La revolución de Morales al descubierto

El gobierno de Morales ha exacerbado y explotado sentimientos xenofóbicos por parte de la población de extracción indígena


Decir que el actual gobierno de Bolivia encarna una dictadura al más puro estilo fascista no es descubrir nada nuevo. Su presidente, Evo Morales Ayma, es el máximo exponente de un régimen, que haciendo uso de los mecanismos legales de la democracia ha dinamitado el sistema desde dentro y eliminado progresivamente el esquema de libertades.

Decir que el actual gobierno de Bolivia encarna una dictadura al más puro estilo fascista no es descubrir nada nuevo. Su presidente, Evo Morales Ayma, es el máximo exponente de un régimen, que haciendo uso de los mecanismos legales de la democracia ha dinamitado el sistema desde dentro, eliminado progresivamente el esquema de libertades alcanzado con el máximo de los esfuerzos por el pueblo boliviano y despreciando, de forma sistemática, el estado de derecho que debe imperar en cualquier nación seria, respetada y que quiera hacerse respetar en el escenario político internacional. El esquema no hace más que repetirse, imitando burdamente la doctrina radical- populista del vecino Chávez, verdadero cooperador necesario, mentor e instigador de la grave situación política que atraviesa actualmente el país andino. Tampoco varían los argumentos, transformados por ideólogos y adeptos a la causa en consignas cargadas de odio excluyente y autoritarismo, para posteriormente ser puestas en práctica con el inestimable apoyo de los mal denominados movimientos sociales -utilizados para designar a los agitadores que son manipulados a la conveniencia del régimen de turno con el apoyo de innumerables ongs extranjeras-. La lógica revolucionaria en la que se enmarca el mal denominado socialismo del siglo XXI -si es que puede tener alguna- responde a cinco principios básicos. El primero hace referencia a la ciega devoción al líder-mesías, ungido de una especie de gracia divina para visionar la realidad y dar respuesta a los problemas de la sociedad, alimentando la falsa ilusión de un futuro mejor. Un culto a la personalidad que en el caso Bolivia se evidencia en el eslogan ideado y repetido hasta la saciedad por el régimen “Evo soy yo”. El caudillo populista se siente cercano al dios que inspira sus actos (indígena aymara en el caso de Morales, o Simón Bolívar en el del Presidente venezolano) En consecuencia se siente por encima de la ley, desprecia cualquier orden establecido y opone al límite de la norma su pretensión de ser él el origen de la misma. Prueba irrefutable de lo afirmado es la declaración emitida en el mes de Julio de 2008 por el mandatario boliviano: “Cuando algún jurista me dice: 'Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal', bueno, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: 'Si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado"'. El segundo principio se fundamenta en detectar, para más tarde controlar y destruir políticamente cualquier signo de oposición a los postulados de la revolución – demagógicamente denominada silenciosa y democrática, por el hecho de haber nacido de las urnas, circunstancia que legitima el nombramiento del sátrapa de turno-. En este caso Bolivia cumple fielmente una hoja de ruta que se materializa en la persecución y el continuo hostigamiento a los Prefectos de la Media Luna, agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) y verdaderos defensores del sistema de libertades y el estado de derecho. Dicho organismo se ha negado a aceptar la celebración del próximo referéndum en el que el gobierno pretende dirimir y legitimar la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, medida claramente dictatorial y totalitaria por estar prohibida expresamente en la ley de leyes en vigor, que autoriza a realizar una única consulta anual –ya se llamó al pueblo boliviano a decidir sobre la revocación del Presidente y los Prefectos en el mes de Agosto-. A esta circunstancia hay que sumar la dudosa legalidad del texto propuesto para su refrendo, debido a las condiciones en las que fue aprobado en su momento, en un cuartel militar, sin la presencia de los representantes opositores y con la actuación mediática y violenta de los movimientos sociales adoctrinados para defender los postulados sectarios encarnados por el actual gobierno. Aunque