca de acceso, y se convocó a una concentración multitudinaria para el día siguiente con el objetivo de reunir decenas de miles de ciudadanos y efectuar la retoma pacífica del Aeropuerto.

También por la noche se conoció del arribo a Santa Cruz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría llegado acompañado por 100 efectivos policiales de refuerzo.
En la mañana del viernes 19 de octubre del 2007, y ante la inminencia del desplazamiento masivo de ciudadanos hacia el Aeropuerto, el ministro Quintana anunció el retiro de las fuerzas militares y policiales señalando que “Ya se ha recobrado la calma”.

A partir de las 10:00 de la mañana, y tras la rápida salida de las tropas, una concentración de 30.000 asistentes festejó en Viru Viru la desmilitarización de la terminal aérea. Allí, el Prefecto del Departamento envió un mensaje al gobierno: “Aprendan a usar el Estado de Derecho”. Los funcionarios de la regional de AASANA volvieron a sus cargos respectivos y encontraron vacía la torre de control, así como diversos destrozos ocasionados por la ocupación militar.

Violación

La feroz represión contra manifestantes desarmados y pacíficos violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, de los ciudadanos congregados en las afueras del Aeropuerto.
Las golpizas contra manifestantes y otros tratos violentos transgredieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También fue violado el artículo 9 del mismo Pacto:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
El derecho de reunión de los manifestantes fue violentado de manera flagrante, infringiéndose el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica”), el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”) y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”).

Igualmente, fueron transgredidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y la Ley, ya citados en páginas anteriores de la presente denuncia.
Las acciones de agresión a periodistas y de obstaculización a su labor violan la libertad de expresión y de opinión, conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México:
“Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.”
De igual manera, se contravino el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
También fue violada la inmunidad parlamentaria de varios diputados y de una senadora nacional, fuero establecido en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.

Víctimas

Alrededor de 3.000 manifestantes, entre ellos gran cantidad de mujeres y de personas de edad avanzada; los ocupantes de los vehículos varados en la carretera, incluyendo niños; el personal médico y paramédico que socorría a los manifestantes heridos o gasificados; los periodistas que cubrían los sucesos y varios parlamentarios nacionales, así como varias autoridades del departamento.

Responsables

El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; ministro de gobierno, Alfredo Rada; viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra; y el Comandante Departamental de Policía, Rolando Caballero.

Reacciones del Estado y otras reacciones

El ministro Quintana atribuyó la situación de tensión a “la falta de compromiso de las autoridades del departamento de Santa Cruz en la lucha contra la corrupción”, pero no ofreció explicaciones sobre la represión policial desatada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El vocero presidencial, Álex Contreras, atribuyó la violencia a los manifestantes, línea que también siguió la cobertura del Canal 7 (de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social). Este medio también puso en circulación un spot donde se mostraba expedito el acceso a Viru Viru, obviando la presencia de los manifestantes.
El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, denunció que “estamos en una verdadera dictadura”, declaración coincidente con las de numerosos ciudadanos indignados que advirtieron sobre el peligro para la democracia generado por las acciones gubernamentales. En ese orden se inscriben las declaraciones de parlamentarios de Santa Cruz, como el diputado Ernesto Justiniano, quien denunció el “terrorismo de Estado”.
El prefecto Rubén Costas repudió los actos de represión y le recordó a las fuerzas policiales su condición de Comandante General del Departamento, condición reconocida por la legislación vigente de Bolivia.
El cardenal Julio Terrazas condenó la violencia en su homilía del jueves 18 de octubre, durante una misa celebrada al anochecer en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, Basílica Menor de San Lorenzo.
El 19 de octubre, en horas de la mañana, los periodistas de Santa Cruz realizaron en la plaza 24 de septiembre una manifestación de protesta por las agresiones sufridas. Ejecutivos del Sindicato de la Prensa local censuraron el accionar policial y anunciaron un pronunciamiento que será dado a conocer el día lunes 22 de octubre.
Tras la retoma pacífica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el día viernes 19 de octubre del 2007, el ministro Juan Ramón Quintana fue consultado por el canal 13 “Red Uno”, que pidió sus conclusiones sobre el desenlace del conflicto. El Ministro de la Presidencia dijo que “los cruceños son los derrotados”, declaración que incurriría en un acto de discriminación hacia todos los habitantes de una región del país y en una posible violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

LINKS DE PRENSA

VIDEO DE LA TOMA DEL AEROPUERTO:
http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2125

Santa Cruz resistiò los gases. Hubo heridos de mujeres y ancianos
http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2131

Santa Cruz contra Chàvez y lo culpan de las agresiones:
http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2132

El prefecto de Santa Cruz dice "El Comandante soy yo."
http://www.unitel.tv/telepais/videos.php?id=2128

Toma militar de Viru Viru desata furia en Santa Cruz
http://www.elnuevodia.com/versiones/20071019_007253/nota_249_495525.htm

La violencia rememoró a las dictaduras militares
http://www.el-nuevodia.com/versiones/20071019_007253/nota_249_495529.htm


Intervención militar-policial

Represión
Santa Cruz respondió ante la intervención

Costas llamó al pueblo a concentrarse en Viru Viru

Multitudinaria marcha respaldó a Rubén Costas en la retoma de Aasana
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-19/vernotaaldia.php?id=071019150018

Instituciones se movilizan tras violencia en Viru Viru

FFAA toman Viru Viru e instituciones declaran paro
Intervención. Más de 450 efectivos armados controlan el aeropuerto. Los vuelos son irregulares. Las fuerzas vivas de la región dan ultimátum al Gobierno. Iniciarán auditoría a Aasana regional. Hoy no habrá clases
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-19/vernotaeconomia.php?id=071019023238

http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-10-19/economia.php

21 de octubre de 2007 11:52

Nota:

A la persona que posteó esta información: parecer ser que esta URL no es correcta, confirmar si es así: http://hrfbolivia.blogspot.com/

Recomendación personal:

Echen a patadas de Bolivia a los militares venezolanos que se encuentran allí, pues tienen planeado masacrar a la oposición boliviana, con ayuda de cubanos e iraníes, si se rebelan contra el régimen de Evo Morales.

Todos esos militares venezolanos que se encuentra en Bolivia son chavistas-comunistas, entrenados para matar. Se cree que también hay cubanos e iraníes portando uniformes de la FAN de Venezuela, y tienen órdenes de liquidar a todos los bolivianos que se rebelen contra Evo Morales. Ya están avisados. Ecjen de su país a esos militares comunistas y asesinos, y se sugiere quemar fotos de Chavez Frías en sus protestas. A Chavez Frías le molesta que lo llamen "zambo" (es un zambo), pueden llamarlo "el mono zambo" o el "zambo dictador", pues el idiota tiene un complejo de inferioridad a causa de su origen racial: mezcla de indio y negro.

1 comentario:

humanrightsfoundation - Bolivia dijo...