apenas sepa leer, el máximo mandatario de Bolivia es consciente de donde se encuentra su enemigo (por el momento las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca) y que hacer con él para desgastarlo y eliminarlo de la escena política del país. Para lograr sus objetivos basta con seguir las consignas y métodos articulados por el dictador Chávez, jefe espiritual, conspirador y fiel guardián de la revolución neocomunista en Latinoamérica. García de Linera, Vicepresidente ex terrorista de la nación andina, y verdadero mentor intelectual de régimen no le va a la zaga. Siguiendo la lógica revolucionaria, cargada de populismo y demagogia, ha declarado recientemente que “la oposición acude a la falsedad y la mentira para evitar la aprobación del nuevo texto constitucional el 7 de diciembre de 2008”, añadiendo “que el rechazo de los cívicos y prefectos no es una posible legalidad al decreto supremo emitido, a una supuesta falla en el Padrón Nacional Electoral, comunismo o socialismo, sino a la nueva Constitución porque elimina todos los privilegios, los abusos, las arbitrariedades de una élite privatizadora y egoísta que gobernó el país". La realidad es que el actual gobierno lo tiene muy difícil, ya que aumenta la conciencia social contraria el “despotismo ilustrado” de sus dirigentes – “todo para el pueblo pero sin el pueblo”-, además de parecer evidente que la oposición, cada vez más abrumadora, va a presentar una dura batalla a la radicalización totalitaria del régimen cocalero, que pretende, entre otras cosas, alcanzar el poder absoluto perpetuando a Evo como máximo mandatario de la nación andina….¿no recuerda al frío y meticuloso proceso gestado en Venezuela? El tercero de los principios contiene la quintaesencia de las aspiraciones revolucionarias. Consiste en alcanzar la deseada concentración totalitaria del poder por cualquier medio, eliminando los vestigios la libertad y la democracia que aún quedan en pie. En este caso el enemigo se extiende a otros ámbitos de actuación. Uno de los más relevantes es el poder judicial, testigo directo, independiente y neutral de los desmanes y acometidas del gobierno. La táctica gestada por Evo y sus asesores es sencilla, contundente y efectiva, consistiendo en producir el descabezamiento de sus órganos, el desaliento y la mayor de las incertidumbres entre sus funcionarios. Dicho esto, en el año 2007 el máximo mandatario de Bolivia cometió la tropelía de dictar un decreto supremo por el que nombraba a dedo a nuevos magistrados de la Corte de Justicia., calificando días después a todo el poder judicial de corrupto. No contento con ello presionó al Presidente de dicha Corte, D. Hector Sandoval, para que presentara su renuncia al cargo, pero éste se mantuvo firme en el puesto. Después vino el enfrentamiento con el Tribunal Constitucional, que en el ejercicio de sus funciones, y ateniéndose a la ilegalidad de la medida gubernamental, la declaró nula. Dicha circunstancia sirvió al “pobre indiecito” para culpabilizar a máximo órgano judicial de prevaricación, promoviendo un juicio contra sus miembros por su supuesta “actuación irregular”. Actualmente el poder judicial boliviano se encuentra paralizado y no cuenta con los medios económicos necesarios para ejercer sus funciones. En este sentido parece indudable que Evo ha alcanzado otro de los objetivos de su revolución “pacífica, democrática y silenciosa”. Otro testigo incómodo para la hoja de ruta neocomunista y etnocentralista del Sr. Morales es la prensa independiente, “el ojo que todo lo ve” y además osa hacerlo público Se trata de uno de los enemigos más peligrosos, por lo que es necesario fustigar, controlar sus actividades y acallar sus constantes denuncias haciendo uso de la censura más descarada, la amenaza, la violencia callejera o el terrorismo, si fuere necesario. Es el caso del atentado con bomba perpetrado por personas adeptas al régimen contra una emisora de Yacuiba (Tarija) crítica con los postulados y forma de hacer del mandatario Lo más grave- que no extraño- es que en dicho suceso terrorista estuvo implicado personal de la embajada de Venezuela en La Paz, y que a pesar de las esclarecedoras pruebas presentadas por la oposición Evo osase negar la evidencia, dificultando una investigación en profundidad e impidiendo declarar a los militares –el único detenido fue un teniente adscrito al Palacio Quemado, del que recibía órdenes directas-. Realmente en esta materia, como en tantas otras, Morales ha actuado como un aventajado alumno de su referente político y espiritual, el mandatario de Venezuela. En dos años y siete meses de gestión, sus ataques verbales en contra de los medios de comunicación se han convertido en una peligrosa y agresiva constante que ha incitado a los movimientos sociales a ejercer una violencia inusitada contra periodistas y reporteros en las calles, con el dramático y lamentable resultado- hasta el momento- de un muerto, fallecido mientras desarrollaba su labor informativa. Los ataques a los medios contrarios a las tesis gubernamentales han estado presentes en el discurso de Morales desde el primer día en que llegó al poder, y por si cupiera alguna duda al respecto llamar “sucios” y “vendidos” a los trabajadores de la prensa ha constituido una de sus últimas lindezas dialécticas. Tampoco ha dudado el Presidente en aceptar la “generosa ayuda” del sátrapa Chávez, que en su obsesión por internacionalizar su demoledor proceso revolucionario ha llegado a inundar el país andino de petrodólares con la finalidad, entre otras, de crear una red de medios adeptos al régimen que alcance todas las regiones del país, y en especial las áreas rurales - donde se encuentran las grandes bolsas de fieles seguidores del cambio revolucionario-. Así las cosas el más reciente informe sobre la libertad de prensa en Bolivia, indica que: ”En el último año, la labor profesional se ha visto afectada por presiones de diverso tipo y amenazas abiertas y encubiertas... la libertad de prensa prevalece en lo formal, pero se ha instalado un clima de temor entre los periodistas, intimidados por masas afines al Presidente”. En este sentido parece lógico pensar que desde el gobierno se apruebe, también por decreto, una ley mordaza que impida a los profesionales de los medios realizar su trabajo con las garantías mínimas… y si no, al tiempo. Otra prueba irrefutable de lo argumentado hace referencia a la apropiación, por parte del Sr. Morales de la voz y la imagen del canal estatal de televisión, para lo cual ha recurrido a la aprobación del Decreto Supremo 29602, con fecha del 11 de junio de 2008 A todos los efectos el canal 7 sigue siendo de propiedad pública, pero a partir de ahora su línea de pensamiento eliminará el pluralismo, respondiendo directamente a los criterios revolucionarios del partido en el poder. De lo que se trata es de tomar la exclusividad en la difusión de los programas oficiales y partidarios, sin dar lugar a que, por tratarse de una propiedad de todos los bolivianos, sea compartido por alguien que no comulgue con la ideología oficial. Siguiendo con la línea argumental expuesta es fácil deducir que las aspiraciones de los nuevos gobernantes de Bolivia implican el recurso al decreto supremo como la herramienta política más idónea para evitar a la oposición, y lo que es más grave, para rehuir y soslayar la preceptiva acción de control desarrollada por los correspondientes organismos del Estado. La estrategia ha llegado a extremos insospechados que rozan el absurdo, como es el caso de la declaración de patrimonio histórico nacional de la vivienda en la que el actual Presidente vino al mundo por decreto, y a petición del propio mandatario. Pero fuera de lo anecdótico, lo que si que parece preocupante es que el jefe de Estado de Bolivia haya llegado a dictar y firmar más de 1500 decretos en un plazo de dos años… escalofriante cifra si tememos en cuenta que el país cuenta con instituciones democráticas creadas “ad hoc” para debatir y aprobar las normas. En cualquier caso la peregrina excusa de gobernar a golpe de decreto en una nación democrática constituye un síntoma más de sectarismo y decadencia autoritaria, además de conformar un magnífico instrumento legal para eliminar progresivamente la función desarrollada por los partidos políticos. La situación se agrava cuando las normas aprobadas por esa vía legislativa afectan a cuestiones de Estado La reciente promulgación del Decreto Supremo No. 29691, que fija el 7 de diciembre de 2008 como fecha para la realización del referendo constitucional para validar o no el proyecto de Constitución Política del Estado es uno de los ejemplos más flagrantes del déficit institucional que actualmente padece