http://hrfbolivia.blogspot.com/


1. Caso militarización del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra – Bolivia)


Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre del 2007, a las 3:40 horas de la madrugada, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (principal terminal aérea de Bolivia) recibió una comunicación del capitán de un avión Hércules CP-130, solicitando permiso para aterrizar.
El arribo de la aeronave, cuyo propósito se desconocía, se produjo a las 3:47 horas. Minutos después, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras todas las instalaciones del Aeropuerto. Según testimonios de varios funcionarios regionales de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), el apagón fue seguido por la rotura de las puertas y ventanas que separan a los espacios interiores del edificio de la pista de aterrizaje, luego de lo cual se oyeron pisadas de botas y el sonido correspondiente al despliegue de un gran contingente humano.
Según testimonio de Edgar López Jiménez, controlador de tráfico aéreo, el ingreso de tropas fue acompañado de disparos realizados por los efectivos en la oscuridad, con lo que habrían resultado heridos accidentalmente dos de los militares que fueron parte del operativo comando. De acuerdo a éste y otros testigos presenciales, efectivos militares con trajes camuflados, armamento pesado y rostros con pinturas de guerra sometieron a los 20 funcionarios que se encontraban en el Centro de Control, haciendo un uso excesivo de la fuerza que incluyó empujones con las ametralladoras, además de abundantes agresiones físicas y verbales.
Los efectivos encañonaron con su armamento de guerra a los funcionarios, ordenándoles tumbarse en el suelo, tras lo cual, sin dejar de apuntarlos, procedieron a requisarles todos los efectos personales (celulares, billeteras, etc.). En esa acción fue agredido el meteorólogo Ricardo Zambrana, a quien le partieron el labio inferior por negarse a entregar su teléfono celular.
Los funcionarios de AASANA Viru Viru permanecieron detenidos en el Centro de Control y luego en otras dos salas por espacio de media hora, tras lo cual se les habría indicado que podrían irse y retornar a las 48 horas a sus puestos de trabajo, “siempre y cuando no hubieran declaraciones a la prensa y no hicieran público el operativo realizado”, según testimonio de Edgar López Jiménez y del director regional de AASANA, Ronald Toro.
En ese lapso de tiempo, llegaron al Aeropuerto dos camiones militares con efectivos de apoyo, así como un contingente de policías en motocicletas. Los funcionarios de AASANA se retiraron de las instalaciones, permaneciendo varios de ellos en el área verde contigua al Aeropuerto, lugar donde se produjo un nuevo hecho de represión, esta vez a cargo de la Policía Nacional.
Otros dos funcionarios de la Administración Aeroportuaria resultaron agredidos, cuando un efectivo policial empujó con su motocicleta a la Sra. Sara Ayala, mientras que otro lanzó gas pimienta a la cara del Dr. Jorge Hollweg, asesor legal de AASANA, quien debió ser internado de urgencia en la clínica de la Caja Petrolera por las complicaciones de hipertensión sufridas en ese momento.
El testimonio del meteorólogo Erick Dickson Salvatierra es coincidente con los anteriores. El funcionario atestigua que al cortarse el suministro de energía eléctrica, bajó desde la torre de control hacia el área de pasajeros, momento en el que escuchó fuertes sonidos de pisadas. Salvatierra preguntó quién andaba en la oscuridad y dio la voz de alto, tras lo cual fue derribado al piso y golpeado con reiteración, en medio de numerosas agresiones verbales. Casi de inmediato, dos funcionarios de AASANA que fungen de guardias de seguridad (desarmados) también dieron la voz de alto, momento en el que las tropas abrieron fuego y en el que habrían resultado heridos los dos efectivos militares, cuyos nombres aún no hemos podido confirmar.
Erick Dickson Salvatierra y los dos guardias de seguridad fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Villa 1º de Mayo (barrio periférico de Santa Cruz), bajo la acusación de ser los causantes de las heridas de los efectivos militares. La detención de los tres funcionarios de AASANA continuó hasta altas horas de la tarde, incluyendo su traslado a la comisaría del barrio 2 de agosto, presumiblemente para mantenerlos incomunicados e imposibilitarles su defensa legal.
Tras efectuarse la prueba del guantelete a los funcionarios, misma que resultó negativa, los tres fueron liberados, siendo internado en la clínica de la Caja Petrolera Erick Dickson Salvatierra, donde se recupera de la salvaje golpiza de la que fue objeto.
Es importante anotar que la intervención militar y policial de Viru Viru (aeropuerto de carácter civil) fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, y que durante varias horas se impidió el acceso de la prensa al lugar. Los funcionarios de AASANA coincidieron en denunciar el trato degradante sufrido durante la violenta intervención, así como la presencia de tropas venezolanas en el operativo comando, e informaron que los controladores profesionales fueron sustituidos por militares traídos desde La Paz y Cochabamba.
Hacia el mediodía de esa misma jornada se comentó la llegada de un segundo avión Hércules procedente de la ciudad de La Paz, supuestamente con controladores aéreos venezolanos, extremo que no ha podido ser confirmado, aunque el Canal de TV 33 “Gigavisión” mostró imágenes de varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el interior del Aeropuerto de Viru Viru.
Posteriormente, los canales Unitel y Red Uno también filmaron a efectivos venezolanos en Viru Viru, en el preciso momento en que el ministro de transporte, José Kinn, negaba su presencia.
En las primeras horas de la tarde del 18 de octubre del 2007, también circularon insistentes versiones sobre una inminente militarización de la Caja Petrolera, ante lo cual los trabajadores de esa institución de salud efectuaron una ocupación preventiva de sus instalaciones.

Violación
El proceder de los efectivos militares y policiales durante la toma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, que establece:
“Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Igualmente, la violencia de la intervención policial infringió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en su artículo 1 señala:
“La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad”.
El operativo tampoco se atuvo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dado el evidente abuso en la utilización de dichos medios:
“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA sostiene que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los funcionarios públicos sólo pueden hacer uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios.
La intervención forzosa de la principal terminal aérea del país también habría violado el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana:
“La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.
De confirmarse que el corte en el suministro de energía eléctrica fue realizado por las tropas militares como parte de su operativo, se habría atentado también contra la seguridad de todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto, dados los altos riesgos que el apagón significó para las operaciones de tráfico aéreo.
La militarización de AASANA Viru Viru ordenada por el gobierno central también violó el Decreto Supremo 22310, que establece el carácter desconcentrado de esa repartición.

Víctima
Las víctimas directas de militarización son los funcionarios de AASANA Viru Viru, que fueron detenidos de manera ilegal y agredidos física y psicológicamente. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, por los riesgos que conllevó la operación.

Responsables
La intervención fue ordenada y/o ejecutada por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de defensa, Walker San Miguel; el ministro de gobierno, Alfredo Rada; y el ministro de transporte, Carlos Kinn. Igualmente, tienen responsabilidades el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Luis Trigo, quien estuvo a cargo del operativo, y el Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, Roberto Caballero.