Bolivia. En este sentido el gobierno debe conocer perfectamente que convocar un nuevo referéndum en el año 2008 es ilegal, por prohibirlo expresamente la Constitución vigente. Es este el motivo – además de la dudosa legitimidad del texto propuesto- por el que las regiones se han negado a convocar la cita electoral, y la única razón que ha llevado a Morales a imponer el rodillo populista-demagógico al que, por desgracia, ya están tan habituados los bolivianos. Todo ello sin hacer mención a las descaradas manipulaciones habidas en el censo electoral con motivo de la celebración de la consulta electoral sobre el revocatorio, celebrada en el mes de Agosto, en la que , dicho sea de paso, también se detectó el inestimable y fraudulento apoyo de funcionarios venezolanos adscritos a la embajada en La Paz. El cuarto principio a destacar tiene inspiración soviética y hace referencia a la necesidad de exportar y globalizar la revolución por toda la región latinoamericana. En este sentido el déficit institucional, la ineficacia en la gestión de la acción de gobierno, las altas dosis de corrupción política y la fragilidad democrática de buena parte de los países de la zona constituye un caldo de cultivo inmejorable para implementar los postulados de la alianza anti–sistema, que - no se puede negar- avanza de una forma hábil y vertiginosa en la creación de regímenes de dudoso o nulo estilo democrático. -Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y ahora Uruguay-. En este caso el gobierno de Bolivia poco o nada puede hacer por exportar la doctrina que aplica dentro de sus fronteras, constituyéndose, más bien en un peligroso apéndice de la política chavista. Y no puede realizar labores de proselitismo no por falta de interés, sino por carencia de los recursos necesarios para dicho fin. El problema se solventa con la presunta generosidad del mandatario venezolano, que derrocha petrodólares a título supuestamente gratuito en el exterior – con un destino más que dudoso, como así ha demostrado el contenido del ordenador personal de Raúl Reyes, alto mando de las FARC- al tiempo que se produce un aumento alarmante de la pobreza y una crisis económica galopante en su propio país. El quinto principio no ha variado un ápice desde que se produjeron los desgraciados acontecimientos de Octubre de 1917, enmarcados en la revolución bolchevique circunstancia que demuestra las ansias de los dirigentes del socialismo del siglo XXI por modernizar las naciones que gobiernan. Se trata de la forma revolucionaria de entender los postulados económicos, que implica la vuelta al modelo del Estado intervencionista- colectivista, que en el pasado condujo al más estrepitoso de los fracasos, y del que abominan los países que han tenido que sufrir sus consecuencias durante décadas. En este sentido parece evidente que la fascinación por las virtudes del Estado empresario no es más que una falacia que termina por asentar la corrupción permanente en las instituciones públicas, anulando el interés de los particulares por asumir nuevos retos para mejorar económicamente y cercenando paulatinamente el pensamiento libre y los derechos individuales de los ciudadanos hasta hacerlos desaparecer por completo". A pesar de todo el gobierno boliviano, al igual que sus homólogos venezolano, nicaragüense o cubano, persiste en aplicar dichas teorías llevando a cabo procesos de nacionalización -confiscación de empresas en los sectores económicos que generan beneficios, eliminando de un plumazo el derecho a la propiedad privada y fomentando irresponsablemente la colectivización de las tierras. La consecuencia de las medidas no se ha hecho esperar, sirva como ejemplo la explotación de los hidrocarburos, sector en el que ha caído la inversión extranjera de forma notable, al igual que la producción, y la empresa estatal no es capaz –actualmente- de dar cumplimiento a los contratos de abastecimiento de gas firmados con Brasil y Argentina. Un inconmensurable y predecible fiasco… Parece evidente que las recetas neoestatalistas constituyen una de las grandes amenazas para las economías de Latinoamérica, a pesar de lo que digan y piensen ese puñado de gobernantes iluminados aferrados a la causa de una revolución perdida en la noche de los tiempos.

Por Gregorio Cristóbal Carle
Diario de América
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