Reacción del Estado y otras reacciones
El gobierno intentó justificar la intervención indicando que la toma se realizó para precautelar la seguridad de las operaciones de tráfico aéreo en Viru Viru, luego de las demoras sufridas por vuelos de aerolíneas como GOL, American Airlines y TAM Mercosur, por problemas administrativos sucedidos en pasados días. Así lo manifestó el vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, que en entrevista concedida a Red Uno dijo: “Recurrimos a la fuerza para garantizar las operaciones aéreas”. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el operativo como “una intervención técnico-administrativa” y dijo que se realizó “Para preservar la sobrevivencia de AASANA Santa Cruz”. Ambos coincidieron en negar la participación de militares venezolanos en la toma del aeropuerto.
El presidente de la república, Evo Morales Ayma, declaró en una conferencia dada el 18 de octubre por la noche, desde la sede de la Federación de Colonizadores, que la intervención estuvo motivada por casos de corrupción en la regional de AASANA de Santa Cruz, y que quienes se oponían a la militarización eran “sectores reaccionarios y conservadores”. Fuentes del gobierno señalaron como un ejemplo de estos casos de corrupción los cobros “bajo ala” hechos por AASANA Viru Viru a varias aerolíneas.
Por su parte, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, dijo en conferencia de prensa que la situación de AASANA Viru Viru “era insostenible” y que estaba justificada la intervención. Expresiones similares fueron utilizadas por el ministro de transportes, José Kinn, quien también negó la presencia de tropas venezolanas. Curiosamente, mientras hablaba con los canales de televisión, las cámaras enfocaron a sus espaldas a varias personas con uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Posteriormente, la versión gubernamental pasó de negar la presencia de tropas venezolanas a señalar que, casualmente, se encontraba en Viru Viru un avión militar de ese país encargado de “trasladar becarios hacia Caracas”.
Varias de las autoridades citadas, así como el viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra, acusaron a los tres funcionarios de AASANA que estuvieron detenidos de ser los causantes de las heridas de los dos efectivos militares, si bien se abstuvieron de hacer comentarios luego de su liberación tras la prueba del guantelete.
El director regional de AASANA, Ronald Toro, informó que el origen de los conflictos administrativos entre la Unidad Desconcentrada y el gobierno se encuentran en la intención de este último de centralizar el manejo de esa repartición, eliminando el sistema de concurso de mérito existente hasta el momento. Asimismo, recordó que durante la gestión de Evo Morales se ha denunciado varias veces la entrada de tropas y cargamentos de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la cual el gobierno estaría buscando eliminar todo tipo de control independiente sobre el movimiento de esa terminal aérea.
Tanto Toro como el controlador Edgar López Jiménez coincidieron en señalar que el cobro “bajo ala” está autorizado por la Superintendencia de Transportes, y que es un procedimiento normal que siempre se aplicó. Indicaron que el conflicto administrativo se originó en la decisión del gobierno de centralizar la recaudación de estos cobros en una cuenta manejada por la dirección nacional de AASANA. Toro precisó que el 60% de las recaudaciones de la Administración Aeroportuaria se originan en la regional Santa Cruz, pero que del 20.8% que debería retornar el gobierno estaría reteniendo el 14%. Igualmente, informó que fue la regional de esa repartición la que pidió a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría interna, para aclarar las acusaciones vertidas desde el gobierno nacional.
Los funcionarios de AASANA discutieron el argumento de que la intervención se haya realizado para precautelar la seguridad de las operaciones aéreas; según detallaron, ya se había llegado a un acuerdo con las aerolíneas para viabilizar los vuelos retrasados y había avances en la negociación con el gobierno central. También indicaron que el riesgo en las operaciones aumentó en gran manera con la toma militar-policial de la terminal aérea, y con la sustitución de los controladores habituales por otros inexpertos.
La militarización de Viru Viru fue rechazada de manera contundente por las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, que conformaron un Comité Interinstitucional para la defensa de la descentralización de esa repartición.
El diputado Mario Cronembold anunció que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la violación de los derechos de los trabajadores del Aeropuerto. Varios parlamentarios denunciaron la intencionalidad política de la militarización y la subordinación gubernamental a instrucciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, que en días pasados advirtió con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras”.
De igual manera se expresaron los representantes del Comité Pro Santa Cruz, la Prefectura Departamental (gobernación), Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales, Federación Universitaria Local, Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados. Todos coincidieron en calificar a la militarización como un atentado contra las aspiraciones autonómicas de la región, y como un atentado a la soberanía nacional por la presunta participación de militares venezolanos.
En declaraciones a radio Erbol, el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, dijo que la intervención del Aeropuerto era “el primer paso de una arremetida del gobierno contra la autonomía” y llamó a “hacer de la defensa del Aeropuerto un grito de libertad”.
El periodista Cayetano Llobet, tal vez el analista más prestigioso de Bolivia, declaró de manera enfática a la Red Unitel que la militarización de Viru Viru fue “una intervención innecesaria”.
En declaraciones dadas a CNN desde Washington, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Gabriel Dabdoub, señaló que la militarización del Aeropuerto de Santa Cruz fue parte del proyecto de un “Estado hegemónico y totalitario hacia el que está moviéndose el gobierno de Evo Morales, por influencia de Hugo Chávez”. Añadió que “para combatir la corrupción existen leyes y procesos judiciales. No se combate la corrupción con los militares y reprimiendo al pueblo”. Dabdoub también dijo que “El gobierno quiere volver a centralizar todas las instituciones, en este caso las AASANAS descentralizadas”.


2. Caso represión a manifestantes en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru

Descripción de los hechos
El jueves 18 de octubre de 2007, a las 13:00 horas, el Comité Interinstitucional conformado para defender la descentralización del Aeropuerto de Viru Viru determinó la realización de una gran marcha pacífica hacia esa terminal aérea, para exigir el cese de la militarización y la normalización de su funcionamiento institucional.
Alrededor de las 16:00 horas, una columna de aproximadamente 2.000 ciudadanos, desarmados y portando únicamente banderas cruceñas, llegó hasta la tranca de acceso del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que se encontraba custodiada por un fuerte operativo policial. Varios centenares de efectivos antimotines impidieron el paso de los manifestantes, amenazando con atropellarlos con sus motocicletas y lanzando gran cantidad de latas de gas lacrimógeno, que en varios casos impactaron directamente contra los cuerpos de los ciudadanos, causándoles heridas de diversa índole. También se hicieron disparos de balines, que hirieron al menos a cuatro manifestantes.
Varias de las personas que se encontraban al frente de la columna fueron golpeadas por los efectivos policiales, como en el caso de Analía Álvarez, periodista del diario La Estrella del Oriente que recibió golpes de laque, patadas y empujones, y que presenta múltiples heridas en brazos y piernas. Un hombre (NN) recibió un fuerte golpe que le ocasionó un corte importante en la cabeza, que obligó a los paramédicos a realizarle puntos de sutura.
Varios diputados de Santa Cruz lograron atravesar el cerco policial, no sin antes recibir los golpes de los policías que no respetaron su inmunidad parlamentaria: Wálter Arrázola, Ernesto Justiniano, Wilfredo Añez, Gary Pereira (presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña), Roxana Gentile, Mario Cronembold y María René Espada.
También fueron gasificados y/o golpeados el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; los dos vicepresidentes de esa entidad, José Luis Nuñez y Roberto Gutiérrez; la presidenta del Comité Cívico Femenino, Ruth de Lozada; la senadora María Silvia Baldomar; el secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera; los constituyentes Javier Limpias y Wilder Vaca, y los diputados Choco Pacheco, Oscar Urenda, Gina Crispieri, Michiaki Nagatani, Mamén Saavedra y Rubén Tabata.
Tres observadores de HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA pudieron constatar in situ la violencia de la represión, que obligó a los paramédicos a atender varias emergencias, como la de la presidenta del grupo “Mujeres de Septiembre”, Marioly Vincenti, que fue herida por un disparo de balín que le provocó un absceso en una pierna, razón por la cual debió ser trasladada a la clínica de la Caja Petrolera en horas de la noche.
Cabe anotar que las latas de gas lacrimógeno ocasionaron un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto, que podría haberse constituido en un riesgo para las personas que se encontraban dentro del edificio.
Un grupo de 20 personas integrado por parlamentarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el secretario general de la Prefectura lograron llegar hasta las instalaciones del Aeropuerto, donde desplegaron una gran bandera cruceña. Hacia las 19:00 horas entablaron un diálogo con el ministro de transportes, Carlos Kinn, donde reclamaron la desmilitarización de la terminal aérea. Las negociaciones se interrumpieron al saberse que en la tranca de acceso había comenzado una nueva gasificación, más violenta que la anterior.
El operativo comenzó al llegar nuevos grupos de manifestantes, organizados por la Federación Universitaria Local. La represión llegó hasta la carretera y afectó a los ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por el bloqueo de esa vía. Niños, mujeres y ancianos fueron gasificados, así como las ambulancias con los heridos. Numerosos heridos por disparos de perdigón y personas mayores con graves problemas respiratorios fue el saldo de la segunda oleada represiva.
Fueron agredidos por la policía periodistas de varios canales de televisión (PAT, Activa y SITEL), e incluso se llegó a amenazarlos con la detención. La periodista Uriel Gutiérrez, del Canal 57, debió ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Japonés, aquejada de dificultades respiratorias causadas por la gasificación.
Horas después, ya con la presencia del Prefecto (gobernador) del Departamento, Rubén Costas Aguilera, el Comité Interinstitucional anunció que se mantendría una vigilia durante toda la noche en la tranca de acceso, y se convocó a una concentración multitudinaria para el día siguiente con el objetivo de reunir decenas de miles de ciudadanos y efectuar la retoma pacífica del Aeropuerto.
También por la noche se conoció del arribo a Santa Cruz del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría llegado acompañado por 100 efectivos policiales de refuerzo.
En la mañana del viernes 19 de octubre del 2007, y ante la inminencia del desplazamiento masivo de ciudadanos hacia el Aeropuerto, el ministro Quintana anunció el retiro de las fuerzas militares y policiales señalando que “Ya se ha recobrado la calma”.
A partir de las 10:00 de la mañana, y tras la rápida salida de las tropas, una concentración de 30.000 asistentes festejó en Viru Viru la desmilitarización de la terminal aérea. Allí, el Prefecto del Departamento envió un mensaje al gobierno: “Aprendan a usar el Estado de Derecho”. Los funcionarios de la regional de AASANA volvieron a sus cargos respectivos y encontraron vacía la torre de control, así como diversos destrozos ocasionados por la ocupación militar.

Violación
La feroz represión contra manifestantes desarmados y pacíficos violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, de los ciudadanos congregados en las afueras del Aeropuerto.
Las golpizas contra manifestantes y otros tratos violentos transgredieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 establece que:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También fue violado el artículo 9 del mismo Pacto:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
El derecho de reunión de los manifestantes fue violentado de manera flagrante, infringiéndose el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica”), el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”) y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”).
Igualmente, fueron transgredidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y la Ley, ya citados en páginas anteriores de la presente denuncia.
Las acciones de agresión a periodistas y de obstaculización a su labor violan la libertad de expresión y de opinión, conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México:
“Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.”
De igual manera, se contravino el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
También fue violada la inmunidad parlamentaria de varios diputados y de una senadora nacional, fuero establecido en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.

Víctimas
Alrededor de 3.000 manifestantes, entre ellos gran cantidad de mujeres y de personas de edad avanzada; los ocupantes de los vehículos varados en la carretera, incluyendo niños; el personal médico y paramédico que socorría a los manifestantes heridos o gasificados; los periodistas que cubrían los sucesos y varios parlamentarios nacionales, así como varias autoridades del departamento.

Responsables
El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; ministro de gobierno, Alfredo Rada; viceministro de régimen interior, Rubén Gamarra; y el Comandante Departamental de Policía, Rolando Caballero.

Reacciones del Estado y otras reacciones
El ministro Quintana atribuyó la situación de tensión a “la falta de compromiso de las autoridades del departamento de Santa Cruz en la lucha contra la corrupción”, pero no ofreció explicaciones sobre la represión policial desatada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El vocero presidencial, Álex Contreras, atribuyó la violencia a los manifestantes, línea que también siguió la cobertura del Canal 7 (de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social). Este medio también puso en circulación un spot donde se mostraba expedito el acceso a Viru Viru, obviando la presencia de los manifestantes.
El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñez, denunció que “estamos en una verdadera dictadura”, declaración coincidente con las de numerosos ciudadanos indignados que advirtieron sobre el peligro para la democracia generado por las acciones gubernamentales. En ese orden se inscriben las declaraciones de parlamentarios de Santa Cruz, como el diputado Ernesto Justiniano, quien denunció el “terrorismo de Estado”.
El prefecto Rubén Costas repudió los actos de represión y le recordó a las fuerzas policiales su condición de Comandante General del Departamento, condición reconocida por la legislación vigente de Bolivia.
El cardenal Julio Terrazas condenó la violencia en su homilía del jueves 18 de octubre, durante una misa celebrada al anochecer en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, Basílica Menor de San Lorenzo.
El 19 de octubre, en horas de la mañana, los periodistas de Santa Cruz realizaron en la plaza 24 de septiembre una manifestación de protesta por las agresiones sufridas. Ejecutivos del Sindicato de la Prensa local censuraron el accionar policial y anunciaron un pronunciamiento que será dado a conocer el día lunes 22 de octubre.
Tras la retoma pacífica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el día viernes 19 de octubre del 2007, el ministro Juan Ramón Quintana fue consultado por el canal 13 “Red Uno”, que pidió sus conclusiones sobre el desenlace del conflicto. El Ministro de la Presidencia dijo que “los cruceños son los derrotados”, declaración que incurriría en un acto de discriminación hacia todos los habitantes de una región del país y en una posible violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

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El prefecto de Santa Cruz dice "El Comandante soy yo."
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Toma militar de Viru Viru desata furia en Santa Cruz
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Intervención militar-policial

Represión
Santa Cruz respondió ante la intervención

Costas llamó al pueblo a concentrarse en Viru Viru

Multitudinaria marcha respaldó a Rubén Costas en la retoma de Aasana
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Instituciones se movilizan tras violencia en Viru Viru

FFAA toman Viru Viru e instituciones declaran paro
Intervención. Más de 450 efectivos armados controlan el aeropuerto. Los vuelos son irregulares. Las fuerzas vivas de la región dan ultimátum al Gobierno. Iniciarán auditoría a Aasana regional. Hoy no habrá clases
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